LOS MÉDICOS NO DEBEN SER EJECUTORES ACRÍTICOS DE MEDIDAS AUTORITARIAS (2ª PARTE)

La era Covid desmiente el optimismo del sabio austriaco, cuyo dictamen los Fauci,
 los Drosten y otros aspirantes a inquisidores de nuestro tiempo querrían ver for-
mulado no en presente, sino en pasado. Han trastrocado la búsqueda de la verdad, 
que hasta ahora había caracterizado la ciencia, por un mero ejercicido de poder

 
El peligro del especialista “dogmático”

Popper advirtió que la “ciencia normal” es una amenaza para nuestra civilización. Si el científico (o el médico) deja de ser crítico, se convierte en un técnico al servicio del poder. Al imponer el consenso por la fuerza de la sanción, los colegios profesionales han validado la peor pesadilla de Popper: una comunidad de “expertos” que ya no buscan la verdad, sino la preservación de su propia autoridad institucional.

Kuhn versus Popper ante la realidad actual

Mientras que Kuhn describía cómo actúan los científicos (a menudo de forma gregaria y conservadora), Popper prescribía cómo deberían actuar para evitar el totalitarismo intelectual.

· Kuhn nos explica por qué los médicos se callan (por miedo a ser expulsados del “paradigma”).

· Popper nos explica por qué ese silencio es el fin de la ciencia y el inicio de la tiranía técnica.

El Tribunal Constitucional de Costa Rica determinó que la censura previa por parte de colegios profesionales es ilegal y viola la libertad de expresión, sentando un precedente contra la exclusión de médicos disidentes. El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica impuso la censura a las doctoras Natalia Prego, Chinda Brandolino, Karina Acevedo, Roxana Bruno, el Dr. Héctor Carvallo y el Dr. Patricio Villarroel y condenó al Colegio de médicos por censurar sus discursos, al no permitir que el congreso internacional Médico Científico Jurídico de San José Costa Rica. El fallo subraya que los colegios médicos deben respetar el pluralismo y la transparencia, declarando inconstitucional la restricción de información y debates académicos. Puedes leer el artículo completo sobre este caso aquí.

Al elevar el consenso a la categoría de verdad absoluta, los colegios profesionales transformaron la ciencia en cientifismo, una fe secular que no admite apostasía.

Su verdad, la de quienes perseguían a los Médicos por la Verdad no es democrática. La historia de la medicina es la historia de individuos “heréticos” que desafiaron el consenso de su época (desde Semmelweis hasta Copérnico en otros ámbitos). El TS, al dar la razón a médicos como Juanjo Martínez y Koldo Aso, reconoce que la uniformidad de opinión es el síntoma de una ciencia muerta.

El Tribunal Supremo de España finalmente actuó como baluarte de la pluralidad

La importancia de este fallo judicial radica en que rompe el monopolio de la realidad que pretendían ostentar las instituciones colegiales:

El Tribunal le dice al Colegio que no posee la llave de la verdad. Su función es velar por la ética en la praxis, no actuar como una policía del pensamiento que persigue la discrepancia intelectual y de esta forma desmonta la Infalibilidad.

Al señalar que el consenso no equivale a la verdad científica, la justicia española protege el espacio crítico, el derecho del profesional a dudar, a cuestionar y, sobre todo, a comunicar esa duda. Sin este derecho, el médico deja de ser un científico para convertirse en un mero autómata del protocolo.

El fin de la “Verdad Oficial”

Este revés judicial es una victoria contra el autoritarismo totalitario, porque establece que la autoridad científica no puede ser utilizada como un mazo para aplastar los derechos fundamentales. El Tribunal Supremo ha recordado que el conocimiento humano avanza gracias a la fricción de ideas, no a la sumisión de las conciencias.

La mutación del Colegio Profesional de garante de la ética a agente de la biopolítica.

Lo que estos fallos del Tribunal Constitucional de Costa Rica -y los del Tribunal Supremo en España- ponen al descubierto no es solo un error administrativo, sino una quiebra ontológica del contrato entre el médico y su institución.

¿Colegio oficial de médicos
o policía del pensamiento?

El colegio como brazo armado del estado

Tradicionalmente, los colegios de médicos nacieron para proteger la independencia del facultativo frente a las injerencias externas (políticas o comerciales). Lo que hemos visto es una inversión perversa de su función: el Colegio se ha convertido en el comisario político que vigila que el médico no se desvíe de las directrices del Ejecutivo. Al censurar congresos y perseguir disidentes, el Colegio no actúa como un órgano científico, sino como un aparato de seguridad del Estado encargado de la gestión del orden público sanitario y de reprimir todo "desviacionismo" respecto de la versión oficial, única y excluyente, de las cosas.

La falacia de la salud pública como suspensión del derecho

El argumento de los Colegios -refutado magistralmente por el Tribunal Supremo y el constitucional de Costa Rica- se basa en la idea de que la «emergencia» o la «salud colectiva» crean un estado de excepción donde los derechos fundamentales (libertad de expresión, información y cátedra) quedan en suspenso. El fallo es trascendente porque establece que la salud pública no puede ser el cementerio de las libertades. Si para proteger la salud de un cuerpo social es necesario lobotomizar su capacidad de crítica y debate, lo que queda no es una sociedad sana, sino un organismo dócil y enfermo de autoritarismo.

