SAHARA: HISTORIA DE UNA TRAICIÓN

Primero, colonia española, luego provincia número 53 y ahora regalada por el PSOE
a Marruecos. Durante los últimos 50 años, el pueblo saharaui se resiste a la violenta 
invasión  marroquí apoyada ahora por Donald Trump y Pedro Sánchez, el mismo
cínico sin escrúpulos que invoca el derecho internacional cuando deponen a un ti-
rano amiguete pero lo olvida cuando se trata de cumplir los compromisos inter-
nacionales contraídos por España. 

El 31 de octubre de 2025 se dio una nueva vuelta de tuerca a la desaparición “jurídica” del Sáhara, la antigua provincia número 53 de España, con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU presentada por el gobierno norteamericano, aprobada por 11 votos a favor, tres abstenciones, incluidas la de Rusia y China, y sin la participación de Argelia, que respalda el plan de autonomía presentado por Marruecos tras 50 años de conflicto en el que el ejército marroquí ha ido por delante, seguido por una invasión de nuevos colonos, que al estilo israelí, han arrebatado tierras y pueblos a sus habitantes originales.

Tras la resolución del Consejo de Seguridad, el diplomático norteamericano, Christopher Ros, que fue enviado especial del secretario general de la ONU para Sáhara occidental entre 2009 y 2017 afirmó que los saharauis no están dispuestos a convertirse en lacayos de Mohamed VI. “A pesar de lo dura que sea la vida aquí en el desierto, siempre será mejor que besar la mano del rey·, cuenta que le dijo un estudiante saharaui.

La lucha en el Sáhara continua aunque nadie informe de ello: En las últimas semanas, unidades del Ejército Popular de Liberación Saharaui (ELPS) atacaron varias bases de intervención y apoyo del ejército marroquí en las zonas de Russ Tamluzat y Rkeyeiz, Ichrik Lagrab, en el sector de Guelta, causando bajas mortales en las filas del ejército invasor marroquí.

Desde la ruptura del Alto el Fuego y el comienzo de la guerra, el 13 de noviembre de 2020, las unidades del ELPS han estado hostigando las fuerzas de ocupación por todo el territorio, principalmente en sectores adyacentes al muro militar marroquí.

El 31 de Mayo, la policía marroquí impidió a los miembros de la “Marcha por la libertad de los presos políticos saharauis”, desembarcar en Tánger.

La Marcha, encabezada por Claude Mangin, esposa del preso político saharaui Naama Asfari, tenía prevista llegar a la prisión de Kenitra, con el fin de constatar la situación de privación de libertad del grupo de presos políticos saharauis.

Todo ello a pesar de la historiade traiciones que este pueblo ha tenido que soportar, empezando por la potencia colonial, España, que comenzó con la “Marcha Verde” (Negra lo llaman los saharauis) el 6 de noviembre de 1975, cuando el dictador Franco ya muriéndose dio orden a sus generales de retirarse. Mapa del Sáhara, 1958.

“Y llega el 14/11/1975. Un crimen de lesa humanidad –como recuerda el escritor Haddamin Moulud Said-. Tres regímenes se habían confabulado para hacer desaparecer, al pueblo saharaui, de la faz de la tierra. Una satánica empresa, creada a los solos efectos de borrarnos del mapa. El régimen de la transición española, el régimen alauita en Marruecos y el régimen de Uld Daddah en Mauritania, habían aunado sus esfuerzos para eliminarnos de un plumazo. No escatimaron esfuerzos en el empeño”.

El pueblo saharaui, solo y abandonado, logró sacar fuerzas de flaqueza, y con el único apoyo instrumental de Argelia, logró organizarse tras el Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro) y su brazo armado el Ejército de Liberación Popular Saharaui, lograron parar las primeras incursiones del ejército marroquí y mantener libre gran parte de su territorio durante 50 años.

Uno de tantos episodios bochornosos que Juan Carlos "el
emérito" ha olvidado abordar en sus memorias, junto con
el encargar un golpe de estado a unos chapuceros, cortar
con una amante "balconing" mediante, asesinar a su pro-
pio hermano, enriquecerse de forma opaca, etc.

Pero llegaron las traiciones, primero de los partidos de la derecha que tanto presumían del “imperio español” y que cuando llega el momento de la verdad, sus generales se guardan sus honores en “salva sea la parte”, como decía recientemente un amigo saharaui rememorando una frase muy española. Hasta el rey Juan Carlos llamaba “primo” a su colega marroquí Hassan II (anticipo de cómo iba él a hacer el primo con esta situación, nota del "blogger").

