UNA PROPUESTA PLENA DE SENSATEZ

Antes de que algunos se lleven las manos a la cabeza, conviene recordar algo elemental: las leyes se pueden cambiar. Cuando una norma no resuelve un problema, lo agrava o termina beneficiando a quien la incumple, no solo puede modificarse, sino que debería hacerse con rapidez.

España necesita una ley mucho más firme contra la inmigración ilegal que diferencie situaciones que hoy se mezclan interesadamente.

En primer lugar están quienes entraron legalmente con pasaporte y visado para hacer turismo, estudiar o permanecer durante un tiempo determinado, pero se quedaron después de caducar su autorización. Están identificados y conocemos su nacionalidad. Una vez localizados, deberían perder el acceso a ayudas económicas, vivienda pública y prestaciones no esenciales y ser sometidos a un procedimiento inmediato de expulsión. Tampoco debería premiarse con una regularización por arraigo a quien ha incumplido la ley durante años.

El segundo supuesto sería el de quienes entran sin documentación y ocultan o dicen desconocer su identidad. Propondría un internamiento autorizado judicialmente de hasta seis meses en centros específicos, que no son prisiones, mientras se investiga su procedencia mediante huellas, ADN, entrevistas, bases de datos y colaboración consular.

Si se identifica su país, se ejecutaría la expulsión. Si impide deliberadamente su identificación o ningún Estado reconoce su nacionalidad, sería trasladado a un centro de retorno situado en un tercer país seguro con el que España o la Unión Europea mantuvieran un acuerdo. La falta de documentos no puede convertirse en un salvoconducto para quedarse.

Con quienes llegan en cayucos, pateras u otras embarcaciones, la actuación debe comenzar mucho antes. España y Europa disponen de patrulleras, buques, aviones, drones y satélites suficientes para vigilar las rutas próximas a las costas de Marruecos, Mauritania, Senegal y otros países de salida.

Las embarcaciones serían detectadas antes de alcanzar aguas españolas. Si sus ocupantes estuvieran en peligro, serían auxiliados, pero, una vez garantizada su seguridad, regresarían al puerto del que partieron. Salvar a alguien de morir en el mar no obliga a concederle el derecho a entrar en España.

Y esto no es una ocurrencia sin respaldo jurídico. El Reglamento (UE) n.º 656/2014, sobre vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en las operaciones coordinadas por Frontex, establece que esa vigilancia también debe prevenir, disuadir e interceptar entradas irregulares.

Su artículo 7 contempla que, en alta mar y bajo las condiciones legales correspondientes, una embarcación pueda ser detenida, inspeccionada, obligada a cambiar de rumbo o conducida a un tercer país. Su artículo 10 permite que los interceptados en alta mar sean desembarcados en el país del que se supone que partieron. Por tanto, buena parte de esta propuesta ya está contemplada por Europa; faltan acuerdos eficaces y voluntad para aplicarla.

Además, desde el 12 de junio de 2026 se aplica el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que obliga a registrar e identificar las llegadas irregulares, realizar controles de seguridad, salud y vulnerabilidad y dirigir inmediatamente a cada persona hacia un procedimiento de retorno. También establece procedimientos acelerados en frontera para quienes tengan pocas posibilidades de obtener protección, engañen sobre su identidad o representen un riesgo.

Dentro de aguas territoriales extranjeras se actuaría con autorización del país correspondiente; en alta mar, conforme a la normativa europea y al Derecho marítimo internacional. Una frontera que solo se vigila cuando ya ha sido atravesada no es una frontera defendida: es una puerta abierta con funcionarios esperando al otro lado.

En Ceuta y Melilla, cualquier intento colectivo de superar por la fuerza los elementos fronterizos debería terminar en rechazo inmediato. La Policía Nacional y la Guardia Civil deben disponer de todos los medios y, cuando la magnitud del asalto desborde su capacidad, recibir el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Esto no vulnera la Constitución. Es precisamente la Constitución la que encomienda a las Fuerzas Armadas garantizar la soberanía y la integridad territorial y atribuye al Estado las competencias sobre inmigración, extranjería y asilo.

Los menores requieren protección, pero también reglas claras. Todo menor que llegue sin documentación debe ser acogido provisionalmente, identificado y sometido a una búsqueda inmediata de sus padres. Si aparecen y la devolución es segura, debe regresar con ellos. La unidad familiar debe restablecerse devolviendo al menor a su hogar, no trasladando automáticamente a toda la familia a España.

Un menor no puede convertirse en la cabeza de puente para traer después a unos adultos a España.

Quien solicite asilo alegando una persecución real tendrá derecho a que su caso sea examinado individualmente y con rapidez, preferentemente en la frontera. Quien reúna los requisitos recibirá protección; quien no los reúna será devuelto. También regularía qué sucede con los extranjeros que mueren intentando entrar ilegalmente y permanecen sin identificar ni reclamar. El Estado realizaría la autopsia y obtendría huellas, fotografías, ficha dental y ADN, conservando esos datos durante seis meses. Si una familia o un país reclamase el cuerpo, tendría que asumir los gastos de identificación, entrega, ceremonia y repatriación.

Si nadie lo reclamase, un juez podría autorizar la incineración. Las cenizas se conservarían durante un año en una urna individual y codificada y, transcurrido ese plazo, se depositarían en una fosa común o en un columbario colectivo. Respeto y dignidad, siempre; nichos permanentes y repatriaciones a cargo de los españoles, no.

Todo esto exige cambiar leyes, negociar acuerdos internacionales y reclamar modificaciones europeas cuando sean necesarias.

Para eso elegimos gobiernos y parlamentos: no para que nos expliquen eternamente por qué no puede hacerse nada, sino para que encuentren la manera legal de hacerlo.

España necesita inmigración legal, ordenada y ajustada a sus necesidades. Lo que no puede aceptar es que las mafias, los países vecinos o quienes asaltan nuestras fronteras decidan cuántas personas entran y en qué condiciones.

Salvar vidas y defender las fronteras no son objetivos incompatibles. Lo incompatible es seguir llamando humanidad a una política que anima a miles de personas a jugarse la vida porque saben que, si consiguen llegar, probablemente podrán quedarse.

Domingo Martín