EL ORDEN EUROATLÁNTICO EXIGE EL SACRIFICIO DE LOS JÓVENES PARA CONSERVAR EL CONTROL GEOESTRATÉGICO Y ENERGÉTICO (2ª PARTE)

El centro de gravedad económico de esta confrontación se está desplazando también hacia los mares. El estrecho de Ormuz, Bab el-Mandeb, Malaca, el Báltico, el canal de Panamá y las rutas del Ártico aparecen cada vez más como puntos decisivos de una nueva geografía comercial. La seguridad energética ya no depende únicamente de poseer yacimientos petroleros o plantas de refinación, sino de controlar los buques, los puertos, los seguros, las redes logísticas y las tecnologías necesarias para llevar los productos hasta sus consumidores. La interrupción de cualquiera de esos elementos puede convertir una reserva energética abundante en un recurso económicamente inaccesible. El incremento de los costos de tránsito, ejemplificado por pagos extraordinarios para atravesar el canal de Panamá, muestra hasta qué punto la infraestructura de transporte puede transformar las relaciones de poder entre productores, consumidores y operadores financieros.

Moscú y Pekín intentan responder mediante una diversificación de los corredores internacionales. El desarrollo de la Ruta Marítima del Norte y del Corredor de Transporte Transártico pretende reducir determinadas dependencias de los itinerarios tradicionales. Informes atribuyen a algunas conexiones árticas entre Asia y Europa tiempos de transporte cercanos a 18 días, frente a recorridos potencialmente superiores a 40 días por Suez o a 50 días alrededor del cabo de Buena Esperanza. Estas comparaciones deben interpretarse con cautela, pues dependen del puerto de origen y destino, de las condiciones climáticas, de la disponibilidad de rompehielos, de las características de las embarcaciones y de los costos de aseguramiento. La ruta ártica no sustituirá automáticamente a los corredores convencionales, pero su desarrollo representa un intento de modificar una infraestructura comercial cuya organización histórica ha favorecido determinados centros marítimos y financieros. Los informes sobre ataques a buques en el mar Negro y posibles interceptaciones navales en el océano Índico refuerzan la importancia de establecer reglas de navegación capaces de proteger el comercio civil frente a la expansión de las hostilidades.

Diversos analistas hemos propuesto interpretar estas transformaciones dentro de la transición desde un orden unipolar hacia uno multipolar. En su intervención del 9 de octubre ante el Asia Energy Security Dialogue 2026, el filósofo Aleksandr Duguin sostuvo que existen dos variantes fundamentales de la hegemonía occidental. La primera, asociada con la orientación abiertamente nacionalista de Trump, considera que los intereses estadounidenses deben organizar el sistema internacional. La segunda, vinculada con el globalismo liberal, presenta determinados valores occidentales como principios universales que todos los países deberían adoptar. Para Duguin, ambas terminan subordinando la soberanía económica y energética de otras naciones a estructuras de poder exteriores. Su alternativa consiste en reconocer la existencia de distintos centros civilizatorios y estratégicos capaces de establecer relaciones sin depender de una autorización occidental.

Desde esta perspectiva, la seguridad energética de India adquiere una importancia extraordinaria. El crecimiento industrial de ese país requiere volúmenes cada vez mayores de petróleo, gas, electricidad e infraestructura, mientras las sanciones occidentales contra determinados proveedores pueden obligarlo a realizar adquisiciones más costosas o modificar sus relaciones comerciales por razones ajenas a sus necesidades productivas. Duguin propone establecer una cooperación energética euroasiática que involucre a Rusia, India, China, Irán y otros actores regionales, acompañada de mecanismos conjuntos para asegurar rutas, financiamiento e intercambios. Incluso sugiere avanzar hacia una carta energética multipolar y un consorcio euroasiático capaz de articular producción y suministro. El razonamiento contiene una reivindicación legítima de la autonomía económica, aunque su viabilidad dependerá de factores que el discurso civilizatorio por sí solo no resuelve: diferencias de intereses entre India y China, riesgos ambientales, rivalidades territoriales, condiciones de inversión y mecanismos jurídicos capaces de impedir que la sustitución de una dependencia exterior produzca simplemente otra.