Y luego, como siempre, llegó la socialdemocracia, que durante años alardeó de sus simpatías por el pueblo del desierto para finalmente venderlo al mejor postor, en este caso Marruecos, a pesar de que el Frente Polisario pertenece a la Internacional Socialista. Los tejemanejes del PSOE se han ido fraguando en la sombra, al margen de los pueblos, tanto el saharaui como el español donde el primero goza de grandes simpatías.

Felipe González no hizo nada por ayudar al Polisario a recuperar los territorios invadidos por Marruecos, lo mismo que Aznar, pero dio los primeros pasos para que en 2004, José Luis Rodríguez Zapatero, corriera a entrevistarse con su amigo Mohamed VI, nada más tomar posesión de su cargo y así “inaugurar una nueva era de entendimiento profundo y cooperación bilateral” basada en la lucha contra el terrorismo.

Más adelante, el jefe del Ejecutivo español dio un paso adelante más contra los saharauis afirmando “que conoce desde hace tiempo el plan de autonomía para el Sáhara que promueven las autoridades marroquíes y que mantendrá una actitud constructiva y colaboradora con la ONU”. Más claro agua: “Es un tema que Marruecos tiene que liderar” y que “la comunidad internacional está por respetar la iniciativa de Marruecos (la de ofrecer un estatus de autonomía al Sáhara) y llegar a un acuerdo”.

La traición estaba en marcha y la suscribieron muchos dirigentes socialistas, hasta el punto de que en 2018, la eurodiputada aragonesa por el PSOE, Inés Ayala, al referirse al Sáhara Occidental, utilizó la expresión “provincias del Sur”, dando a entender que la ex provincia española forma parte de Marruecos.

El escritor aragonés Enrique Gómez sintetizó en ese 2018 los cambios que se avecinaban con el Gobierno de Pedro Sánchez hacia el Sáhara: “Hace unos días el Ministro de Exteriores Josep Borrell ante una pregunta de un diputado canario en el Congreso decía que ‘España no es considerada potencia administradora en las resoluciones anuales de la Asamblea General que se refieren a la descolonización del Sáhara Occidental, ni aparece como potencia administradora en la lista de Territorios no Autónomos de Naciones Unidas”.

“La duda sobre si España es o no la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental podría habérselo preguntado a su compañero de Consejo de Ministros Grande-Marlaska –seguía Gómez-. Sin duda Marlaska le hubiera dicho que la Sala de lo Penal. Auto Nº40 / 2014 de la Audiencia Nacional de la que era presidente declaró que “España de iure (que significa literalmente ‘de derecho’), aunque no de facto, sigue siendo la potencia administradora del territorio y como tal, hasta que finalice el periodo de descolonización debe cumplir con sus obligaciones” .

En este cúmulo de traiciones, llegó el momento solemne en 2020, cuando a punto de abandonar la Casa Blanca Donald Trump reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y le dejaba el camino expedito a su sucesor Joe Biden para que rematara su trabajo con el consiguiente reguero de apoyos a Marruecos por parte de los principales países de la Unión Europea.

"El pacificador" no parece hacerle ascos a respaldar el expanSIONismo
de sus aliados, primero reconociendo a Israel el derecho a establecer la
capital en Jerusalén, algo que la ONU prohibió al crear ese estado neo-
colonial, y luego reconociendo la anexión de un territorio ocupado co-
mo es el antiguo Sáhara español

El primero en apuntarse al plan de Trump fue Pedro Sánchez que en 2022 viajó a Marruecos para entrevistarse con Mohamed VI, quien, a través de un comunicado de la casa real marroquí, informaba del cambio de postura del presidente español con respecto al Sáhara Occidental a través de una presunta carta, que Sánchez dijo haber remitido a Marruecos, pero de la que el propio Gobierno español es incapaz de hacer público el original.

“No se ha explicado esa decisión unilateral –decía la periodista saharaui Ebbaba Hameida Hafed-, ni a la propia Cámara, que lo ha exigido en varias ocasiones. (…) Pensé que España se iba a parar, porque si preguntásemos en un referéndum a los españoles sobre la posición del país respecto al Sáhara, estoy convencida de que sería favorable al pueblo saharaui. Hay multitud de asociaciones de apoyo por todo el país.”

