"El Partido no era una asociación de hombres que se protegían mutuamente ... Era un sistema de fe sostenido por el doblepensamiento, donde los fieles abrazaban con entusiasmo los mecanismos de su propia destrucción".
("1984", George Orwell)
En política, ocho años son tiempo suficiente para dejar de hablar de intenciones y empezar a hablar de resultados.
Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en junio de 2018. Cuatro meses antes, la vivienda era una preocupación prácticamente residual para los españoles. Ocho años después, en febrero de 2026, la vivienda se había convertido en el primer problema de España, citada por el 42,8 % de los encuestados por el CIS.
No parece precisamente un éxito.
Durante estos años se han sucedido leyes, anuncios, topes, ayudas y promesas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda. El resultado es que comprar una casa se ha alejado de las posibilidades de muchos españoles y, para una parte creciente de la población, el problema ya no es poder comprar: es poder pagar un alquiler.
También se prometió proteger a las familias vulnerables frente a los desahucios. Sin embargo, los lanzamientos judiciales no desaparecieron. Han seguido produciéndose decenas de miles, 90 diarios, fundamentalmente relacionados con el alquiler.
Se habló de aliviar la carga fiscal de los ciudadanos. Ocho años después, la presión fiscal es superior a la existente en 2018. Puede discutirse si ese aumento era necesario y a qué se ha destinado el dinero; el aumento, en cambio, es un dato.
Se prometió reforzar la protección de las mujeres y llegó la ley del «solo sí es sí». El resultado de su primera redacción fue 1.205 reducciones de condena y 121 excarcelaciones, según el recuento del Consejo General del Poder Judicial. La ley tuvo finalmente que ser modificada.
Se aseguró reiteradamente que no habría amnistía para los responsables del procés. Después de las elecciones de 2023, los siete diputados de Junts resultaron determinantes para la investidura de Pedro Sánchez y la amnistía que antes se descartaba terminó aprobándose. El Gobierno defendió que serviría para normalizar la situación política en Cataluña; sus adversarios sostuvieron que fue el precio parlamentario de la investidura. Los hechos permiten confirmarlo.
También se prometió gobernar y aprobar presupuestos. España sí tuvo nuevos presupuestos durante los primeros gobiernos de Sánchez, pero los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados por las Cortes son todavía los de 2023. ¡En 2026 continúan prorrogados! Lo nuca visto.
Se anunciaron mejoras de los servicios públicos y grandes inversiones ferroviarias. España dispone de una extraordinaria red de alta velocidad, pero los retrasos, incidencias y problemas de fiabilidad del ferrocarril, incluidos accidentes mortales, se han convertido al mismo tiempo en una preocupación cotidiana para muchos usuarios.
Que no se diga que tus impuestos no sirven para financiar obras públicas. Aunque tal vez no donde tú las necesitas |
Se habló también de energía más barata, segura y sostenible. Y el 28 de abril de 2025 ocurrió algo que parecía impensable en una economía europea desarrollada: España peninsular y Portugal sufrieron un apagón eléctrico total. La investigación europea posterior determinó que el Gobierno no lo previó. Durante horas, buena parte de un país del siglo XXI descubrió hasta qué punto depende de que funcione aquello que normalmente damos por supuesto.
Y en 2026 llegó Ceuta.
En apenas unas horas, más de 70.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia territorio español. Dos meses después, alrededor de 30.000 permanecen todavía en Ceuta. Una frontera española y europea quedó sometida a una presión extraordinaria y fue necesario movilizar recursos militares, policiales, humanitarios y diplomáticos.
También aquí habrá responsabilidades compartidas con el Gobierno, causas internacionales y una evidente agresión marroquí a un estado débil. Precisamente por eso resulta difícil conciliar aquella imagen con los discursos sobre la creciente fortaleza e influencia internacional de España.
Y finalmente está la regeneración democrática.
Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 mediante una moción de censura cuya justificación central fue la corrupción. Ocho años después, distintos procedimientos judiciales investigan o han investigado actuaciones de personas relacionadas con el PSOE, el Gobierno o su entorno. Una investigación no es una condena y la presunción de inocencia debe respetarse siempre. Pero tampoco puede fingirse que esas investigaciones no existen.
Un Gobierno debe responder de sus decisiones, de sus prioridades y, después de ocho años, también de sus resultados.
Ha llegado el momento de dejar de juzgar este periodo por sus intenciones y hacerlo por algo mucho más elemental: qué España encontraron, qué prometieron cambiar y qué España dejan ocho años después.
EL REPORTER TRIBULETE
(https://acratasnet.wordpress.com/)
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