CEUTA: OTRO PASO HACIA LA CATÁSTROFE

Hay decisiones políticas que uno puede considerar equivocadas, otras que parecen fruto de la incompetencia y algunas, mucho más selectas, que alcanzan esa categoría superior en la que el ciudadano termina preguntándose si quienes gobiernan han perdido el juicio o simplemente consideran que la prudencia es una antigualla burguesa. Lo de Ceuta empieza a pertenecer a esta última especie, porque después de una entrada masiva que puso patas arriba la ciudad, después de informes policiales, advertencias de inteligencia, sospechas sobre radicales y posibles infiltrados y una situación de seguridad que continúa lejos de ser normal, al Gobierno no se le ocurre mejor idea que alojar a miles de esas personas en terrenos próximos a instalaciones militares donde, pequeño detalle sin importancia para algún lumbreras de despacho, existen dieciséis búnkeres destinados al almacenamiento de explosivos.

Uno de los campos, citando fuentes militares, se encuentra a unos 150 metros del polvorín. Ciento cincuenta metros. No quince kilómetros ni detrás de siete controles de seguridad, sino una distancia que cualquiera recorre dando un paseo después del café. Y todo ello mientras esas mismas fuentes militares expresan su preocupación porque entre quienes entraron en Ceuta se ha detectado presencia de radicales yihadistas y existen sospechas sobre posibles agentes marroquíes infiltrados. No significa que cada persona allí alojada sea una amenaza, naturalmente; significa algo mucho más elemental y que debería comprender hasta el más obtuso de los asesores monclovitas: cuando no sabes exactamente quién tienes delante, no lo instalas al lado de un polvorín.

Pero aquí hemos alcanzado ese prodigioso estadio del sanchismo en el que lo evidente necesita una comisión, la prudencia requiere un informe de cincuenta páginas y el sentido común debe solicitar audiencia previa en Presidencia. Mientras tanto, Ceuta sigue soportando las consecuencias de aquella entrada masiva y el Gobierno improvisa alojamientos como quien reparte mesas en una boda, con la diferencia nada desdeñable de que aquí alrededor hay instalaciones militares sensibles y explosivos del Ejército.

Y por eso la pregunta resulta inevitable. Si nuestros servicios de seguridad y nuestras Fuerzas Armadas están advirtiendo de riesgos, si todavía existen problemas de identificación y si las propias fuentes militares consideran especialmente delicada la ubicación escogida, ¿qué demonios hace el Gobierno colocando allí estos campamentos?

Sólo encuentro dos explicaciones y ninguna tranquiliza. O estamos gobernados por una colección de incompetentes capaces de convertir una cuestión elemental de seguridad nacional en una tómbola administrativa, o existen razones políticas tan importantes para Pedro Sánchez y su Gobierno que están dispuestos a asumir riesgos que ningún gobernante sensato debería aceptar.

Entre la estupidez y la temeridad todavía debería quedar algún rincón para el sentido común.

Y tratándose de explosivos, convendría encontrarlo antes de que alguien tenga que explicarnos, otra vez, que nadie podía haberlo previsto.

Art. 102 de la Constitución Española: La responsabilidad cri-
minal del Presidente y los demás miembros del Gobierno 
 será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

Domingo Martin