EL GRAN REEMPLAZO: ENÉSIMA TEORÍA CONSPIRATIVA QUE LOS HECHOS CONFIRMAN

Durante años, si mencionabas la teoría del Gran Reemplazo en una conversación, lo más probable es que te llamaran conspiranoico, xenófobo o directamente racista. La narrativa oficial era clara: no existe ningún plan para cambiar la composición demográfica de Europa, eso son paranoias de la ultraderecha, y cualquiera que lo sugiera está difundiendo peligrosas teorías de la conspiración. Pero entonces llegó Irene Montero a un mitin en enero de 2026 y dijo literalmente que necesitaban un «reemplazo de fachas», que la población inmigrante debería «no dejarnos solos con tanto facha», y que apostaba por «barrer de fachas y racistas este país con gente migrante y trabajadora». Es decir, confirmó exactamente lo que Marine Le Pen, Viktor Orbán y Vox llevan años advirtiendo que estaba pasando.

Vayamos por partes. Renaud Camus, un escritor francés, popularizó en 2011 el término «Gran Reemplazo» para describir una sustitución deliberada de la población europea blanca y cristiana por inmigrantes, principalmente musulmanes, orquestada por élites globalistas con el objetivo de diluir las identidades nacionales europeas. Camus lo resumió con una frase que tiene la virtud de ser cristalina: «Tienes un pueblo, y en el lapso de una generación tienes a un pueblo distinto». Políticos como Marine Le Pen en Francia, Matteo Salvini en Italia, Viktor Orbán en Hungría o Santiago Abascal en España adoptaron este diagnóstico como advertencia: están cambiando deliberadamente la composición de nuestros países, hay que frenarlo antes de que sea irreversible. Por esto mismo, la teoría se catalogó habitualmente como una peligrosa conspiración racista que había inspirado incluso a terroristas supremacistas blancos.

Pero cuando Irene Montero sale públicamente a celebrar el «reemplazo» y a declarar que trabajarán para que los inmigrantes regularizados puedan votar «ya sea facilitando la nacionalización o modificando la ley», no está refutando la teoría del Gran Reemplazo. La está confirmando. La diferencia es que para Marine Le Pen esto es una amenaza existencial que hay que combatir, y para Montero es un proyecto deseable que hay que acelerar. Misma diagnosis, objetivos opuestos: unos luchan para evitarlo, otros trabajan activamente para imponerlo.

Las palabras de Irene Montero son delito de odio, de odio contra su país, de odio contra España y contra los españoles.

Pretende reemplazar a toda una Nación, pero es más fácil reemplazarla a ella.
Si no te gusta España tal como es, puedes irte y no volver. pic.twitter.com/Mh3OQtEn0P

— Carina Mejías (@CarinaMejias) February 1, 2026

El contexto español hace todo esto aún más explícito. El Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos aprobó a finales de 2025 una regularización masiva que podría beneficiar a unas 500.000 personas en situación irregular. La justificación oficial es humanitaria y económica: regularizar a trabajadores en negro, aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social, cubrir necesidades laborales. El PSOE insiste en que es «un bulo como una casa» que esto suponga aumentar votantes, porque para votar en elecciones generales necesitas la nacionalidad española, no solo un permiso de residencia. Y técnicamente, en este preciso momento, tienen razón.

Pero luego la propia Irene Montero sale a declarar públicamente que trabajarán para que los inmigrantes regularizados «puedan votar, ya sea facilitando la nacionalización o modificando la ley que regula el derecho al sufragio». Aquí se acaba el juego de la ambigüedad. No es una interpretación malintencionada de la oposición, es una declaración explícita de intenciones: regularizamos a 500.000 personas ahora, y luego trabajamos para que voten lo antes posible. La diputada Isabel Pérez, de Vox, dijo que «desde la izquierda se está planteando ya el gran reemplazo de la población española», y aunque su referencia a «eliminar físicamente a españoles» es una exageración dramática, el resto de su afirmación no es ninguna teoría conspirativa, sino una advertencia que la propia Montero está confirmando explícitamante.