África ofrece un ejemplo especialmente significativo de las posibilidades concretas de una estrategia de soberanía energética. Durante la Semana Africana de la Energía, celebrada en Ciudad del Cabo, diez compañías petroleras nacionales suscribieron una declaración orientada a fortalecer el comercio directo de crudo y derivados, ampliar las capacidades de refinación doméstica y desarrollar mecanismos africanos de financiamiento energético. Entre las empresas participantes se encuentran operadores estatales de Argelia, Angola, Ghana y Sudáfrica. La iniciativa contempla el fortalecimiento de instrumentos como el Banco Africano de la Energía para reducir la dependencia del financiamiento y de las cadenas de intermediación extranjeras. El caso de Ghana, cuyas autoridades informaron una recuperación de su producción petrolera después de varios años de retroceso, ilustra las posibilidades de reconstrucción productiva. La declaración, sin embargo, no equivale todavía a la materialización de todos los proyectos anunciados, y su eficacia deberá medirse mediante refinerías construidas, capacidad de distribución, acceso real a combustibles y resultados sociales verificables.

Tampoco puede ignorarse que la expansión de la infraestructura petrolera africana genera controversias ambientales y sociales. Durante el encuentro de Ciudad del Cabo, organizaciones ecologistas protestaron contra nuevos proyectos de explotación de hidrocarburos y cuestionaron que sus beneficios lleguen efectivamente a las poblaciones locales. Esa objeción plantea una exigencia indispensable: la soberanía energética no debería convertirse en un argumento para perpetuar modelos extractivos que concentren las ganancias mientras socializan los costos ambientales. La construcción de refinerías nacionales, redes eléctricas, proyectos nucleares, sistemas renovables y capacidad científica propia puede formar parte de una misma estrategia de desarrollo, siempre que las decisiones respondan a necesidades verificables y cuenten con mecanismos de responsabilidad pública. La independencia no consiste en sustituir una compañía extranjera por una empresa estatal igualmente incapaz de satisfacer las necesidades de su población.

La relación entre finanzas y poder internacional añade otra dimensión a la crisis del orden euroatlántico. El 13 de octubre, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones por más de 1.210 millones de dólares contra Bank of America por graves deficiencias relacionadas con sus obligaciones de prevención del lavado de dinero y cumplimiento de sanciones. La Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, impuso una penalización de 1.200 millones de dólares, dentro de la cual se acredita la sanción de 750 millones aplicada por la Oficina del Contralor de la Moneda, mientras la Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció un acuerdo adicional de 11,6 millones de dólares. Las autoridades identificaron fallas prolongadas en la vigilancia y comunicación de operaciones sospechosas, incluidas transacciones relacionadas con redes chinas de lavado y actividades financieras ilícitas en la frontera sur estadounidense. Las cifras deben interpretarse correctamente: las penalizaciones coordinadas no pueden sumarse indiscriminadamente como si fueran multas independientes, ni la calificación de sospechosa demuestra por sí misma el origen criminal de cada transacción. Lo comprobado, sin embargo, es suficientemente grave: una de las instituciones financieras más importantes del mundo incumplió obligaciones destinadas a impedir el aprovechamiento del sistema bancario por redes de financiamiento ilícito.

El episodio pone en cuestión la representación simplificada de la economía criminal como un fenómeno exclusivamente periférico. La producción, distribución y comercialización de drogas puede concentrarse en regiones empobrecidas o violentas, pero los beneficios derivados de esas actividades necesitan instrumentos para transformarse en activos financieros, propiedades, empresas y capital aparentemente legítimo. Las instituciones que procesan esas operaciones forman parte de los centros financieros internacionales. La hipótesis de una convergencia entre determinadas redes de lavado, intereses empresariales y estructuras geopolíticas necesita investigaciones documentales exhaustivas sobre operaciones, beneficiarios y responsabilidades específicas.

Una manifestación especialmente inquietante de la circulación internacional de capacidades criminales y militares aparece en las tecnologías de drones. El Servicio de Inteligencia Exterior ruso denunció en junio supuestas relaciones entre sectores ucranianos y organizaciones latinoamericanas dedicadas al narcotráfico, incluidas acusaciones sobre intermediarios británicos, movimientos de mercenarios y transferencia de conocimientos militares. Tales señalamientos no prueban la existencia de una alianza institucional entre el gobierno ucraniano y los cárteles. No obstante, una investigación publicada por Alex Horton en The Washington Post el 22 de septiembre documentó una preocupación independiente entre autoridades estadounidenses y mexicanas: la utilización por organizaciones criminales de conocimientos adquiridos por combatientes latinoamericanos que han participado en la guerra ruso-ucraniana. La investigación recoge que los cárteles, armados por Estados Unidos y dirigidos por los intereses financieros internacionales centrados en la City de Londres y Wall Street, han buscado reclutar especialistas con experiencia en sistemas aéreos no tripulados y técnicas para evadir las defensas electrónicas.