(Artículo publicado en el periódico “El Otro País”, nº 116, Noviembre-Diciembre 2025, Fuente: https://loquesomos.es/; visto en https://www.grupotortuga.com/)

CUANDO ES PEOR EL REMEDIO QUE LA ENFERMEDAD

EL "CAMBIO CLIMÁTICO", RESUMIDO EN UNA IMAGEN

Sí, es de origen humano. Pero no, tú no eres responsable por usar la calefacción o conducir un coche diésel. No te dejes culpabilizar. Esto lo han diseñado entre cuatro listos, y se llama "geoingeniería".

PEDRO SÁNCHEZ PRETENDE BLINDAR LA OPACIDAD DEL SISTEMA ELECTORAL CON UNA LEY "AD HOC"

La administración Sánchez pretende rizar el rizo de su concepción del poder político como algo exclusivo y patrimonial con el Proyecto de Orden INT/2026, por el que se regula la política de seguridad de la información clasificada nacional y sensible del Ministerio del Interior.

Entre las cuestiones que Interior quiere hurtar al escrutinio público se encuentra la información electoral que hasta hoy debía ser, por ley, transparente y conocida, por lo que se crea un sistema que podría ocultar datos clave sobre la logística y seguridad electoral durante 15 años.

En otras palabras, Sánchez "el saunas" está a punto de convertir España en el primer pais del mundo donde el ciudadano no podrá consultar datos clave de las elecciones, lo que impediría obtener pruebas si hay fraude electoral porque, al tratarse de un "secreto de estado" protegido, indagarlo convertiría al osado ciudadano que lo intentara en un delincuente. Algo que ni en la Venezuela de Chaves.

La supervisión internacional de cada proceso electoral sería imposible, no digamos ya la ciudadana.

¿Queda alguien por ahí que considere a lo que padecemos una "democracia"? Esta gentuza nos conduce a la más tiránica de las dictaduras.

¡HA LLEGADO EL ANTICICLÓN!

Y lo han traído a bordo de vuelos "especiales":

EL TRUCO GLOBALISTA Y LA BANDERA ARCO IRIS (1ª PARTE)

El brutal totalitarismo que todos presenciamos y soportamos durante la Operación Covid fue una visión aterradora del futuro que nos espera si permitimos que la mafia globalista mantenga su dominio de nuestras sociedades.

Ese es el poderoso mensaje de Lisa Miron, también conocida como LawyerLisa, en su libro de 2025 World On Mute ("El mundo silenciado").

La obra está repleta de ejemplos referenciados de las formas en que se nos está arrebatando el derecho a la libertad de expresión.

Algunos de los peores ejemplos vienen de Alemania, donde, como escribe el bloguero Bhaskar Kamble, los músicos aficionados como él incluso sienten la necesidad de censurar ciertas palabras en las letras de sus canciones, por si acaso hacen que la Policía del Pensamiento llame a la puerta.

Miron relata el caso de Beate Bahner, una abogada alemana que, en los primeros días del Covid, lanzó una campaña contra los confinamientos.

El 8 de abril de 2020, Bahner presentó una solicitud urgente ante el Tribunal Constitucional alemán sobre la ilegalidad de las medidas adoptadas en los 16 estados federados alemanes para hacer frente al coronavirus.

No sólo el tribunal se negó a escuchar su caso, sino que Bahner notó que un automóvil pasaba repetidamente frente a su casa y se sintió amenazada.

Cuando llamó a la policía para pedir protección, ésta apareció “y arrestó a la Sra. Bahner por la fuerza y la internó en una clínica psiquiátrica.

“La arrojaron al suelo al menos dos veces, golpeándose la cabeza contra el piso de piedra de la instalación desde una altura de un metro”.

A Bahner le negaron asistencia jurídica y le obligaron a pasar la noche en el suelo, sin inodoro ni lavabo.

Beate Bahner

En un mensaje a su hermana, escribió: «Llevo 20 horas retenida aquí. Si la gente no despierta de una vez, esto se convertirá en el peor régimen de terror de la historia... Estamos siendo tiranizados por fuerzas del mal».

Otro escándalo alemán fue el trato dispensado a Reiner Fuellmich, del Comité de Investigación del Coronavirus en Berlín, quien reveló, entre otras cosas, que las pruebas PCR para Covid producían un 95% de falsos positivos.

Miron afirma que Fuellmich y sus colegas “indicaron que esta generación de falsos positivos sugería malas acciones intencionales por parte de los gobiernos nacionales de todo el mundo.

“Concluyeron además que estos gobiernos actuaban en nombre de los globalistas a través de una red de corporaciones multinacionales, ONG y otras entidades”.

