Durante años, los responsables políticos de Estados Unidos han tratado el narcotráfico como una amenaza para la seguridad nacional, y no simplemente como un problema de delincuencia común. España, en cambio, sigue abordando uno de los principales puntos de entrada de drogas en Europa como una cuestión de orden público regional.
En el epicentro de este fallo se encuentra Huelva, provincia que se ha consolidado como un corredor logístico clave para la entrada de cocaína procedente de Hispanoamérica y de hachís desde el norte de África.
El problema no es la geografía española, sino las decisiones políticas e institucionales adoptadas en Madrid.
Una puerta de entrada insuficientemente protegida
Huelva se sitúa en la costa atlántica, frente a las mismas rutas transoceánicas que utilizan las redes criminales para trasladar cocaína desde Colombia, Perú y Bolivia.
Los cargamentos llegan en buques portacontenedores, veleros y embarcaciones semisumergibles, y posteriormente se transbordan a lanchas rápidas que aprovechan estuarios y sistemas fluviales escasamente vigilados por las autoridades españolas.
España es hoy responsable de una parte significativa de la cocaína que entra en la Unión Europea. Sin embargo, el Gobierno no ha designado a Huelva como zona de seguridad especial, a diferencia del Campo de Gibraltar, en Cádiz, que obtuvo ese estatus tras años de violencia.
Esta decisión corresponde directamente al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, responsable de la Guardia Civil y de la planificación de la seguridad nacional.
Pese a las reiteradas advertencias de sindicatos policiales y expertos en seguridad, el Ministerio del Interior no ha dotado a la zona de:
- Un número suficiente de patrulleras marítimas
- Sistemas avanzados de vigilancia costera mediante radar y drones
- Unidades tácticas ampliadas y entrenadas para la interdicción marítima armada
Las organizaciones criminales que operan en la costa sur de España emplean de forma habitual fusiles de asalto y armamento de grado militar para proteger cargamentos de cocaína valorados en millones de dólares. Esta escalada está ampliamente documentada por asociaciones profesionales de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, las unidades de la Guardia Civil en Huelva siguen estando estructuralmente mal equipadas y sometidas a marcos legales y operativos diseñados para combatir la delincuencia ordinaria, no una insurgencia criminal híbrida. El Gobierno español continúa presentando el problema como una cuestión policial, en lugar de reconocerlo como una emergencia de seguridad.
Esto responde a una decisión política más amplia: España no ha reclasificado el narcotráfico a gran escala como una amenaza para la seguridad nacional, una medida que permitiría ampliar competencias, recursos y coordinación entre organismos.
Parálisis judicial estructural
El sistema antidroga español depende en gran medida del procesamiento judicial, pero está claramente desbordado. Huelva padece una grave escasez de fiscales especializados en narcotráfico y de jueces de instrucción, una situación que recae bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia.
Los procedimientos complejos que implican redes internacionales, comunicaciones cifradas, medios marítimos, armas de fuego y blanqueo de capitales suelen tardar más de un año en alcanzar fases procesales decisivas. Cuando la persecución penal se vuelve lenta y previsible, la capacidad disuasoria desaparece.
Desde una perspectiva estadounidense, esto equivaldría a intentar desmantelar un cártel utilizando únicamente tribunales de ámbito local y una coordinación federal mínima.
Marruecos, inmigración y silencio estratégico
La relación de España con Marruecos ilustra con claridad los equilibrios políticos que condicionan esta crisis. El norte de Marruecos sigue siendo el mayor productor mundial de hachís, gran parte del cual entra en Europa a través del sur de España.
A pesar de ello, Madrid ha evitado ejercer una presión sostenida sobre Rabat, priorizando un supuesto control inmigratorio y la estabilidad diplomática. Este enfoque se coordina al más alto nivel del Estado, incluyendo el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Presidencia del Gobierno.
La elección implícita es evidente: el narcotráfico se tolera como un problema secundario para evitar tensiones diplomáticas. Para las redes criminales, esta previsibilidad resulta extremadamente valiosa.
