SÁNCHEZ Y LA GEOMETRÍA VARIABLE DEL DERECHO INTERNACIONAL

La escala de valores del Saunas no puede estar más clara: frente a los
que reclaman la prioridad nacional, él tiene clara la prioridad marroquí

TRUMP NO. ISRAEL TAMPOCO.

Hay una palabra que Pedro Sánchez utiliza con frecuencia cuando habla de política internacional: principios.

Derecho internacional, derechos humanos, Naciones Unidas y orden internacional basado en reglas forman parte habitual del discurso del Gobierno.

Con Donald Trump, las discrepancias españolas han sido públicas. Con Israel, todavía más. España reconoció el Estado de Palestina en mayo de 2024 y el Gobierno ha convertido la defensa de la causa palestina en uno de los elementos más visibles de su política exterior.

Todo ello puede defenderse desde una determinada concepción de las relaciones internacionales.

Pero entonces aparece una pregunta incómoda:

¿Se aplican esos mismos principios cuando al otro lado de la mesa está Marruecos?

PALESTINA SÍ. SÁHARA, ¿POR QUÉ NO?

El Sáhara Occidental constituye uno de los ejemplos más difíciles de encajar.

En 2022, Sánchez defendió que la propuesta marroquí de autonomía era «la base más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto, aunque reiteró que la solución debía producirse dentro del marco de Naciones Unidas y ser aceptada por las partes.

No es correcto afirmar que España haya abandonado formalmente el marco de Naciones Unidas. Pero sí es legítimo preguntar por qué el lenguaje empleado respecto del Sáhara resulta diferente del utilizado ante otros conflictos.

Si el derecho internacional es un principio, debería serlo independientemente de quién sea nuestro aliado.

Y ahora el Congreso ha vuelto a colocar la cuestión saharaui en el centro del debate al tramitar una ley destinada a reconocer la nacionalidad española a determinados saharauis nacidos durante la administración española y a sus descendientes.

La paradoja resulta difícil de ignorar.

No se puede ser internacionalista a la carta.

CEUTA: CUANDO LA FRONTERA LLAMA A LA PUERTA.

La entrada masiva de finales de julio convirtió una cuestión migratoria en un asunto de seguridad nacional, relaciones bilaterales y, finalmente, dimensión europea.

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 17 de septiembre una resolución, haciendo mención explícita de «ataques híbridos» e «instrumentalización de migrantes», exigiendo responsabilidades a Marruecos por la invasión de Ceuta y reclamando una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea. El PSOE votó en contra.

La sesión demostró que la terminología importa.

Porque mientras Bruselas preparaba el debate, Marruecos decidió jugar su propia partida.

El 14 de septiembre, la Misión de Marruecos ante la Unión Europea y la OTAN envió selectivamente a eurodiputados españoles una carta defendiendo la posición de Rabat sobre la crisis. Según Europa Press, la recibieron representantes del PSOE, PNV y ERC, mientras no llegó a miembros de PP, Vox, Sumar, Compromís, Podemos o BNG.

No hay pruebas de que esa carta haya comprado voluntades ni condicionado un voto.

Pero sí existe un hecho documentado:

Rabat estuvo haciendo diplomacia activa para defender su relato ante las instituciones europeas.

Mientras tanto, a España no le queda otra que explicar ante sus socios qué ocurrió en una de sus fronteras exteriores.

LA AMENAZA HÍBRIDA NO ERA CIENCIA FICCIÓN.

Hay otro dato que merece atención.

En 2025, el Curso Internacional de Defensa de Jaca, organizado por la Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza, dedicó una edición a la «Amenaza híbrida: la guerra imprevisible».

La documentación oficial explica que una amenaza híbrida puede combinar armas convencionales, tácticas irregulares, terrorismo, delincuencia e información y desinformación para alcanzar objetivos políticos. También señala que estas estrategias buscan explotar las debilidades del adversario y actuar sobre la percepción, los relatos y la opinión pública.

