LA LEY DE NIETOS Y EL VOTO QUE VIENE DE NINGUNA PARTE

Hay cosas que el sanchismo hace con estrépito, trompetería y ministros haciendo el ganso ante las cámaras, y otras que introduce envueltas en celofán, con apariencia de reparación histórica, palabras bonitas y esa superioridad moral tan propia de quienes suelen meter la mano en el mecanismo mientras nos explican que todo es por nuestro bien. Y entre estas últimas hay una que debería preocuparnos muchísimo: la llamada ley de nietos.

Bajo el paraguas de la Memoria Democrática se abrió la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a numerosos descendientes de españoles nacidos fuera de nuestro país, y no solamente a los descendientes directos de quienes acreditaran un exilio en los términos que cualquiera podría imaginar al escuchar la explicación política de la norma, porque la posterior interpretación administrativa amplió notablemente su alcance. Eso no es una opinión mía: ahí está el BOE para quien quiera leerlo.

Y aquí es donde empieza lo que a mí me parece una auténtica barbaridad democrática.

Que alguien pueda tener derecho a recuperar o adquirir la nacionalidad española por razón de su ascendencia puede discutirse, defenderse o incluso parecer perfectamente razonable. Lo que no considero razonable en absoluto es que la consecuencia automática sea permitir que una persona que jamás ha vivido en España, que quizá jamás haya pisado España, que no paga aquí sus impuestos, que no ha cotizado aquí, que no utiliza normalmente nuestros servicios públicos, que no padece nuestras leyes ni soporta las consecuencias cotidianas del Gobierno que salga elegido, pueda intervenir exactamente igual que quien vive aquí en la elección de los diputados de una provincia española.

Y antes de que aparezca el listo de guardia con el matasuegras del “todos los españoles tienen los mismos derechos”, diré precisamente eso: discutamos entonces cómo ejercen ese derecho, porque nacionalidad y circunscripción electoral no tienen por qué ser conceptos inseparables.

Actualmente el español residente en el extranjero figura en el CERA y queda vinculado electoralmente a un municipio español. Para quienes nacieron fuera, la normativa permite tomar como referencia la última residencia o el municipio de mayor arraigo de alguno de sus ascendientes e incluso, en determinados supuestos, otros vínculos familiares; y si no puede determinarse, interviene la oficina consular. Es decir, alguien nacido a diez mil kilómetros de Madrid, que nunca haya vivido en Madrid y cuya relación con Madrid pueda proceder de un ascendiente, termina participando en la elección de los diputados de esa circunscripción.

Y a mí eso me parece disparatado vote al PSOE, al PP, a Vox, a Podemos o al Partido de los Amantes del Berberecho. Me da exactamente igual.

Porque esto no debería ser una discusión sobre a quién votarán esos nuevos españoles, sino sobre qué legitimidad tiene un sistema que permite modificar el resultado electoral de una provincia mediante votos de ciudadanos cuya vida transcurre completamente fuera de ella y que, en muchos casos, ni siquiera han residido jamás allí. Ese es el verdadero problema.

El voto de Madrid debería decidirlo quien forma parte realmente de la comunidad política madrileña; el de Salamanca, quien mantiene una vinculación real con Salamanca; el de La Coruña, Sevilla o Zamora, exactamente igual. Porque nuestros diputados no son cromos de una colección sentimental llamada España: representan circunscripciones concretas cuyos ciudadanos sufren una fiscalidad determinada, unos servicios, unas infraestructuras, unas listas de espera, una vivienda imposible, unos trenes que llegan o no llegan y las consecuencias, en definitiva, de las decisiones de quienes gobiernan.

Por eso propondría algo bastante más limpio: ¿queremos reconocer el voto a los españoles residentes permanentemente en el extranjero aunque jamás hayan vivido aquí? Perfecto. Créese entonces una circunscripción exterior propia, con uno, dos o los escaños que constitucionalmente corresponda establecer después de la reforma necesaria, y que esos españoles elijan a sus representantes sin alterar artificialmente el resultado de Madrid, Asturias, León o cualquier otra provincia.

Así sabríamos además qué piensa realmente la España exterior y tendría sus propios representantes, en lugar de utilizar cientos de miles de votos dispersos para modificar circunscripciones a las que muchos de esos electores apenas tienen una vinculación efectiva. Eso sería transparente.

Lo otro podrá ser legal, podrá venir adornado con memoria, exilio, abuelos y violines de fondo, pero políticamente me parece un disparate monumental y una puerta magnífica para alterar equilibrios electorales extremadamente ajustados.

Y con Pedro Sánchez hemos aprendido una cosa: cuando aparece una puerta que permite conservar un escaño, mover una mayoría o permanecer cinco minutos más en La Moncloa, conviene mirar inmediatamente quién tiene la llave.

Domingo Martín