¿ACASO SON LOS CIUDADANOS DE CEUTA ESPAÑOLES DE SEGUNDA CATEGORÍA?

Imagina esta avalancha humana en tu ciudad. 40.000 invasores, hombres
en edad militar imponiendo su ley en tus calles. Imagina tu impotencia y
tu miedo, sabiendo que tu propio gobierno te calificará de nazi y de ul-
traderechista si intentas defenderte de ellos. ¿Qué sentirías?

En las últimas horas hemos escuchado declaraciones, cifras, análisis y debates sobre la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta. Se habla de derechos. Se habla de acogida. Se habla de cooperación internacional. Se habla de legislación. Pero hay una pregunta que apenas escucho formular. ¿Y los españoles de Ceuta? ¿Acaso son ciudadanos de segunda? ¿No tienen derecho a que el Estado garantice su seguridad, proteja sus barrios y preserve la normalidad de su vida cotidiana?

- Siempre hablamos -y es lógico que así sea- de los derechos de quienes llegan. España es un Estado de Derecho y toda actuación debe respetar la dignidad de las personas. Pero un Estado también tiene deberes. Y el primero de todos es proteger a sus propios ciudadanos.

Porque quienes viven en Ceuta no son un dato estadístico.

Son familias que llevan generaciones allí. Son comerciantes que levantan cada mañana la persiana de su negocio.

- Son policías, sanitarios, profesores, hosteleros, funcionarios, trabajadores y niños que simplemente quieren vivir con tranquilidad en una ciudad española. Y tienen exactamente el mismo derecho que cualquier vecino de Madrid, Sevilla, Valencia o La Coruña a sentirse protegidos por su Gobierno.

- Me preocupa que hayamos llegado a un punto en el que parece que defender una frontera haya dejado de ser una obligación del Estado para convertirse casi en un motivo de disculpa. No. Las fronteras existen por una razón. No son un símbolo. No son un capricho. Son el límite que define la soberanía de un país y permiten que sea el propio Estado quien decida, conforme a sus leyes, quién entra, quién permanece y en qué condiciones.

- Y si las leyes actuales no permiten responder con eficacia a una situación extraordinaria, entonces el deber de cualquier Gobierno es promover los cambios necesarios. Porque las leyes no son textos sagrados. Se modifican constantemente para adaptarlas a una realidad que cambia. Lo que no puede cambiar nunca es la obligación de proteger a los ciudadanos.

- Y hay otra pregunta que muchos españoles se hacen.

¿Dónde está el Ejército?

España mantiene a miles de militares desplegados en misiones internacionales. Hombres y mujeres que sirven con enorme profesionalidad allí donde España considera necesario defender sus intereses o cumplir sus compromisos internacionales. Todos ellos merecen nuestro reconocimiento.

- Precisamente por eso resulta inevitable hacerse una pregunta.

¿Cómo es posible que siempre encontremos recursos para desplegar militares a miles de kilómetros de nuestras fronteras y, sin embargo, cuando una parte del territorio nacional vive una situación extraordinaria, ni siquiera exista un debate público sobre si el Estado está utilizando todos los medios de que dispone para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y garantizar la protección de sus ciudadanos?

- No hablo de sustituir a nadie. Hablo de que el Estado utilice todos los recursos legales de los que dispone para proteger una parte de España cuando esa parte de España se siente desbordada. Porque las Fuerzas Armadas existen, ante todo, para servir a España. Y muchos ciudadanos tienen hoy la sensación de que Ceuta está afrontando prácticamente sola una situación que desbordaría a cualquier ciudad de apenas 80.000 habitantes.

- No se trata de enfrentar a unas personas con otras. Se trata de recordar cuál es la primera responsabilidad de cualquier Gobierno. Proteger a sus ciudadanos. Porque si un Estado deja de transmitir esa seguridad, la pregunta ya no es únicamente qué está ocurriendo en la frontera. La verdadera pregunta es otra.

¿Quién está defendiendo hoy a los españoles de Ceuta?

Domingo Martín