La propagación de estas capacidades confirma una de las características más peligrosas de la economía de guerra contemporánea. Los avances tecnológicos introducidos aceleradamente en los campos de batalla pueden difundirse hacia organizaciones criminales que disponen de recursos económicos importantes y que no están sujetas a controles estatales convencionales. Colombia ya ha registrado durante 2026 más de 200 incidentes relacionados con drones armados, después de un incremento significativo durante los dos años anteriores. Las organizaciones mexicanas también utilizan aparatos no tripulados para vigilar movimientos de las fuerzas de seguridad y modificar sus rutas de contrabando. La respuesta estadounidense ha incluido un incremento de las capacidades militares y de vigilancia en el hemisferio, así como nuevas operaciones vinculadas con su estrategia antidrogas. Pero la militarización sin controles jurídicos adecuados puede producir consecuencias propias: operaciones contra embarcaciones y personas acusadas de participar en el narcotráfico han suscitado cuestionamientos por la insuficiencia de pruebas y por sus efectos sobre comunidades civiles. México y los países latinoamericanos enfrentan, por tanto, una doble exigencia: impedir la expansión tecnológica del crimen organizado y preservar su soberanía frente a intervenciones que podrían extender la lógica de la guerra hacia sus territorios.

La cuestión remite nuevamente a una distinción económica fundamental. Una tecnología militar puede producir innovaciones científicas aprovechables en otros sectores, pero su existencia no garantiza un aumento del bienestar colectivo. La sofisticación de un sistema autónomo de combate no tiene el mismo significado social que la introducción de tecnologías capaces de incrementar la producción agrícola, mejorar la atención médica o reducir el costo de la energía. Los beneficios estratégicos obtenidos mediante drones, inteligencia artificial y sistemas de vigilancia tampoco pueden evaluarse sin considerar sus consecuencias jurídicas y humanas. La transformación del Estado en un comprador permanente de soluciones tecnológicas militares puede crear mercados rentables para determinadas corporaciones, mientras desplaza recursos, especialistas y capacidades de investigación que también podrían utilizarse para resolver problemas civiles.

En ese contexto adquiere particular relevancia el fenómeno de protesta social que EIR interpreta mediante el concepto de huelga de masas desarrollado por LaRouche. El caso francés constituye uno de los episodios más significativos. Desde septiembre de 2026, estudiantes de bachillerato comenzaron a organizar movilizaciones contra el deterioro de sus centros educativos, la falta de profesores, las deficiencias sanitarias y las condiciones que dificultan el aprendizaje. El movimiento se extendió a universidades y otras instituciones, hasta convertirse en una protesta de alcance nacional. Rémi Lebrun, integrante del partido Solidarité & Progrès, informó ante la Coalición Internacional por la Paz que las manifestaciones reflejan un malestar más profundo que la simple insuficiencia de recursos escolares. Según su interpretación, los jóvenes cuestionan la utilidad social de una educación que no garantiza posibilidades de empleo, participación productiva y realización personal.

La respuesta policial ha agravado extraordinariamente la confrontación. Las cifras divulgadas durante octubre superan los seis mil arrestos, mientras se investigan lesiones graves asociadas con el empleo de determinados dispositivos antidisturbios. También se han registrado heridas entre integrantes de las fuerzas de seguridad y personal escolar, lo que obliga a examinar la violencia desde una perspectiva integral. Lebrun ha establecido una diferencia conceptual respecto de las protestas de mayo de 1968. Mientras aquellas movilizaciones estuvieron vinculadas con transformaciones culturales, políticas y de las relaciones personales, los actuales estudiantes franceses reclaman condiciones elementales para aprender y construir un futuro profesional. La comparación no pretende reducir la complejidad histórica de ninguno de los dos movimientos, sino señalar que las exigencias de 2026 expresan una inquietud material sobre la continuidad de las instituciones responsables de reproducir las capacidades de la sociedad.