Los datos objetivos desmontan la idea de que esto sea una «teoría conspirativa sin fundamento». Un inmigrante regularizado no puede votar inmediatamente en elecciones nacionales, pero puede obtener la nacionalidad española tras cierto tiempo de residencia legal. Para ciudadanos de países iberoamericanos, Filipinas o Guinea Ecuatorial, el plazo es de 2 años. Para el resto, 10 años. Dado que 9 de cada 10 inmigrantes en España vienen de Iberoamérica, la inmensa mayoría de esos 500.000 recién regularizados podrían obtener la nacionalidad en apenas dos años sin necesidad de cambiar ninguna ley. Es decir, hacia 2027-2028 podrían estar votando. A tiempo para las próximas elecciones generales, porque, ya lo veréis, serán retrasadas lo más posible por alguna misteriosa circunstancia.

Vox sostiene que el propósito es «importar votantes» porque «al PSOE ya no le votan los españoles». La izquierda responde que los regularizados aportan entre 3.300 y 4.000 euros anuales en impuestos y que necesitamos trabajadores. Ambas cosas pueden ser ciertas, pero solo una explica la urgencia política y las declaraciones de Montero. Un gobierno puede aprobar políticas por múltiples razones simultáneamente, pero cuando sale públicamente a celebrar que esas políticas van a «barrer de fachas el país», está bastante claro cuál es la motivación principal.

Y aquí viene la parte incómoda: los cambios demográficos que la derecha lleva años denunciando son absolutamente reales y están exhaustivamente documentados. Francia tiene entre 5 y 6 millones de musulmanes, aproximadamente el 8% de su población, la mayor comunidad musulmana de Europa occidental. En el Reino Unido, la población musulmana pasó del 3% en 2001 al 6´5% actualmente. Hay proyecciones demográficas que sugieren que, manteniendo tendencias actuales de inmigración y natalidad, países como Francia podrían tener población mayoritariamente musulmana hacia mediados de siglo. Esto no son fantasías de blogs conspiranoicos, son estimaciones demográficas serias basadas en tasas de fecundidad y flujos migratorios medibles.

Cuando Marine Le Pen o Viktor Orbán advertían de estos cambios, se les acusaba de alarmismo racista. Pero los números están ahí. Y cuando esos cambios demográficos van acompañados de políticas deliberadas de regularización masiva y declaraciones públicas sobre cambiar la composición electoral del país, la línea entre «teoría conspirativa» y «análisis de política migratoria» se vuelve extremadamente difusa.

"Vienen los mejores, los más preparadados", proclamaba hace una dé-
cada cierta vieja demenciada a la que le faltó añadir para qué eran los
más preparados. Parece que ahora ya no nos quedan dudas al respecto.

La derecha europea también advertía de problemas graves de integración que vendrían con la inmigración masiva de culturas incompatibles. Y efectivamente, esos problemas llegaron. Francia sufrió los atentados del Bataclan en noviembre de 2015, donde murieron 130 personas a manos de comandos vinculados al ISIS. Antes habían sido los 12 muertos de Charlie Hebdo en enero de 2015 y luego los 86 de Niza en julio de 2016. Muchos de esos terroristas eran franceses de segunda generación o naturalizados, jóvenes musulmanes radicalizados que decidieron masacrar a sus propios compatriotas. Francia también vivió los disturbios de 2005, cuando durante 19 noches grupos de jóvenes de origen inmigrante quemaron más de 8.700 vehículos en barrios de toda Francia, con más de 2.700 arrestos en 274 ciudades. En 2020, un profesor llamado Samuel Paty fue decapitado en plena calle por mostrar caricaturas de Mahoma en clase. En 2023, otro profesor fue asesinado a cuchilladas por un alumno radicalizado. Estos no son incidentes aislados, es un patrón.

En el Reino Unido, el caso de Rotherham reveló que entre 1997 y 2013 unas 1.400 menores fueron violadas, prostituidas y brutalizadas por redes compuestas «predominantemente por hombres británicos de origen paquistaní». Las autoridades locales miraron para otro lado durante años, en parte por temor a ser acusadas de racismo. Una auditoría nacional de 2025 confirmó que en ciertas áreas del norte de Inglaterra había un número desproporcionado de hombres surasiáticos implicados en explotación sexual grupal de menores, muy por encima de su proporción poblacional. El gobierno británico tuvo que ordenar a la policía registrar la etnia de los sospechosos, algo que habían evitado por corrección (evidente eufemismo de "cobardía", nota del blogger) política.

