EL PENTÁGONO AMPUTA LA SOBERANÍA DE VENEZUELA AL AMPARO DE SUS ESCOMBROS

La catástrofe telúrica se convierte en oportunidad geopolítica cuando el Pentágono uti-
liza la ayuda humanitaria para asestar el golpe definitivo a la soberanía venezolana.

El análisis de la coyuntura venezolana tras los devastadores terremotos del 24 de junio de 2026, realizado por la periodista Anya Parampil para el programa Judging Freedom, nos ofrece una lente prismática para descifrar las coordenadas de un nuevo orden hemisférico. La tragedia, que ha dejado un saldo provisional de cientos de fallecidos y miles de desaparecidos en el estado de La Guaira, no es solo un fenómeno geológico. Es el telón de fondo sobre el que se proyecta la estrategia de una potencia hegemónica que, como un cirujano que opera en medio del caos, busca extirpar los últimos vestigios de un proyecto político autónomo en la región.

La conexión entre las réplicas sísmicas y la política de sanciones es el primer eslabón de esta cadena de fatalidades. Parampil sostiene que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington, lejos de ser una abstracción burocrática, se materializan en la imposibilidad del Estado venezolano para adquirir maquinaria pesada, la herramienta indispensable para remover los escombros y rescatar a los supervivientes. No es, por tanto, la incompetencia del gobierno de Delcy Rodríguez lo que paraliza las labores de rescate, sino un bloqueo que, según la periodista, constituye un crimen de guerra al negar el acceso a equipos salvavidas. La imagen de los rescatistas, cuyas manos se estrellan contra el hormigón sin la fuerza de una retroexcavadora, se convierte en la metáfora más brutal de cómo el castigo colectivo se disfraza de política exterior.

En este contexto de parálisis estatal, la irrupción del Comando Sur de Estados Unidos adquiere una dimensión profundamente ambigua. Lo que se presenta como un gesto de solidaridad internacional y una respuesta a la solicitud formal de las autoridades interinas -con el envío de buques anfibios como el USS Fort Lauderdale y aeronaves de carga C-17- es interpretado por Parampil como la consolidación de una ocupación militar de facto. La tragedia se convierte en el vehículo perfecto para que el Pentágono establezca una infraestructura logística permanente en el país, un movimiento que replica el patrón observado en Siria tras los terremotos de 2023, donde las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al cambio de régimen se erigieron en los nuevos amos del territorio.

La geopolítica regional se reconfigura al ritmo de los derrumbes. La llegada de equipos de rescate desde Colombia, Ecuador o El Salvador, países que han alineado sus políticas exteriores con los dictados del Departamento de Estado, revela una nueva cartografía de influencias. Este fenómeno se sincroniza con el giro político en Colombia, donde la controvertida victoria electoral de Abdelardo Dea Espriella, señalada por el presidente Gustavo Petro como fraudulenta, dibuja un mapa donde las transiciones de poder parecen responder más a la ingeniería política externa que a la voluntad popular. La simbiosis entre la militarización de la ayuda y la manipulación de los procesos electorales configura un escenario donde la soberanía de las naciones latinoamericanas se diluye como un puñado de arena entre los dedos del imperio.

En el centro de este huracán se encuentra la figura de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada que navega entre la espada y la pared. Mientras el chavismo de base, representado por los movimientos comunales y los proyectos de soberanía alimentaria, la observa con recelo por su apertura a los antiguos verdugos, la administración Trump ha aliviado temporalmente algunas sanciones financieras. Este gesto táctico no implica una derogación del bloqueo, sino una licencia para que las trasnacionales estadounidenses y los actores privados, como el controvertido Mauricio Claver-Carone -autodenominado el «Jared Kushner de América Latina»-, negocien directamente contratos para la reconstrucción. Es el viejo ritual del saqueo, ahora envuelto en el papel de celofán de la ayuda humanitaria y los 150 millones de dólares prometidos por la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero.

Conviene precisar el alcance real de ese alivio financiero: la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos publicó el 25 de junio en su página oficial la Licencia General 60, que autoriza únicamente las transacciones financieras vinculadas a la ayuda por los terremotos, operaciones que en condiciones normales quedan prohibidas bajo el régimen sancionatorio. La vigencia de esta licencia expira el 23 de octubre de 2026. No se trata, pues, de un cambio de política ni de un gesto de reconciliación, sino de una ventana acotada y reversible que, lejos de levantar el bloqueo estadounidense contra Venezuela, lo confirma como instrumento permanente de presión.

El argumento de Parampil, extraído de su libro Corporate Coup, resuena con una claridad incómoda: la alianza entre Venezuela y Estados Unidos es una necesidad geopolítica que nunca debió fraguarse bajo la amenaza de un secuestro presidencial. Sin embargo, la realidad actual es tosca y brutal. Los escombros de La Guaira no solo sepultan a cientos de víctimas inocentes, sino también la ilusión de una autodeterminación latinoamericana que, una vez más, es sacrificada en el altar de los intereses estratégicos de Washington. El Pentágono, con sus cascos azules y sus camiones de ayuda, está amputando la soberanía de una nación, utilizando la misma tierra removida por el sismo para plantar su bandera.

(Visto en https://mentealternativa.com/)