Fuellmich afirmó: “Cada vez más científicos, pero también abogados, reconocen que, como resultado del pánico deliberado y las medidas contra el coronavirus posibilitadas por este pánico, la democracia corre un gran peligro de ser reemplazada por modelos totalitarios fascistas”.

Reiner Fuellmich

Advirtió que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad e inició una demanda colectiva, y luego, en 2023, fue secuestrado en México y encerrado en Alemania por presunto “malversación de fondos”. Hoy sigue encarcelado.

Documentos filtrados han revelado que fue el objetivo de una compleja campaña llevada a cabo por agentes de inteligencia del estado alemán.

Mientras tanto, en el Reino Unido, dice Miron, “se reformularon las ramas del contraterrorismo para perseguir a los ciudadanos por sus expresiones de disenso respecto de la narrativa oficial forzada.

Por lo tanto, la libertad de expresión en el Reino Unido fue eliminada; dejó de ser un derecho. La libertad de expresión y las opiniones fueron recategorizadas como extremismo, mientras que el derecho a la disidencia fue eliminado.

De un plumazo, al alterar lo que constituye expresión permitida, las autoridades del Reino Unido cambiaron fundamentalmente el tipo de sociedad en la que vivían sus ciudadanos. De hecho, el control de la libertad de expresión se convirtió en el vehículo de los tiranos.

La Inquisición del Covid, dice Miron, se libró contra cualquiera que publicara lo que se denominó “desinformación peligrosa, sin base científica”, “teorías conspirativas no científicas e infundadas sobre el covid-19” o “difundiera la reticencia a vacunarse”.

“El clima de miedo y los mecanismos de silencio no fomentaron ni la verdad ni la salud social”.

Ella dice que las técnicas utilizadas eran similares a la “victimización en etapa temprana” en un campo de prisioneros de guerra.

Estas suelen incluir aislamiento, humillación y vergüenza, acusación y culpa, amenazas y ataques impredecibles.

No había visto discriminación por raza o credo que afectara la posibilidad de viajar, comprar, entrar en establecimientos legales o incluso trabajar. Vi la deshumanización y me pareció muy alarmante.

Lo que también fue alarmante sobre el COVID fue, por supuesto, la sumisión y colaboración generalizadas del público, la “deferencia a la autoridad”.

Cuando grandes grupos de personas se rebelaron, como en el caso de la protesta de los camioneros canadienses en el país natal de Miron, las autoridades actuaron con un escalofriante desprecio por los derechos legales.

Recuerda: «No hubo acusación, juicio, abogado, juez ni sentencia para los culpables antes de la confiscación de las cuentas bancarias. Esto es más que un delito público; es la operación de una gran tiranía».

Fuimos testigos de la inversión de lo que la mayoría de nosotros entendemos como correcto e incorrecto: cuando el poder designa su actividad malvada como “legal”, oponerse a ella se convierte en un “crimen”.

Miron cita el caso, también en Canadá, de la detective de policía de Ottawa Helen Grus, quien se preocupó por la muerte repentina de varios bebés, sospechó de un vínculo con las vacunas contra el COVID-19 y “le preocupaba que la no divulgación de eventos adversos pudiera ser un delito”.

Esta iniciativa de espíritu público la llevó a ser acusada de “conducta deshonrosa” según la Ley de Servicios Policiales de Ontario porque sus investigaciones no estaban “autorizadas”.

El alcance de la colaboración institucional en esta represión quedó evidenciado por el hecho de que el sindicato de Grus, la Asociación de Policía de Ottawa, se negó a proporcionar apoyo financiero para montar su defensa.

Miron señala: “Esto contradice la práctica anterior del sindicato de ofrecer asistencia jurídica a los policías, ¡incluso a aquellos acusados de delitos violentos!”

Se demostró que Grus había sido amenaza por la “Unidad de Normas Profesionales”, lo que llevó a la renuncia de la inspectora de policía involucrada, pero aún así fue declarada culpable del terrible “delito” de investigar muertes de niños.

“Esto en sí mismo es un delito”, juzga Miron. “¿Acaso nuestros gobiernos otorgaron licencias para matar, crearon la infraestructura para hacerlo y luego continuaron con una infraestructura para eliminar a quienes se interponían en su camino?”.

El libro pone gran énfasis en el papel de los organismos de estándares profesionales -y especialmente en sus “comités de expresión” o “comités de nueva jerga”, como ella lo expresa- en sofocar la libre expresión de una manera insidiosa y casi invisible.