Venezuela y la ambigüedad diplomática española
La postura de España frente a Venezuela debilitó aún más su credibilidad en materia de cooperación antidroga. Diversas investigaciones internacionales y evaluaciones de inteligencia han vinculado a elementos del régimen de Nicolás Maduro con redes de tráfico de cocaína que facilitan envíos hacia Europa.
La amenaza COCIDIT
El analista de seguridad Diego Miranda del Grupo GEES ha advertido que España se enfrenta a una amenaza de nivel COCIDIT (Crimen Organizado, Corrupción Institucional y Delincuencia Transnacional) caracterizada por sistemas criminales:
- Coordinados a través de fronteras;
- Internacionales en financiación y logística;
- Distribuidos en jurisdicciones débiles e
- Integrados con protección política y corrupción.
Una aplicación débil de la ley en España:
- Refuerza a los cárteles globales.
- Aumenta la disponibilidad y la pureza de la cocaína en Europa.
- Genera ingresos que alimentan la corrupción, el tráfico de armas y la desestabilización en Hispanoamérica.
- Debilita la seguridad interna de los aliados de la OTAN.
Un fracaso político, no inevitable
La costa atlántica sur de España no es insegura porque no pueda protegerse, sino porque el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo la dirección política del Gobierno de Pedro Sánchez, no han tratado el narcotráfico como la amenaza estratégica en la que se ha convertido.
Hasta que España adopte un enfoque centrado en la seguridad -similar al que aplica actualmente Estados Unidos-, Huelva seguirá siendo una puerta de entrada fiable para las redes criminales globales, y el flanco sur de Europa continuará peligrosamente debilitado.
El juez Benny Sagi, presidente del Tribunal de Distrito de Beersheba y responsable del caso de corrupción conocido como Caso 3000 contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, falleció repentinamente el 1 de enero de 2026 en un accidente de tráfico ocurrido en la Ruta 6 de Israel.
El incidente tuvo lugar cuando un vehículo que circulaba fuera de la carretera se incorporó a la autopista desde un camino de tierra en un punto ciego y embistió la motocicleta de Sagi, quien fue encontrado sin signos vitales en el lugar del choque.
La policía israelí confirmó que el conductor del vehículo que causó el impacto estaba bajo los efectos de estupefacientes.
El suceso, ocurrido en un momento clave del proceso judicial, ha generado sospechas y críticas sobre posibles interferencias en la investigación, a pesar de que las autoridades han descartado cualquier conexión directa, faltaría más.
Emanuel Brünisholz, un ciudadano helvético, fue condenado en Suiza bajo el artículo 261bis del Código Penal por una publicación en redes donde afirmó que el sexo biológico puede determinarse por los restos óseos, una afirmación científicamente correcta. Sin embargo, el tribunal consideró que su comentario era discriminatorio hacia las personas transgénero.
Brünisholz decidió cumplir una pena de 10 días de prisión en lugar de pagar una multa.
El caso ha generado debate sobre el conflicto entre la libertad de expresión científica y las leyes contra la discriminación.
En España existe una ley similar, por lo que algo parecido podría ocurrir en este frenopático al aire libre donde te hablan de que hay que creer a la ciencia para convertirte en cobaya de experimentos sin garantías, pero quien es capaz de la reacción más histérica hacia una verdad científica dicta si esta puede esgrimirse o no.
Russell invoca la leyenda del rey Midas para explicar la trampa que nos hemos tendido. Midas deseó que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Y así fue. Y luego tocó el agua y se convirtió en metal. Tocó la comida y se volvió incomible. Tocó a su hija y se convirtió en una estatua.
“Muere en la miseria y el hambre”, relata Russell. “Así que esto se aplica a nuestra situación actual de dos maneras. Una es que la codicia impulsa a estas empresas a buscar tecnología con probabilidades de extinción peores que jugar a la ruleta rusa. Y la gente se engaña a sí misma si cree que será controlable de forma natural ” .
