INMIGRACIÓN

El problema de la inmigración entra de lleno en el terreno de la aritmética. En efecto, dentro de nuestras fronteras viven 50 millones de personas y fuera de ellas 8.200 millones, la inmensa mayoría de las cuales habita en países más pobres e inestables que el nuestro. Por lo tanto, dado que 8.200>50, la presión es estructural y no podemos hacer un llamamiento general para que todos los que quieran entrar, entren, porque no caben.

Pero intentemos explicarlo de un modo más gráfico. Imaginen una guerra en un país lejano. Del único puerto operativo va a salir el último barco de refugiados. En el muelle se aglomera una gran multitud. Desesperados en medio del caos, todos esperan poder subir a bordo y abandonar ese infierno, pero el barco sólo tiene capacidad para 500 pasajeros y en el muelle se arremolinan 80.000 personas. No cabe duda de que, o hay una pasarela estrecha y un severo control de accesos, o muy pronto el barco será asaltado por una turba descontrolada, escorará, volcará y zozobrará.

El problema no termina ahí. Se sabe por experiencia que una parte de los refugiados que embarquen no respetará las normas impuestas a bordo: no sólo se negarán a echar una mano, sino que desacatarán la autoridad de los tripulantes y causarán conflictos con otros pasajeros. A pesar de todo ello, hay quienes gritan que, por motivos humanitarios, en el barco deben poder entrar todos aquellos que lo deseen, y que defender lo contrario es discriminatorio, xenófobo, inhumano e incluso poco cristiano. ¿Cómo abordar esta cuestión?

La pregunta no es ociosa, pues la inmigración no es sólo un problema de organización social, sino una cuestión humanitaria y de búsqueda del bien común que hay que resolver con inteligencia. En efecto, sin el uso de la inteligencia, la caridad («actitud solidaria con el sufrimiento ajeno») corre el riesgo de hacer más mal que bien. Por eso, el problema de la inmigración debe abordarse desde el amor a la verdad, con datos y realismo, y no desde una visión «abstracta» y buenista.

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La responsabilidad de Europa, en todo caso, recae en los efectos llamada. En primer lugar, en su insostenible modelo de Estado de Bienestar, que permite vivir sin trabajar y tener acceso a los servicios sociales, lo cual resulta muy atrayente; y, en segundo lugar, en las políticas de inmigración desacertadas o maliciosas, como la reciente regularización masiva decretada por el gobierno español. Estos efectos llamada sí son responsables indirectos de que «el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas», y no la supuesta dureza de corazón de las poblaciones de los países de acogida. Por el contrario, la existencia de políticas disuasorias -filtros de entrada rigurosos y mecanismos de expulsión inmediata- tiene la capacidad de reducir dichas muertes.

Los datos

Hemos hablado de la necesidad de abordar la cuestión de la inmigración desde el realismo que aportan los datos. En España hay unos 10 millones de personas de origen inmigrante (el 20% de la población), de los que unos 7 millones poseen nacionalidad extranjera y 3 millones tienen la nacionalidad española, pero han nacido en el extranjero. El peso de la población inmigrante varía mucho de región a región: poco tiene que ver el caso de Extremadura (con sólo un 6% de residentes nacidos en el extranjero) con el caso de Cataluña o Baleares (con hasta un 28% de población nacida en el extranjero).

En las últimas dos décadas la población inmigrante en España ha aumentado significativamente, tanto en términos absolutos como relativos (debido a la dramática caída de la natalidad en nuestro país, que es el quid de la cuestión). Sin embargo, el flujo migratorio no ha tenido un crecimiento lineal, sino que ha dependido de las políticas de inmigración españolas y de su efecto llamada, de la situación política y económica de los países de origen y de la situación económica de España. También han influido, aunque en menor medida, los periódicos chantajes de países vecinos como Marruecos, que abren y cierran la espita de la inmigración ilegal como arma de presión geopolítica.

El origen geográfico de estos inmigrantes es un dato muy relevante, pues no todos los inmigrantes tienen el mismo perfil laboral o sociológico ni los mismos patrones o dinámicas de integración. En España, grosso modo, el 50% de la población inmigrante proviene de Centroamérica y Sudamérica (países hermanos con el que tantos lazos nos unen), el 25% de Europa, el 17% de África (mayoritariamente de Marruecos, primer país por número de inmigrantes) y el 8% de Asia.

La presencia laboral de la población inmigrante es especialmente patente en algunos sectores, como la hostelería o el sector primario: en Murcia, por ejemplo, «el 36% de los trabajadores agrícolas son inmigrantes de origen africano [fundamentalmente marroquí], el 34% en Almería y el 24% en Huelva».

Sin embargo, dentro de los subsegmentos de la población inmigrante existen diferencias significativas que ponen de manifiesto una gran heterogeneidad laboral y sociológica, como muestra un estudio del Real Instituto Elcano. Por ejemplo, la inmigración africana -de la que casi tres cuartas partes procede de Marruecos- posee «el menor nivel educativo de todos los grupos de inmigrantes».

Más preocupante resulta «el muy alto abandono educativo entre los adolescentes y jóvenes de origen inmigrante, duplicando al de los autóctonos, lo que implica dificultades para su integración laboral y social». Especialmente, «el 55% de los inmigrantes subsaharianos de entre 16 y 20 años no cursa estudios y lo mismo pasa con el 26% de los marroquíes; entre estos últimos, el problema afecta mucho más a los varones (37%) que a las mujeres (16%)».

