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La tecnología suele presentarse como una promesa de libertad. Nos permite comunicarnos a distancia, acceder a información, realizar gestiones en segundos y resolver problemas que antes exigían tiempo y recursos. Pero esa misma tecnología también puede convertirse en una herramienta de vigilancia, clasificación y control social cuando queda en manos de gobiernos opacos y grandes corporaciones sin suficiente supervisión democrática.
En ese contexto aparece el término tecnofascismo. No se trata de afirmar que toda innovación tecnológica sea autoritaria ni de equiparar automáticamente nuestra época con los fascismos europeos del siglo XX.
Es, más bien, una expresión que intenta describir una forma contemporánea de dominación: aquella que utiliza datos masivos, inteligencia artificial, biometría, plataformas digitales y sistemas automatizados para vigilar a la población, dirigir su comportamiento y limitar su capacidad de protesta.
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La pregunta importante no es si la tecnología es buena o mala. La pregunta es quién la controla, con qué objetivos y qué derechos quedan fuera de la ecuación.
Durante décadas, la vigilancia estatal necesitó policías, informantes, archivos físicos y una enorme inversión de tiempo. Hoy, una parte considerable de nuestra vida se registra de forma automática: dónde nos encontramos, qué compramos, cuánto tiempo miramos una pantalla, qué buscamos en Internet, con quién nos relacionamos y qué temas despiertan nuestra atención.
Cada acción digital puede convertirse en un dato. Aislado, quizá parezca irrelevante. Reunido con miles de datos más, permite construir un perfil extraordinariamente preciso de una persona. Ese perfil puede utilizarse para venderle publicidad, calcular su solvencia, seleccionar los contenidos que verá o valorar si representa un riesgo.
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Este cambio no es menor. Cuando una institución toma decisiones sobre nosotros a partir de un perfil que no podemos consultar ni corregir, se debilitan principios básicos como la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y el derecho a defendernos.
La Agencia Española de Protección de Datos ha advertido de que los sistemas biométricos -utilizados para identificar o «verificar» a una persona- implican datos especialmente sensibles y tratamientos de alto riesgo. La Agencia exige analizar su idoneidad, necesidad y proporcionalidad antes de utilizarlos.
La vigilancia que no vemos
El rasgo más inquietante de la vigilancia tecnológica es que muchas veces no se percibe. Una cámara puede estar instalada en una estación, un centro comercial o una calle sin que sepamos qué ocurre con las imágenes. Un programa puede analizar nuestros movimientos sin que exista una interacción visible. Una aplicación puede inferir nuestro estado de ánimo, nuestras preferencias políticas o nuestra situación económica a partir de comportamientos aparentemente triviales.
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El problema no es solamente que una cámara nos observe. Es que la información pueda almacenarse, cruzarse con otras bases de datos y emplearse para tomar decisiones futuras. Una protesta a la que asistimos, una visita médica, un desplazamiento o una conversación pueden convertirse en elementos de un expediente permanente.
Amnistía Internacional ha señalado que la vigilancia biométrica, incluido el reconocimiento facial y el análisis de emociones o lenguaje corporal, amenaza derechos como la privacidad, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la no discriminación.
Cuando las personas saben que pueden ser identificadas en una manifestación o clasificadas por un sistema automático, quizá dejen de acudir. Cuando un periodista teme que sus fuentes queden registradas, puede autocensurarse. Cuando un trabajador cree que cada movimiento está siendo evaluado, la relación laboral se transforma en una relación de obediencia permanente.
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Algoritmos con poder político
Los algoritmos no son neutrales por el simple hecho de utilizar matemáticas. Alguien decide qué datos se introducen, qué objetivos se priorizan, qué errores se consideran aceptables y qué consecuencias tendrá una predicción.
Un sistema diseñado para detectar fraude en ayudas sociales puede perseguir con mayor intensidad a personas pobres o migrantes si ha sido entrenado con datos históricos que ya contenían discriminación. Una herramienta de selección de personal puede penalizar a mujeres o a personas mayores si aprende de plantillas donde predominaban hombres jóvenes.
Un programa policial puede concentrar la vigilancia en determinados barrios y, al hacerlo, producir más detenciones allí, reforzando después la idea de que esos barrios son especialmente peligrosos.
El algoritmo parece confirmar su propia hipótesis
La automatización también puede hacer más difícil la protesta. Antes, una persona podía pedir explicaciones a un funcionario concreto. Ahora puede encontrarse con una cadena de decisiones repartidas entre una administración, una empresa tecnológica, una base de datos y un modelo estadístico. Todos pueden afirmar que la responsabilidad corresponde a otro.
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Por eso resulta imprescindible exigir transparencia, supervisión humana y vías eficaces de reclamación. Si una decisión automatizada afecta a una prestación, un empleo, un crédito, una atención sanitaria o una investigación policial, la persona afectada debe saber qué se ha decidido, por qué y cómo puede impugnarlo.
La Comisión Europea reconoce que ciertos sistemas de inteligencia artificial pueden perjudicar a una persona en decisiones como la contratación o el acceso a prestaciones públicas, precisamente porque no siempre es posible conocer la razón de sus predicciones.
Empresas que conocen demasiado
El tecnofascismo no sería posible sin la colaboración -voluntaria o forzada- entre poder público y poder empresarial. Las grandes plataformas digitales recopilan enormes cantidades de información porque su modelo económico depende de la atención y de la publicidad personalizada.
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Este modelo puede influir en lo que vemos y en lo que dejamos de ver. Las plataformas no solo muestran contenidos: los ordenan, los recomiendan y los amplifican. Un mensaje polarizador puede recibir más visibilidad que una explicación matizada porque genera más reacciones. La indignación se convierte en una fuente de ingresos.