Los directores ejecutivos lo saben. Han firmado declaraciones reconociéndolo. Calculan las probabilidades de catástrofe en una entre cuatro, una entre tres, y aun así continúan.
¿Por qué?
Porque el valor económico de la IA general se ha estimado en quince cuatrillones de dólares. Esta suma actúa, en la metáfora de Russell, como "un imán gigante en el futuro. Nos atrae hacia él. Y cuanto más nos acercamos, mayor es la fuerza, la probabilidad, mayor la probabilidad de que realmente lleguemos".
Quince cuatrillones de dólares. A modo de comparación, el Proyecto Manhattan costó aproximadamente treinta mil millones de dólares actuales. El presupuesto para el desarrollo de la inteligencia artificial general (IAG) el próximo año será de un billón de dólares. Treinta veces la inversión necesaria para construir la bomba atómica.
Y a diferencia del Proyecto Manhattan, que se llevó a cabo en secreto por una nación en guerra, este desarrollo está siendo llevado a cabo por empresas privadas que sólo responden ante sus accionistas, en tiempos de paz, sin supervisión democrática, sin marco regulatorio y sin requisitos de seguridad significativos.
“Quienes desarrollan los sistemas de IA”, observa Russell, “ni siquiera entienden cómo funcionan. Así que su 25% de probabilidad de extinción es solo una suposición improvisada. En realidad, no tienen ni idea ”.
Ni idea. Pero de todas formas están gastando un billón de dólares. Porque el imán es demasiado fuerte. Porque los incentivos son demasiado poderosos. Porque se han convencido de que alguien más resolverá el problema de seguridad. Con el tiempo. Probablemente. Quizás.
¿Y ahora qué?
Si todo va bien -si de alguna manera resolvemos el problema de control, si de alguna manera evitamos la extinción, si de alguna manera navegamos la transición hacia la inteligencia artificial general sin destruirnos- ¿qué sucederá entonces?
Russell ha planteado esta pregunta a investigadores de IA, economistas, escritores de ciencia ficción y futuristas. "Nadie ha sido capaz de describir ese mundo", admite. "No digo que no sea posible. Solo digo que se lo he preguntado a cientos de personas en múltiples talleres. Que yo sepa, no existe en la ciencia ficción".
Hay una serie de novelas, señala, donde coexisten humanos e IA superinteligentes: las novelas de cultura de Iain Banks. "Pero el problema es que en ese mundo todavía no hay nada que hacer. Encontrar un propósito".
Los únicos humanos con significado son el 0.01% en la frontera, expandiendo los límites de la civilización galáctica. Todos los demás intentan desesperadamente unirse a ese grupo "para tener un propósito en la vida " .
Este es el mejor escenario posible. La utopía hacia la que nos dirigimos es un crucero donde el entretenimiento nunca termina y el significado nunca llega.
Epstein ha muerto, o eso nos dicen. Pero su red sigue en pie. Sus colegas siguen construyéndola. Su visión de un mundo dividido entre los servidos y los sacrificados se está codificando en algoritmos ahora mismo.
La isla
Pero no necesitamos especular sobre qué sucede cuando la humanidad pierde su sentido. Ya lo hemos visto. Tenemos los recibos, los registros de vuelo, el testimonio de los sobrevivientes. Los hombres que lo tienen todo nos mostraron lo que hacen cuando nada está prohibido.
La isla de Jeffrey Epstein no fue una aberración. Fue un avance.
Aquí estaba un hombre conectado con la CIA, el Mossad y las más altas esferas del poder político estadounidense. Un hombre que, según correos electrónicos publicados recientemente, estimaba que el gobierno federal conocía a unos veinte de los niños que había traficado. Un hombre cuya agenda negra se leía como un quién es quién del poder global: presidentes, príncipes, multimillonarios tecnológicos, premios Nobel.
