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jueves, 12 de febrero de 2026
PROHIBICIONES "POR TU BIEN"
Hay un truco viejo que se repite con ropa nueva: primero se muestra un problema y se presenta enorme “por tu bien” -aunque existan muchos otros realmente grandes y acuciantes-, luego se crea una norma “protectora” y, cuando te quieres dar cuenta, lo que han protegido no es tu libertad, sino su control sobre ti o sobre las futuras generaciones.
Lo inquietante no es solo la ley en sí, sino el relato que la envuelve: te dicen que te cuidan, mientras te van colocando barrotes alrededor.
Se empieza cambiando el nombre a las cosas. Vigilar pasa a llamarse seguridad, censurar se rebautiza como lucha contra el odio, restringir opinión se vende como combate a la polarización y la desinformación.
La historia nos dice que no es algo nuevo: cuando se quiere recortar libertades o difuminar otros grandes problemas, lo primero que se hace es construir un buen relato moral, conmovedor, incluso “ético”, para que resulte casi indecente oponerse. ¿Quién va a estar en contra de proteger a los niños, de frenar el odio o de cuidar la convivencia? Nadie. Y ahí está la trampa: el problema no son las palabras, sino hacia dónde apuntan las medidas; si limitan el poder o lo concentran, si te protegen de los abusos o protegen al sistema de tus preguntas incómodas.
En otros tiempos se quemaban libros “peligrosos” para salvar almas, para evitar herejías, para mantener “la sana doctrina”. En teoría, todo por el bien del pueblo. En la práctica, se trataba de decidir qué podías leer, qué ideas estaban permitidas y cuáles debían desaparecer entre llamas, no porque algunas fueran falsas, sino porque eran incómodas para el poder.
Hoy ya no se queman libros en plazas, pero se pueden quemar silenciosamente cuentas, contenidos, opiniones disidentes en un gran fuego digital que no huele a humo, pero huele a miedo. Ayer era la hoguera, hoy es el algoritmo. El mecanismo es el mismo: “esto no lo ves porque es malo para ti”.
El nuevo escenario es más sofisticado. Se disecciona el espacio digital y se levantan jaulas legales que se presentan como diques contra el odio, la desinformación o la manipulación.
Se habla de responsabilidades penales para ejecutivos de plataformas, de delitos de “manipulación algorítmica”, de huellas de odio y polarización que todo lo miden, todo lo etiquetan.
Sobre el papel suena impecable: ¿a quién le gusta el odio? ¿Quién defiende la manipulación? Pero el detalle incómodo es que nadie logra definir de forma objetiva qué es odio y qué es simple discrepancia, qué es manipulación y qué es mera selección de contenidos.
En ese vacío, la definición ya no es técnica, sino política: decide el que manda.
Desde ese momento ocurre algo casi invisible pero devastador: el miedo. Si la frontera entre lo permitido y lo castigable depende de interpretaciones cambiantes, el ciudadano y las plataformas empiezan a autocensurarse.
Para evitar problemas, se borra más de la cuenta, se silencia lo polémico, se retira lo que pueda molestar. No porque sea ilegal en esencia, sino porque es más seguro callar. El poder no necesita ya perseguir cada palabra: le basta con que la gente aprenda a hablar bajito.
La jugada maestra es usar causas legítimas como caballo de Troya. La protección de los menores, por ejemplo. Nadie con un mínimo de conciencia niega que el entorno digital puede ser brutal para un adolescente y que hay que tomar medidas.
Pero el diablo está en el método: verificación masiva de identidades, bases de datos gigantes de documentos personales, sistemas de vigilancia que se quedan para siempre aunque el pretexto cambie o incluso desaparezca.
Lo que empieza como “solo para que los niños no entren” puede terminar siendo “ya que tenemos tus datos, los usaremos para todo lo demás”. Ayer se justificaba la censura para salvar tu alma; hoy se justifica para salvar tu perfil. El discurso es distinto, la estructura es idéntica.