El efecto amedrentador como daño de lesa ciencia

El Tribunal Constitucional de Costa Rica menciona el «efecto amedrentador» (chilling effect). Esto es vital. La censura no solo daña al médico silenciado; corrompe la arquitectura mental de los que observan. Cuando un médico joven ve cómo se tritura la carrera de un doctor de carrera intachable por leer un manifiesto, aprende que la verdad es peligrosa y que la obediencia es rentable. Esta “pedagogía del miedo” es un crimen contra el progreso científico, pues mata la curiosidad -madre de la ciencia- en su cuna.

La verdadera trascendencia de estos fallos no es solo la anulación de una sanción o el pago de daños y perjuicios. Es la restitución de la duda como deber deontológico. El Tribunal le está diciendo a los Colegios: «Ustedes no son el Ministerio de la Verdad».

Estamos ante el fin de la era de la infalibilidad delegada. Estos fallos obligan a los Colegios a regresar a su esencia: ser espacios de debate, no de dictado. Si la estructura colegial no es capaz de digerir esta pluralidad, quedará como una cáscara burocrática vacía, una reliquia del autoritarismo del siglo XX que intentó disfrazarse de ciencia en el XXI.

La mecánica de la autocensura

El objetivo último de estas “purgas” no es solo castigar al médico de carrera intachable, cuya reputación se intenta demoler para que sirva de escarmiento. El fin es la profilaxis del pensamiento, instaurando un clima de terror intelectual donde el resto de los profesionales opten por el silencio administrativo. Es el triunfo de la mencionada autocensura, ese mecanismo donde el miedo hace el trabajo sucio del censor sin necesidad de que este intervenga.

La maquinaria de propaganda de los colegios profesionales, como ilustra el comunicado del Colegio de Médicos de Pontevedra respecto de mi persona, https://www.cmpont.es/noticias/983-comunicado-remitido-a-la-prensa-asunto-natalia-prego funcionó con una eficacia quirúrgica para inocular el miedo, mientras que las rectificaciones judiciales han pasado por el cuerpo social de la medicina como un susurro imperceptible.

Este desequilibrio no es accidental se trata de la pedagogía del miedo versus el silencio de la justicia

Cuando el Colegio de Pontevedra hizo pública su decisión de elevar mi expediente al Consejo General , no solo buscaba una resolución administrativa; buscaba una ejecución pública de la reputación. La propaganda mediática actúa en tiempo real, activando el mecanismo de exclusión social. Sin embargo, cuando los tribunales, años después, dictaminan que el “consenso” no es dogma, esa noticia ya no tiene el mismo “valor de mercado” comunicativo. La cicatriz del castigo permanece, aunque la herida legal haya sido cerrada.

El cientifismo como “inmunidad” contra la duda

Al calificar de “gravedad del asunto” el mero hecho de poner en entredicho las medidas oficiales, las instituciones colegiales suspendieron el principio de falsabilidad de la ciencia que Popper defendió. En lugar de debatir los argumentos con datos, se optó por el argumento ad hominem y la sanción disciplinaria. El médico, que por formación debería ser un escéptico sistemático, se vio forzado a elegir entre su rigor intelectual y su supervivencia económica.

La autocensura estructural

El “miedo metido hasta la médula” de algunos médicos a hablar es la victoria definitiva del autoritarismo. No hace falta sancionar a todos los médicos; basta con destruir a unos pocos referentes,  a médicos de “carrera intachable”, para que el resto entienda que el ejercicio de la libertad de expresión es un lujo demasiado caro. El resultado es una profesión médica cauterizada, donde la obediencia al protocolo ha sustituido al juicio clínico independiente.

El papel del “caso omiso” a las exculpaciones

El hecho de que el colectivo médico ignore las sentencias favorables a los expedientados demuestra que el daño institucional está hecho. La estructura colegial parece haber mutado en una suerte de organismo político que sobrevive gracias a la inercia del poder y a su capacidad de veto sobre la vida profesional de sus miembros.

Estamos, pues, ante un escenario en el que la “lex Artis” ha sido desplazada por la “lex política”. Si el médico ya no se atreve a cuestionar lo establecido por temor a represalias de sus propios pares, la medicina pierde su carácter de ciencia viva para convertirse en una herramienta de gestión administrativa de las poblaciones.

La sombra del siglo XX

Este aroma a totalitarismo ya fue descrito por figuras como Hannah Arendt o Michel Foucault. La “biopolítica” se manifiesta aquí en su estado puro, cuando el poder ya no solo decide sobre la vida, lo pretende hacer sobre quién tiene la legitimidad para hablar de ella. Cuando la ciencia se despoja de la duda y el debate para convertirse en un dogma custodiado por burócratas, deja de ser ciencia para transformarse en una religión de Estado.

La persecución a estos “Médicos por la Verdad” no fue un error de cálculo burocrático, sino un ejercicio de disciplina social. Al rehabilitarlos, los tribunales no solo les devuelven su honor, sino que rescatan, siquiera parcialmente, la libertad de expresión de las garras de un corporativismo que ha confundido la salud con la uniformidad del pensamiento.

La libre expresión de opiniones científicas fue completamente ignorada. Todo esto constituye una grave violación de los derechos humanos fundamentales y las libertades civiles. Representa una ruptura de la confianza institucional, en la que los mecanismos de control profesional, en lugar de proteger la independencia de los médicos, se utilizaron para imponer una única narrativa mediante la coerción y el silenciamiento del debate científico y médico.

(https://nataliaprego.substack.com/)