Los correos electrónicos revelan algo más que la mera criminalidad. Revelan una infraestructura. Epstein era, como documenta el investigador de medios Nolan Higdon, "alguien que podía encontrar información sucia sobre las personas y posiblemente destruir su imagen, y también alguien a quien se podía recurrir para proteger la imagen de las personas". Operaba en el nexo de las agencias de inteligencia, el poder financiero y el desarrollo tecnológico: asesoraba sobre software espía, negociaba acuerdos entre gobiernos y conectaba a los hombres que construirían el aparato de vigilancia que ahora nos apunta a todos.
Cuando la reportera de ABC, Amy Robach, tuvo pruebas de sus delitos sexuales, la cadena descartó la noticia. Cuando las acusadoras se presentaron, el New York Times desestimó sus acusaciones por infundadas. Cuando finalmente fue condenado, recibió una sentencia tan leve que se conoció como el "trato preferencial". Y cuando murió en una prisión federal en circunstancias tan sospechosas que CBS News desmintió todas las explicaciones oficiales (el piso equivocado en las imágenes publicadas, un fallo de la cámara que el fabricante afirma que es imposible), la investigación simplemente se detuvo.
La pregunta no es si Epstein estaba conectado con estas figuras poderosas. Los correos electrónicos lo han resuelto. La pregunta, como la plantea Higdon, es cómo "una persona podía tener tantos contactos en tantos asuntos". Y la respuesta que los medios se niegan a buscar es la obvia: no operaba solo. Era un nodo de una red, una red que incluía a las agencias de inteligencia que ahora se asocian con empresas de inteligencia artificial, a los multimillonarios que construyen nuestro futuro algorítmico, a los políticos que ahora se niegan a regularlo.
¿Qué hicieron estos hombres cuando acumularon más riqueza de la que podrían gastar en mil vidas? ¿Cuando moldearon gobiernos, lanzaron tecnologías y desviaron el curso de la historia a su antojo?
Visitaron la isla.
La película "Hostel" imaginaba a las élites adineradas pagando para torturar y matar a gente común por diversión. Los críticos la desestimaron como un exceso de película de terror. Pero la premisa -que el poder absoluto produce depravación absoluta, que los hombres que no desean nada eventualmente querrán lo prohibido- no era ficción. Era una profecía.
“¿Qué haces cuando tienes todo el dinero y el poder del mundo?”, pregunta Steve Grumbine, quien ha estudiado a fondo los archivos de Epstein. “Bueno, haces lo que quieres. El poder absoluto corrompe absolutamente”.
Los niños traficados a esa isla no eran un elemento secundario del sistema. Eran el sistema: la moneda de cambio, el mecanismo de control, la máxima expresión de lo que sucede cuando una clase de personas se cree dioses.
Este es el futuro que construyen los aceleracionistas de la IA, lo sepan o no. Un mundo donde un puñado de hombres controlan tecnologías de un poder sin precedentes, sin rendir cuentas a nadie, sin restricciones, con todos sus apetitos satisfechos por máquinas que nunca se niegan ni informan. La isla de Epstein, a escala planetaria.
Epstein ha muerto, o eso nos dicen. Pero su red sigue en pie. Sus colegas siguen construyéndola. Su visión de un mundo dividido entre los servidos y los sacrificados se está codificando en algoritmos en este preciso momento.
Cuando Peter Thiel, otro conocido de Epstein y cofundador de Palantir, bautizó su empresa con el nombre de las piedras videntes de Tolkien, quizá no consideró todas las implicaciones de la referencia. En las novelas, las Palantir fueron corrompidas, utilizadas por Sauron para mostrar verdades parciales que llevaron a la desesperación y la dominación. Quienes las contemplaron vieron lo que el Señor Oscuro quería que vieran.
Ahora todos contemplamos las piedras. Y los hombres que controlan lo que vemos -en estos Palantiri algorítmicos- ya nos han mostrado, en una isla caribeña y entre los escombros de Gaza, exactamente lo que pretenden.
