El Fiscal General de Kansas, Kris Kobach, presentó una demanda civil contra Pfizer, alegando que la farmacéutica engañó al público sobre la seguridad y eficacia de su vacuna COVID-19 violando la Ley de Protección al Consumidor del estado. Kobach reclama sanciones monetarias, daños y perjuicios y medidas cautelares por las declaraciones engañosas en la comercialización de la vacuna. El fiscal sostiene que Pfizer, motivada por intereses económicos, no solo proporcionó información engañosa sobre la eficacia de su vacuna, sino que también reprimió deliberadamente información crítica y censuró voces disidentes para proteger sus ganancias.
La demanda afirma que Pfizer ocultó y suprimió información relevante sobre la vacuna, especialmente en cuanto a su seguridad para mujeres embarazadas, condiciones cardíacas, efectividad contra variantes y capacidad para detener la transmisión del virus. La demanda destaca que Pfizer promocionó la vacuna como segura para embarazadas, a pesar de informes de eventos adversos y abortos espontáneos en mujeres vacunadas.
Además, se alega que Pfizer minimizó los riesgos de miocarditis y pericarditis, a pesar de que entidades gubernamentales y militares habían identificado estos riesgos.
Kobach también criticó a Pfizer por afirmar que la vacuna era efectiva contra las variantes de COVID-19 y por sugerir que prevenía la transmisión, cuando la compañía admitió posteriormente no haber estudiado este aspecto.
Kansas es el primer estado en presentar una demanda de este tipo, y otros cinco estados, incluido Idaho, planean hacer lo mismo. En 2023, el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, también demandó a Pfizer por presentación engañosa de la eficacia de la vacuna y por conspirar para censurar el discurso público: la demanda de Paxton señalaba que a medida que surgieron pruebas de la eficacia cada vez menor de la "vacuna", Pfizer presuntamente emprendió esfuerzos para silenciar a los críticos y censurar las voces disidentes. Esto incluyó etiquetar a personas que plantearon preocupaciones válidas como proveedores de "desinformación" y presionar a las plataformas de redes sociales para que eliminaran o suprimieran su contenido. Esto no sólo sofocó el debate científico abierto, sino que también violó los principios de libertad de expresión y transparencia ética.
Iniciativas legales reflejan una creciente preocupación sobre cómo las farmacéuticas han priorizado sus beneficios económicos sobre la ética y la salud pública.
(Fuentes: https://www.mentealternativa.com/; https://nataliaprego.substack.com/)
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