Esto no demuestra que Marruecos organizara la crisis de Ceuta. Tampoco que aquel curso predijera lo sucedido.

Pero demuestra que el uso combinado de instrumentos de presión y manipulación informativa ya formaba parte del análisis español de seguridad.

Y los documentos desclasificados posteriormente han revelado que el CNI alertó antes de la entrada masiva sobre convocatorias en redes para cruzar por mar y por tierra. El Gobierno sostiene que aquellas comunicaciones no permitían anticipar la magnitud extraordinaria de lo que finalmente ocurrió.

Son hechos que exigen explicación, no consignas.

HASTA LOS SOCIALISTAS MARROQUÍES HABLAN DE DESESTABILIZACIÓN.

Hay un episodio todavía más llamativo.

Nabila Mounib, diputada y dirigente del Partido Socialista Unificado marroquí, planteó públicamente que George Soros y organizaciones vinculadas a él podían estar detrás de movimientos destinados a aprovechar el malestar de poblaciones empobrecidas, llegando a relacionar esas hipótesis con la crisis de Ceuta.

Resulta significativo que una dirigente socialista marroquí introdujera en el debate público la hipótesis de utilizar el malestar social y los movimientos migratorios como instrumentos de desestabilización.

No demuestra coordinación ni autoría. Sí demuestra que la instrumentalización de la migración forma parte del debate político generado por la propia crisis.

LA IZQUIERDA ANTE SU PROPIO ESPEJO.

La logística de Marruecos no ha descuidado el que los invaso-
res dispongan de esclavas sexuales para sus desahogos, rap-
tándo a decenas de niñas de un orfanato de Ifrán y llevándo-
las a Ceuta para su uso y disfrute por parte de los salvajes 
que campan por la ciudad (mañana ampliaré la noticia)

Aquí aparece una cuestión especialmente incómoda para la izquierda española.

Durante décadas ha convertido los derechos humanos, la solidaridad internacional y la defensa de los pueblos vulnerables en una de sus principales señas de identidad.

Pero gobernar implica asumir responsabilidades cuando esos principios chocan con los intereses estratégicos del Estado.

No basta con criticar determinadas actuaciones de Marruecos y regresar después al Gobierno.

La discrepancia que nunca pone en riesgo el poder corre el riesgo de convertirse en escenificación.

Y la cuestión saharaui vuelve a aparecer como una prueba incómoda.

Si se exige respeto al derecho internacional frente a Israel, ¿por qué cambia el lenguaje cuando hablamos del Sáhara?

Si se denuncia la instrumentalización política de los conflictos internacionales, ¿por qué cuesta tanto admitir que la migración también puede ser utilizada como instrumento de presión?

Y si Europa considera suficientemente seria la hipótesis de la instrumentalización de migrantes como para debatirla en su Parlamento, ¿por qué en España cualquier advertencia sobre esa posibilidad se convierte inmediatamente en una batalla partidista?

LA PRUEBA DE LOS PRINCIPIOS.

España necesita una relación estable con Marruecos. La cooperación económica, policial, migratoria y de seguridad es importante.

Precisamente por eso conviene hablar claro.

Una relación estratégica no puede significar que determinadas preguntas dejen de formularse. Una alianza tampoco puede convertir cualquier discrepancia en un asunto que deba ocultarse.

Los principios solo demuestran su valor cuando aplicarlos tiene un coste.

Martin Luther King lo expresó de forma difícil de mejorar:

«La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes» (Carta desde la cárcel de Birmingham, 1963).

La frase no pierde valor porque el escenario sea Rabat, Gaza, Jerusalén, Washington o el Sáhara.

Al contrario.

Es precisamente cuando cambia el interlocutor cuando se comprueba si los principios son realmente principios o simplemente instrumentos de la política exterior.

Y esa es la pregunta que Ceuta ha puesto ahora sobre la mesa:

¿Tiene España una política exterior basada en principios o una política exterior basada en excepciones?

La respuesta no debería depender de quién esté al otro lado de la frontera.

Luis Faraco Roldán