Parece algoritmos que toman decisiones cruciales con veinte segundos de supervisión humana. Parece la vigilancia predictiva en Florida, donde se cita a residentes por tener la hierba demasiado crecida porque el software los ha marcado como posibles delincuentes. Parece el vaciamiento de toda profesión, todo oficio, toda forma de contribución humana que pudiera darnos un propósito. Parece la violación incesante de niños palestinos en las oscuras cámaras de las mazmorras de las Fuerzas de Defensa de Israel.
Los facilitadores
La Dra. Karmi vuelve una y otra vez a una pregunta sencilla: ¿Por qué?
“¿Por qué un estado inventado, con una población inventada, se ha vuelto tan importante que no podemos vivir sin él? ”, pregunta refiriéndose a Israel. Pero la pregunta se aplica igualmente a Silicon Valley, a las plataformas tecnológicas, a todo el aparato de control algorítmico que ahora moldea nuestra política, nuestras percepciones, nuestras posibilidades.
La respuesta, sugiere, está en comprender los factores facilitadores.
"Creo que ahora es absolutamente crucial centrarse en los facilitadores”, argumenta. “Porque podríamos seguir dando ejemplos de la brutalidad israelí, de las atrocidades, de las crueldades. Para mí, ese no es el punto. La cuestión es ¿quién está permitiendo que esto suceda? ”
La misma pregunta debe plantearse con respecto a la IA. ¿Quién permite que esto suceda? ¿Quién financia a las empresas que reconocen un 25 % de probabilidad de extinción humana y continúan a pesar de ello? ¿Quién crea el vacío regulatorio en el que estas tecnologías se desarrollan sin control? ¿Quién amplifica las voces que piden aceleración mientras silencia a quienes piden cautela?
La respuesta es la misma clase de personas que han propiciado cada catástrofe de la era moderna: los acomodados, los sumisos, los comprometidos. Los políticos que aceptan los cheques de cincuenta mil millones de dólares. Los periodistas que amplifican las narrativas preferidas. Los ciudadanos que ignoran las advertencias porque están demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado convencidos de que alguien más se encargará del asunto.
“Todas las encuestas realizadas indican que la mayoría de la gente, quizás el 80%, no quiere que haya máquinas superinteligentes”, señala Russell. “Pero no saben qué hacer”.
No saben qué hacer. Así que no hacen nada. Y las máquinas siguen aprendiendo. Y los algoritmos siguen cambiando. Y los multimillonarios siguen abusando. Y las bombas siguen cayendo. Y el futuro se estrecha y aparece cada vez más como inevitable.
La Resistencia
¿Qué hacer?
El consejo de Russell es casi pintoresco en su simplicidad: Habla con tu representante, tu diputado, tu congresista. Porque creo que los legisladores necesitan escuchar a la gente. Las únicas voces que escuchan ahora mismo son las de las empresas tecnológicas y sus cheques de cincuenta mil millones de dólares".
La Dra. Karmi ofrece algo similar: "Mi consejo es atacar las estructuras oficiales que sustentan a Israel. Deben entender que ser amables con los palestinos, enviar comida o lo que sea, está bien, pero no es el objetivo. Lo importante para quienes viven en democracias occidentales es que puedan expresar su opinión".
El contraargumento es obvio: estas estructuras están capturadas. Las plataformas que podrían amplificar nuestras voces están controladas por las mismas fuerzas a las que debemos resistir. Los políticos que podrían actuar están comprados. Los medios que podrían informar son cómplices.
Pero el contraargumento no da en el clavo. La cuestión no es que la resistencia triunfe. La cuestión es que la resistencia es lo único que podría triunfar.
“No sé qué hacer ”, admite Russell, “debido a este enorme imán que atrae a todos y a las enormes sumas de dinero que se invierten en ello. Pero estoy seguro de que si quieres tener un futuro y un mundo en el que quieras que vivan tus hijos, necesitas hacer oír tu voz ”.
¿Cómo se ve esto?