Las estadísticas son igual de reveladoras. Los musulmanes representan aproximadamente el 6.5% de la población de Inglaterra y Gales, pero constituyen alrededor del 18% de la población reclusa, casi el triple de lo esperable. En Francia se estima que entre el 60% y 70% de los presos son musulmanes, cuando los musulmanes son solo el 12% de la población total. Puedes argumentar que esto se debe a factores socioeconómicos, exclusión, discriminación o guetos urbanos con pocas oportunidades, y probablemente tengas razón parcial. Pero también existe la posibilidad de que haya choques culturales reales entre valores incompatibles, y fingir que eso no existe porque suena políticamente incorrecto no ayuda a nadie.

La mutilación genital femenina está prohibida en el Reino Unido, pero entre septiembre de 2014 y junio de 2015 se identificaron 4.989 mujeres y niñas residentes en Inglaterra que la habían sufrido. En algunos barrios londinenses se estima que hasta el 4´7% de las mujeres han sido mutiladas. Los matrimonios forzados y los crímenes de honor también existen en comunidades migrantes británicas, hasta el punto de crear unidades policiales especializadas. Esto no es xenofobia, son prácticas documentadas que violan derechos humanos básicos y que han llegado a Europa con ciertas comunidades.

En España la inmigración es mayoritariamente latinoamericana, culturalmente mucho más cercana y de tradición cristiana. Pero esto puede cambiar, y las políticas actuales apuntan precisamente en esa dirección. Con una natalidad autóctona bajísima (España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, 1´19 hijos por mujer) y una llegada creciente de inmigrantes, el país va a cambiar demográficamente de forma radical en las próximas décadas. La pregunta no es si va a cambiar, sino si ese cambio será controlado o caótico, planificado o impuesto, y sobre todo, si mantendrá la identidad cultural española o la diluirá hasta hacerla irreconocible.

Entonces, ¿existe el Gran Reemplazo? Pues resulta que sí, pero no como una conspiración secreta sino como política pública abierta. Los cambios demográficos están ocurriendo y están documentados. Las políticas de regularización masiva existen y están siendo implementadas. Los objetivos políticos de convertir a esos inmigrantes en votantes han sido declarados explícitamente por Irene Montero. Y los problemas de integración en otros países europeos están ahí para quien quiera verlos: atentados, violaciones masivas, disturbios, mutilación genital, choques culturales violentos.

Queda feo comprobar que convertir a nuestro país en una ONG de acogida
indiscriminada dispara la delincuencia, pero la ex-cajera de Saturn tiene la
solución: nacionalizamos delincuentes de fuera y ahora sus delitos -que si-
guen multiplicándose- son achacables a españoles. ¿Cómo no se le había
ocurrido antes a ningún antifascista caviar de los que medran en Potemos?

Lo que durante años se catalogó como «teoría conspirativa de extrema derecha» resulta ser simplemente una descripción de lo que la extrema izquierda admite abiertamente que quiere hacer. La diferencia entre Marine Le Pen e Irene Montero no es que una vea fantasmas donde no los hay y la otra sea realista. La diferencia es que Le Pen ve el Gran Reemplazo como una amenaza que hay que combatir para preservar la identidad francesa, y Montero lo ve como un proyecto deseable que hay que acelerar para «barrer de fachas» España. Ambas están hablando del mismo fenómeno: cambio demográfico deliberado mediante inmigración masiva con consecuencias políticas calculadas. Solo que una lucha para impedirlo y la otra trabaja activamente para imponerlo.

Cuando los datos demográficos, las estadísticas de criminalidad, los casos documentados de conflictos culturales y las declaraciones explícitas de los propios políticos de izquierda confirman lo que la derecha llevaba años advirtiendo, seguir llamándolo «teoría conspirativa» es simplemente negacionismo. Puedes pensar que el Gran Reemplazo es bueno o malo, deseable o catastrófico, progreso o suicidio civilizacional. Pero negar que está ocurriendo cuando tienes a Irene Montero anunciándolo públicamente es de una deshonestidad intelectual considerable.

Los datos están ahí, los problemas en otros países están documentados, las políticas son públicas y las intenciones han sido declaradas explícitamente. Lo único que queda por decidir es si queremos que España siga el camino de Francia y Reino Unido o si tomamos medidas para evitarlo. Pero fingir que no hay nada que decidir porque todo es una conspiración racista ya no es una opción cuando la propia izquierda ha confirmado el diagnóstico.

(Visto en https://lamentiraestaahifuera.com/)