Miron advierte que se está logrando “una nueva forma de control cruel” en la forma de esta “toma de poder que se esconde bajo el tedio superficial del ‘cumplimiento profesional’, el último lugar donde alguien buscaría un golpe de estado transnacional”.

Miron también cita la declaración emitida por la Federación de Juntas Médicas Estatales de Estados Unidos el 28 de julio de 2021, que amenaza con tomar medidas disciplinarias contra los médicos que no sigan obedientemente la línea oficial sobre el Covid.

Declara que los médicos “tienen la responsabilidad ética y profesional de ejercer la medicina en el mejor interés de sus pacientes y deben compartir información objetiva, con base científica y basada en el consenso para el mejoramiento de la salud pública”.

El "consenso", en su más genuina esencia

“Impulsado por el consenso” significa no pensar por uno mismo.

Advierte: “Difundir información inexacta sobre la vacuna contra el COVID-19 contradice esa responsabilidad, amenaza con erosionar aún más la confianza pública en la profesión médica y pone en riesgo a todos los pacientes”.

Políticas y textos similares se implementaron en todas partes: Miron cita los casos de una enfermera canadiense acusada de "desinformación" por oponerse a las órdenes de vacunación en redes sociales, un médico que fue blanco del Consejo Médico de Nueva Zelanda simplemente por hablar de su propia reacción adversa personal a una inyección, y otros tres médicos neozelandeses, a quienes se les suspendieron sus certificados de práctica mientras eran investigados por difundir "desinformación" sobre la COVID-19.

También escribe sobre el tratamiento dispensado al Dr. Didier Raoult en Francia (por “información falsa”), y comenta que su organismo profesional actuaba efectivamente como “una extensión del complejo biomédico-farmacéutico en lugar de un organismo que actuara de acuerdo con los mejores intereses de la profesión o los del público en general”.

William Bay

La Autoridad se declaraba automáticamente en lo cierto, por el solo hecho de ser Autoridad, y exigía total obediencia a una “verdad” oficial que no era más que una mentira cínica.

Así, la Agencia Australiana de Regulación de Profesionales de la Salud concluyó que la opinión del Dr. William Bay de que las vacunas eran “el crimen del siglo” nunca debió haberse expresado porque contradecía “la postura de los gobiernos locales, estatales y federales y de las autoridades sanitarias, que están en funciones para proteger la salud y la seguridad públicas”.

No es sólo el ámbito médico el que se ha visto afectado por este autoritarismo y, en World On Mute, Miron llama la atención sobre los graves efectos en su propia profesión, cuyos organismos buscaron excluir a los abogados disidentes.

Comenta: «Imaginen un sistema judicial donde el precio por presentar argumentos, redactar alegaciones y presentar alegatos sea la inhabilitación. Este podría ser uno de los usos más escalofriantes de los organismos reguladores…»

Una vez que se eliminen a todos los abogados con el coraje de presentar casos, los betas restantes se quedarán en su puesto. Sin un disparo, la democracia se desvanece.

Incluso los jueces han sido objeto de persecución como parte de esta negación de la ley vigente. Miron habla de un juez de familia alemán que, en abril de 2021, dictaminó que las medidas contra COVID-19 eran inconstitucionales y no aplicables en dos escuelas.

En lugar de simplemente apelar la decisión, las autoridades alemanas lo procesaron por “mala conducta judicial” y le dieron una pena de prisión suspendida.

Muchos de nosotros notamos las obvias similitudes entre el celo con el que se penalizaba el pensamiento erróneo sobre el COVID y la forma en que se impone el cumplimiento de la agenda “woke”.

Miron incluso señala la interseccionalidad entre los dos ataques a nuestra libertad de expresión, con un “razonamiento” de estilo woke utilizado para justificar medidas draconianas contra el Covid.

Irónicamente, este caso involucra a un grupo de abogados estadounidenses supuestamente comprometido a defender los derechos civiles.

Paul Cudenec
(Fuente: https://winteroak.org.uk/; visto en https://www.verdadypaciencia.com/)

CÓMO FUE ARRUINADA Y LUEGO DESMEMBRADA YUGOSLAVIA

Un siniestro plan de ingeniería geoestratégica aniquiló una nación antaño próspera y envidiada de una forma escalofriantemente parecida a lo que está sucediendo en nuestro país.

(Nota: no se puede ver el vídeo directamente en el blog, por lo que hay que pulsar sobre "Watch on YouTube" para ser reenviado a dicho portal de vídeos).