Parece negarse a usar plataformas diseñadas para adoctrinarnos. Parece exigir que nuestros representantes expliquen su postura sobre la seguridad de la IA. Parece apoyar a los denunciantes que revelan lo que hacen estas empresas. Parece construir estructuras alternativas que no dependan de la benevolencia de los multimillonarios.
Parece como si se negaran a ser gorilas.
La elección
La madre de Alex Karp dedicó su arte a documentar el sufrimiento de los niños negros asesinados en Atlanta. Su padre dedicó su carrera al cuidado de enfermos. Le enseñaron a marchar contra la injusticia.
Y construyó una máquina que decide, en veinte segundos, qué niños morirán cada día en Gaza.
Elon Musk afirma defender la libertad de expresión. Afirma temer la extinción de la humanidad. Afirma querer preservar la (in) civilización occidental.
Y utiliza su plataforma para amplificar las voces que piden limpieza étnica, para impulsar a los políticos que eliminarían las regulaciones que podrían evitar la catástrofe y para remodelar el entorno informativo de naciones enteras según sus preferencias.
Stuart Russell lleva cincuenta años dedicado a la inteligencia artificial. Podría jubilarse. Podría jugar al golf. Podría navegar.
Y en lugar de eso, trabaja ochenta horas a la semana, tratando de desviar a la humanidad de un camino que, según él, conduce a la extinción.
Estas son las decisiones que importan. No los debates abstractos sobre tecnología, sino las decisiones concretas sobre qué hacemos con nuestra única vida, nuestro único momento de influencia, nuestra única oportunidad de moldear el futuro.
“No hay mayor motivación que esta”, dice Russell con sencillez. “No solo es lo correcto, sino que es absolutamente esencial ”.
Los gorilas no pudieron elegir su destino. Fueron superados por una especie más inteligente que ellos, y ahora su supervivencia depende enteramente de si esa especie decide permitirlo.
Aún tenemos una opción. Las máquinas aún no son más inteligentes que nosotros. Los algoritmos aún no tienen el control total. Los multimillonarios aún no son omnipotentes.
Pero la ventana se está cerrando. El horizonte de sucesos podría haber quedado atrás. Y los hombres que controlan las tecnologías más poderosas de la historia de la humanidad han dejado sus valores muy claros.
Priorizarán el lucro por encima de la seguridad. Intensificarán el odio por encima de la tolerancia. Preferirán la violación por encima del romance. Permitirán el genocidio si los márgenes son favorables. Se arriesgarán a la extinción si las ventajas son suficientes.
Esto no es especulación. Esto es lo que consta. Esto es lo que están haciendo ahora mismo, a plena vista.
La pregunta no es si comprendemos el peligro. La pregunta es qué haremos al respecto.
Entre los escombros de Gaza, los sistemas de IA están aprendiendo. Están aprendiendo que la vida humana puede procesarse en veinte segundos. Están aprendiendo que algunas personas merecen bombas costosas y otras no. Están aprendiendo que la comunidad internacional observará y no hará nada.
Lo que aprenden allí lo aplicarán con el tiempo en todas partes.
Esto no es una advertencia sobre el futuro. Es una descripción del presente. El futuro es simplemente el presente, continuado, peor.
A menos que lo detengamos.
A menos que elijamos algo diferente.
A menos que nos neguemos a convertirnos en gorilas.
"¿Monitoreo generalizado? Bueno, no del todo generalizado
A pesar del imperativo moral de proteger a los niños —un imperativo moral tan convincente que la UE está dispuesta a violar otros valores fundamentales para promoverlo—, la propuesta de ley CSA (también conocida como ley "Chat Control" o Ley de Ciberresiliencia, que busca acabar con la encriptación de comunicaciones) introduce una excepción conveniente. Cualquier cosa que se enmarque en la seguridad nacional, y cualquier servicio de comunicación electrónica que no esté disponible públicamente (es decir, disponible solo para funcionarios electos y burócratas) permanecería completamente intacto. Los chats privados entre ciudadanos requieren escrutinio, pero las conversaciones de quienes afirman protegernos están eximidos de toda transparencia.