Es asimismo preocupante la tasa de paro de la población inmigrante, que también muestra heterogeneidad. Según este mismo estudio, los marroquíes tienen «una tasa de paro del 27%, que triplica a la de los autóctonos y es mucho más alta que la de los subsaharianos (16%)». Las peores cifras de desempleo corresponden «a las mujeres inmigrantes marroquíes, pues sólo el 42% de ellas trabaja o busca trabajo». Que su unidad familiar sólo tenga un sueldo no parece ser óbice para que tengan muchos hijos, de modo que «un 31% de los nacidos en España de padre y madre inmigrantes, lo son de padres inmigrantes marroquíes», lo que nos devuelve al problema de fondo: la baja natalidad española.

Inmigración y delincuencia

Resulta indudable que existen indicadores, como las tasas de condenados por delitos y de población reclusa (relativos a la población), que indican que la población inmigrante delinque claramente más que la población española autóctona. El problema no es sólo español: en Europa el 25% de la población reclusa es extranjera (en España es el 31%), lo que significa que la tasa de población reclusa/100.000 habitantes es casi el triple entre la población extranjera que entre la autóctona. Es posible que la estratificación de los datos -considerando las diferencias de edad, sexo, y situación socioeconómica, por ejemplo- reduzca un poco la diferencia, pero, al ser ésta tan gigantesca, no la anula.

Un dato relevante que debe ser objeto de especial estudio es la especial sobrerrepresentación de ciertos subsegmentos de inmigrantes en las estadísticas de delincuencia. En efecto, para resolver un problema primero hay que acotarlo bien, y la ley de Pareto aplica a la delincuencia como a tantas otras variables sociales y económicas.

En este sentido, el gobierno de España -con la complicidad de los medios- es muy opaco respecto al origen geográfico de los delincuentes. No obstante, algunas estadísticas se le escapan. Por ejemplo, según datos oficiales el 40% de las personas detenidas o investigadas por delitos de agresión sexual son extranjeras, siendo la nacionalidad «más frecuente» la marroquí. La opacidad del gobierno de Sánchez contrasta con la transparencia de la Generalidad de Cataluña, que muestra que los extranjeros tienen una tasa de población reclusa (por 100.000 habitantes) varias veces superior a la de los españoles autóctonos, siendo la población de origen magrebí la que registra, de lejos, las tasas más elevadas en orden de magnitud. En el País Vaco el 58% de las agresiones sexuales las cometen extranjeros; asimismo, el 60% de los autores de robos con violencia, por ejemplo, provienen del Magreb. Ignoro si el Marruecos de Mohamed VI exporta delincuentes como hizo la Cuba de Fidel Castro en su día, pero sin duda esta segmentación muestra un problema real que hay que abordar.

Extraños compañeros de cama

Con todos estos datos en la mano, el sentido común invita a juzgar las políticas de inmigración sin caer en la corrección política o en un estéril afán de lograr el aplauso ajeno. Por eso sorprende que la Conferencia Episcopal Española (CEE) alabara sin matices la regularización masiva del actual gobierno socialista, el más destructivo para el bien común de nuestra historia reciente, realizada al margen el debate parlamentario por espurias razones políticas y manifiestamente injusta con los inmigrantes que de buena fe han seguido los cauces pertinentes, primeros perjudicados por las políticas de inmigración inadecuadas

La iniciativa gubernamental tuvo su origen en una propuesta realizada por movimientos claramente ideologizados -generalmente, de ultraizquierda- cuya portavoz, una activista boliviana, denunciaba que España «es racista» y «nos maltrata» y proponía «cambiar el paradigma de género, racismo y clase» mientras denuncia «el sistema patriarcal, colonialista y racista que se viene imponiendo durante siglos y que ha caído sobre los cuerpos feminizados». Me cuesta comprender qué hace la Conferencia Episcopal en semejante compañía.

Estos movimientos pro-regularización también llamaban a manifestarse en todo «el Estado», especialmente «el 12 de octubre anticolonial», y denominaban «masacres» a tentativas fallidas de entrada de inmigrantes ilegales, como aquella en la que murieron 23 personas -algunas de ellas armadas y violentas, según observadores independientes- cuando unos 2.000 sudaneses intentaron asaltar la valla, la mayoría por estampidas y caídas de la valla tras ser repelidos por la policía española y marroquí. En su día, Sánchez lo calificaría de «asalto violento», responsabilizando a las «mafias que trafican con seres humanos». Hoy los regulariza para atraer más.

Inmigración y bien común

El debate sobre la inmigración suele ceñirse a la diferencia entre inmigración legal e ilegal. Ciertamente debe combatirse la inmigración ilegal, pero la cuestión de la inmigración trasciende el estatus legal del inmigrante. En efecto, lo más relevante es su actitud: no es lo mismo un inmigrante que viene con ganas de trabajar duro y acatar la ley que otro que viene dispuesto a delinquir o a aprovecharse del Estado de Bienestar para zanganear. Tampoco es lo mismo un inmigrante capaz de integrarse en la cultura del país de acogida que otro que provenga de una cultura con «un derecho de familia incompatible con el nuestro o una concepción de la mujer muy alejada de la nuestra», lo que puede conducir a dificultades de integración o a la creación de guetos. Como recordaba el cardenal Biffi, «de cara a una convivencia pacífica y fructífera y a una deseable integración», la legislación debe procurar distinguir bien entre estos dos perfiles.

Pero la integración -como el tango- es cosa de dos: el país de acogida debe acabar considerando al inmigrante un conciudadano más sin hacer acepción de su origen, evitando toda discriminación o la negación de la dignidad de «estos hermanos nuestros»; pero el inmigrante también tiene el deber de integrarse trabajando, aprendiendo la lengua y respetando las leyes y las normas sociales de convivencia del país que le acoge. En este sentido, el problema de la inmigración sólo podrá afrontarse desde la evidencia empírica y el sentido común, nunca desde la ideología, la hipocresía o el buenismo.

Fernando del Pino Calvo-Sotelo
(Artículo completo en https://www.fpcs.es/)