El resultado es una esfera pública condicionada por empresas privadas cuyos criterios no siempre son transparentes. La ciudadanía cree participar en un espacio abierto, pero buena parte de su experiencia está mediada por sistemas de recomendación cuyo objetivo principal es retener su atención.
No hace falta que una autoridad prohíba una opinión para limitar su alcance. Puede bastar con ocultarla o rodearla de contenidos que la hagan parecer irrelevante. Del mismo modo, no hace falta imponer una única verdad si se puede inundar el debate con confusión, rumores y falsedades.
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En el ámbito de la salud, el riesgo adquiere una gravedad especial. Los historiales médicos, los datos genéticos, las imágenes diagnósticas y la información sobre hábitos personales tienen un valor enorme para la investigación, pero también pueden utilizarse con fines comerciales, laborales o aseguradores.
La digitalización sanitaria puede mejorar diagnósticos y tratamientos. Sin embargo, una persona enferma no debería verse obligada a entregar más información de la necesaria para recibir atención. Tampoco debería quedar sometida a decisiones automáticas incomprensibles o a perfiles de riesgo que condicionen su acceso a un seguro, a un empleo o a una prestación.
La lógica tecnofascista aparece cuando el cuerpo deja de ser un ámbito de intimidad y se convierte en una fuente permanente de datos explotables. Dispositivos portátiles, aplicaciones de salud y plataformas de bienestar pueden ofrecer servicios útiles, pero también pueden normalizar la vigilancia de constantes, movimientos, sueño, alimentación y emociones.
La frontera entre cuidar y controlar depende de cuestiones concretas: quién conserva los datos, durante cuánto tiempo, con qué finalidad, quién puede compartirlos y qué ocurre si la persona retira su consentimiento.
El consentimiento, además, no siempre es verdaderamente libre. Si una empresa, una aseguradora o una administración ofrece una única opción digital, aceptar puede ser la única manera práctica de acceder a un servicio. La elección formal existe, pero la capacidad real de negarse desaparece.
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La Unión Europea ha aprobado una Ley de Inteligencia Artificial con un enfoque basado en niveles de riesgo. Entre las prácticas prohibidas figuran la puntuación social, ciertas formas de manipulación perjudicial, la predicción individual del riesgo de delinquir, la categorización biométrica para deducir características protegidas y determinados usos de la identificación biométrica remota en espacios públicos.
Es un avance importante, pero una ley no basta por sí sola. Hace falta que las autoridades dispongan de recursos para inspeccionar, investigar y sancionar. También es necesario que las personas conozcan sus derechos y puedan ejercerlos sin afrontar procedimientos inaccesibles.
La propia normativa europea se aplica de forma progresiva. Las prohibiciones principales entraron en vigor en febrero de 2025 y las obligaciones de transparencia comenzaron a aplicarse en agosto de 2026, mientras que algunas obligaciones para sistemas de alto riesgo tienen calendarios posteriores.
En España, la AEPD ha insistido en que la utilización de biometría debe estar justificada antes de iniciar el tratamiento y requiere una evaluación de impacto que examine su necesidad y proporcionalidad. Estas exigencias son esenciales porque la tecnología tiende a instalarse primero y debatirse después.
El principio debería invertirse: antes de desplegar un sistema que afecta a derechos fundamentales, la sociedad debe conocer su finalidad, sus riesgos y sus límites.
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Hablar de tecnofascismo no significa rechazar la tecnología ni idealizar un pasado sin Internet. Significa defender que las herramientas digitales deben estar subordinadas a la dignidad humana y al control democrático.
Una tecnología compatible con la democracia debería cumplir varias condiciones:
Recoger únicamente los datos necesarios para una finalidad concreta.
Explicar de forma comprensible cómo se toman las decisiones.
Permitir corregir errores y presentar reclamaciones.
Mantener intervención humana cuando estén en juego derechos fundamentales.
Impedir la discriminación y auditar los sistemas de manera independiente.
Proteger la privacidad desde el diseño, no como una rectificación posterior.
Garantizar alternativas no digitales para quienes no puedan o no quieran utilizar una plataforma.
Establecer responsabilidades claras para administraciones y empresas.
También necesitamos una ciudadanía con cultura tecnológica. Saber utilizar un teléfono no equivale a comprender cómo funcionan los sistemas que lo sostienen. La alfabetización digital debe incluir conocimientos sobre datos, privacidad, publicidad personalizada, inteligencia artificial y derechos.
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El problema no es que las máquinas tomen decisiones. El problema es que las tomen sin que sepamos quién las programó, con qué información, para beneficio de quién y cómo podemos detenerlas.
El tecnofascismo no llegará necesariamente con uniformes, discursos grandilocuentes o edificios oficiales cubiertos de símbolos. Puede presentarse como una aplicación cómoda, una cámara de seguridad “por nuestra protección”, una puntuación automática o una condición que aceptamos sin leer.
Por eso la defensa de la libertad empieza por hacer preguntas sencillas: qué datos se recogen, quién los controla, qué decisiones producen y qué derechos podemos ejercer frente a ellas.
Una sociedad democrática no debe limitarse a utilizar tecnología. Debe decidir democráticamente qué tecnología quiere, cuál rechaza y qué límites no está dispuesta a cruzar. La innovación solo merece ese nombre cuando amplía la autonomía de las personas. Cuando la reduce a un perfil vigilado y predecible, deja de ser progreso y se convierte en una nueva forma de poder.
(Visto en https://www.migueljara.com/)
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