Como dijo el "buen" ministro de justicia danés, Peter Hummelgaard, "Cada año, millones de archivos de abuso sexaul infantil, y detrás de cada imagen y video hay un niño que ha sido sometido al abuso más terrible". Si eso es cierto para cada "imagen y video", ¿por qué no debería ser también cierto para los mensajes protegidos por las excepciones de seguridad nacional y no públicas de la CSA? ¿El horror se disipa de alguna manera cuando los usuarios son políticos o burócratas? ¿Lo inaceptable de repente se vuelve aceptable cuando se trata de quienes escriben las reglas?
El tráfico de imágenes pedófilas entre depravados es ciertamente inaceptable. Nadie discute la gravedad ni la vileza del problema. Y, sin embargo, bajo esta narrativa, se espera que la industria de las telecomunicaciones y los ciudadanos europeos acepten medidas de mitigación de riesgos absolutamente totalitarias, que implican la pérdida de privacidad para los ciudadanos y amplios poderes de supervisión para el Estado.
En la jerarquía de derechos de la UE, proteger a los niños supera a la privacidad. Pero proteger a los eurocratas supera a proteger a los niños. Al final, la tecnología moderna ofrece a los políticos oportunidades sin precedentes para monitorear a los ciudadanos, al tiempo que se eximen a sí mismos del escrutinio.
Hace 25 años, en el 2000, las Juntas Electorales Provinciales en España decidieron dejar de hacer los recuentos manuales que exige taxativamente la ley española.
No es una conclusión de una investigación periodística, sino que así lo puso por escrito y lo reconoció en 2015 la Junta Electoral Provincial de Sevilla en una resolución ante un recurso que el firmante de este artículo redactó en reclamación de que el escrutinio general de las elecciones autonómicas de marzo en Andalucía no se había desarrollado conforme a lo que indica la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).
«Suponemos -se decía en la respuesta al recurso- que en todas las demás, al menos de circunscripciones de gran tamaño», se hace del mismo modo, mediante «el procedimiento de escrutinio general abreviado (sic) que se viene adoptando inveteradamente (sic) en esta Junta Electoral». Y se quedaron tan anchos.
Ante tamaña confesión de parte, que justificaban por la progresiva introducción en el proceso electoral de la tecnología
informática y sin conocer qué cosa era eso que denominaban «procedimiento abreviado», la JEP de Sevilla dijo en su
respuesta al recurso: «Es evidente que existe, al menos formalmente, una irregularidad procedimental en el
escrutinio, que esta JEP no tiene inconveniente en reconocer». Y añadía: «Otra cosa es, empero, que esa
irregularidad sea invalidante del escrutinio realizado por el procedimiento abreviado que viene siguiéndose en esta JEP al
menos desde el año 2000». Y otra vez tan anchos.
La Junta Electoral Central vino a ponerlos en su sitio unos días más tarde y ordenó la repetición del escrutinio general …,
que en realidad no se había celebrado al incumplir de cabo a rabo con lo que la Ley exige. Pero años después
siguen igual en todas partes y los escrutinios generales no se celebran por más que la JEC recuerda una y otra vez
cómo ha de procederse para cumplir con la legalidad.
Lo trascendental de ese recordatorio de la JEC a todas las JEP viene contenido en el siguiente párrafo de su decisión
inapelable: «Debe tenerse en cuenta que los resultados provisionales facilitados el día de la votación por la
Administración convocante del proceso electoral carecen de toda vigilancia o supervisión por parte de la Administración
electoral, la cual, aun cuando pueda servirse de dichos resultados para cotejarlos con los que resulten del escrutinio
oficial que le corresponde hacer, nunca puede sustituirlos sino que debe realizar su recuento conforme a las
actas [de papel] proporcionadas por las respectivas mesas electorales».
Resulta imposible que alguien no entienda la claridad de ese mensaje que de forma taxativa y rotunda establece la JEC,
que obviamente deja de lado por completo todo cuanto queda en manos de las empresas informáticas que ayudan al
Gobierno a recaudar los datos electorales en esa jornada.