También es muy revelador a quién se vigila con más intensidad. No se persigue a las plataformas que más daño hacen según parámetros objetivos, sino a las que menos se dejan controlar.
Se señala con el dedo a aquellos entornos digitales que no obedecen dócilmente los criterios oficiales de moderación de contenidos, mientras se tolera mejor a quienes se adaptan al guion. El mensaje es claro: no se castiga el riesgo, se castiga la desobediencia. Antes se demonizaba al libro que cuestionaba el dogma; ahora se mira con lupa a la red, al medio o a la herramienta que no se pliega al discurso dominante.
A todo esto se suma un ingrediente indispensable: la normalización. Ninguna sociedad acepta de un día para otro perder libertades; hay que hacerlo “en cómodos plazos”. Primero se limita a los menores, luego a los discursos catalogados como odio, después a lo que llamen desinformación, más tarde a la disidencia “peligrosa”.
Cada paso se presenta como pequeño, moderado, razonable. Hasta que un día descubres que para decir algo incómodo tienes que pensártelo tres veces, usar eufemismos, esconderte detrás de metáforas o callar directamente. Cuando eso ocurre, la hoguera ya no está en la plaza: está instalada dentro de tu cabeza.
El gran problema es que, mientras ocurre todo esto, nos tienen entretenidos con peleas menores. Discusiones eternas sobre siglas, bandos, etiquetas … mientras se cocina una arquitectura de control que va más allá de cualquier gobierno concreto.
Se nos alimenta con crispación diaria para que miremos a los rivales de siempre y no al hilo común que une muchas medidas: la concentración de poder y la infantilización del ciudadano; ¿en qué momento decidimos que la responsabilidad primera de educar y acompañar a los menores debía desplazarse de la familia al Estado? ¿Y por qué esa prisa por convertir lo que era tutela parental en supervisión administrativa?
Los problemas más importantes en España, según las recientes encuestas (2024-2025), se centran en la crisis de vivienda, los problemas económicos, el paro, la inestabilidad política por la corrupción, la inflación, la calidad del empleo, la preocupación por la inmigración y la sanidad. Parece que las prioridades de los políticos están muy lejos de las necesidades de los ciudadanos.
Si el pueblo se acostumbra a delegar su criterio en los filtros oficiales, en los verificadores de turno o en los algoritmos “responsables”, se vuelve manejable. No hace falta prohibirle leer: basta con decidir qué merece la pena que vea.
Sin embargo, la historia también enseña que nunca se tiene el control total. Siempre queda una rendija, un margen, un espacio donde la libertad se cuela como el humo de los viejos libros que quisieron borrar.
En el mundo digital existen herramientas descentralizadas, cifrado, redes alternativas que no dependen de un único cuello de botella legal ni de un único guardián de la puerta.
Y existe, sobre todo, algo que ninguna ley puede regular del todo: la conciencia crítica de cada persona, la capacidad de hacerse preguntas, de desconfiar de los relatos demasiado perfectos, de sospechar cuando te dicen que para estar seguro tienes que hablar menos, ver menos, pensar menos.
Quizá la verdadera batalla no está solo en las leyes que se aprueban, sino en qué o quiénes queremos ser; los que delegan su criterio a cambio de protección, o los que se toman la molestia de informarse, de contrastar, de mirar detrás del titular amable.
En tiempos de hogueras se necesitaba valor para esconder un libro. En tiempos de algoritmos, se necesita valor para defender una opinión incómoda sin disfrazarla de eslogan. Porque la censura del futuro, igual que la del pasado, nunca vendrá diciendo: “vengo a quitarte la libertad”, sino susurrando: “tranquilo, es por tu bien”. Y lo verdaderamente peligroso no será lo que hagan, sino que terminemos creyéndolo.
Maria del Mar Martínez Herrera
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