Aquel mismo año 2000 al que se refirió la JEP de Sevilla, tres socios venezolanos, entre ellos el ingeniero Antonio
Múgica, fundaron en Caracas la empresa Smartmatic, dedicada a implementar sistemas informáticos para el
recuento de votos.
Muy pronto, Smartmatic, utilizando la tecnología que le proporcionaría una multinacional española, Indra Sistemas, S.A.,
se convertiría en la compañía que iba a organizar de facto todas las elecciones del chavismo entre el año 2004 y 2015 …
con pleno éxito de resultados … para el golpista Hugo Chávez.
Lo importante, como anotó Stalin en su día, «no es quién vota, sino quién recuenta los votos», y Smarmatic, con el
sustento tecnológico de Indra por detrás, lo acreditó sobradamente, aun con las múltiples sospechas y denuncias de los
observadores internacionales que asistían a los comicios venezolanos. Hasta que en 2017, Smartmatic, que siempre fue
acusada por sus conexiones y buenas relaciones con el chavismo, fue dejada de lado por Nicolás Maduro, que perpetró
un pucherazo antológico y descarado.
Enseguida, Antonio Múgica, uno de los fundadores de la compañía Smartmatic, que para entonces había trasladado su
sede a EE.UU. y luego a Londres, quiso hacer un desmentido desvinculándose de aquel último proceso electoral.
En su desmentido, sin embargo, reconocía haber llevado a cabo los recuentos informáticos en Venezuela entre 2004 y
2015, y gracias a ello había logrado posicionarse en otros muchos países como suministrador de la tecnología y la
logística necesarias para el recuento del voto.
Ahora es Rudolph Giuliani, el prestigioso ex alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001, conocido como «el alcalde de
EE.UU.», el que ha venido a señalar a Smartmatic como responsable último de los fallidos y siniestros sistemas de
recuento implantados en una veintena de estados a través de la compañía canadiense Dominion.
Es sólo una de las dos patas principales en las que Giuliani sustenta sus demandas ante las Cortes Supremas de
varios estados para intentar demostrar un fraude electoral calculado por parte del Partido Demócrata. La otra pata
se centra en el voto por correo, una fórmula más artesanal y quizá menos sofisticada pero igualmente efectiva de torcer
los resultados en unas elecciones. Centrémonos ahora en la pata tecnológica, cuyo soporte
parece haber prestado en una treintena de circunscripciones la empresa canadiense Dominion.
La tal Dominion parece estar participada por la citada compañía venezolana Smartmatic y, en cualquier caso, utiliza
la tecnología proporcionada por ésta, que a su vez es la misma que desarrolla la mega multinacional española Indra
Sistemas.
Desde hace al menos una década, Indra propaga desde su página web la urgente necesidad de implantar la
«democracia electrónica» y al menos desde las elecciones municipales de 2015, pero también antes, ha ensayado ya
en numerosas ocasiones en España como experimentos-piloto la realización de voto electrónico en determinados
distritos de ciudades previamente marcadas.
Sevilla, por ejemplo, ha sido elegida en varias ocasiones para estos ensayos y algunos de sus barrios han
experimentado y hasta sufrido en sus carnes el resultado. Por ejemplo, en las municipales de 2015, el barrio
de Los Remedios de voto mayoritario moderado y de derechas, registró la sorprendente asignación de un número de
votos desproporcionado, de muchos miles, para la formación IU. Tardaron casi 24 horas en corregirse a sí mismos y en
asegurar, sin más explicaciones, que se había tratado de un error en la asignación correspondiente.
Pero, ¿qué conexión tienen estas empresas y algunas otras del sector y por qué las elecciones presidenciales
norteamericanas han situado a España en el ojo del huracán de «un fraude colosal», según Giuliani, «la estafa
electoral más atroz de la Historia de EE.UU. en la era moderna», según nos explica él mismo en un reciente video? La respuesta queda para una próxima entrega.
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