La coincidencia entre estas protestas y el incremento de las capacidades militares francesas adquiere una significación política inevitable. El 5 de octubre, Emmanuel Macron presenció el lanzamiento de prueba de un misil balístico M51.3 desde un submarino nuclear frente a la costa atlántica francesa. La maniobra fue presentada como una demostración de la credibilidad de la disuasión estratégica nacional. Paralelamente, Francia ha avanzado en proyectos de entrenamiento militar para pilotos ucranianos y en el reforzamiento de sus compromisos de defensa europeos. No se desprende automáticamente que cada euro invertido en defensa haya sido retirado del presupuesto educativo, pues las asignaciones responden a procesos fiscales complejos; pero existe un costo de oportunidad que ningún gobierno puede eludir. Cada Estado debe justificar la distribución de sus recursos entre protección militar, infraestructura, educación, salud y desarrollo productivo. Cuando los ciudadanos perciben un deterioro persistente de sus servicios esenciales mientras se anuncian inversiones estratégicas multimillonarias, la legitimidad de esas prioridades comienza a erosionarse.

El fenómeno se extiende más allá de Francia. En Italia, agricultores, pescadores y transportistas han protestado contra el costo del combustible y sus consecuencias para las actividades productivas, particularmente en regiones como Calabria. En Alemania, el malestar por la militarización, las perspectivas de nuevas obligaciones de servicio y las dificultades económicas se ha combinado con cuestionamientos a las políticas del gobierno. En España, la escasez de vivienda asequible y los desahucios han alimentado una indignación que los informes de EIR ejemplifican mediante el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuya historia adquirió resonancia en las movilizaciones. También se han registrado protestas y expresiones de solidaridad en Bélgica y Austria. Aunque sus causas inmediatas son distintas y sus protagonistas no conforman necesariamente un movimiento político unificado, existe una preocupación común sobre el deterioro de las condiciones de existencia y la distancia creciente entre las prioridades gubernamentales y las necesidades de la población.

La reacción de agricultores estadounidenses ante el encarecimiento del diésel muestra que semejante contradicción atraviesa también la base electoral de Trump. Los combustibles constituyen un componente indispensable de los costos agrícolas, del transporte de mercancías y de buena parte de la distribución alimentaria. Cuando su precio aumenta, las consecuencias se transmiten hacia sectores que carecen de instrumentos suficientes para trasladar íntegramente esos costos al consumidor. Las organizaciones agrícolas estadounidenses y mexicanas que han expresado su solidaridad con las movilizaciones europeas ilustran una posibilidad de cooperación internacional que no depende exclusivamente de las afinidades ideológicas de sus gobiernos. El productor que necesita energía asequible, crédito de largo plazo y transporte eficiente comparte determinados intereses materiales con trabajadores y empresarios de países situados fuera de las alianzas estratégicas de su Estado.

Brasil constituye otro escenario de esa disputa entre proyectos de desarrollo. Después de la primera vuelta presidencial del 4 de octubre, en la que Flávio Bolsonaro obtuvo aproximadamente el 47% de los votos válidos frente al 45% de Luiz Inácio Lula da Silva, movimientos estudiantiles y organizaciones juveniles comenzaron una movilización política dirigida a la segunda vuelta de hoy,  25 de octubre. Las manifestaciones convocadas en Río de Janeiro y Niterói han destacado la educación, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la autonomía nacional como asuntos centrales de la contienda. El Movimiento Internacional de Jóvenes del Instituto Schiller difundió una declaración de apoyo a la continuidad del proyecto de Lula, al que vincula con la participación brasileña en los BRICS y la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional. Esa posición representa una orientación política concreta, no una valoración compartida necesariamente por todo el electorado brasileño. Pero la importancia de la disputa trasciende las preferencias partidistas: una economía de las dimensiones de Brasil necesita decidir cómo financiar sus universidades, fortalecer su industria, preservar la investigación y relacionarse con los distintos centros de poder internacional sin perder su capacidad de decisión.

La cuestión del conocimiento científico conduce, además, a un terreno aparentemente distante de las confrontaciones comerciales y militares, pero estrechamente vinculado con ellas: la administración pública del riesgo sanitario. La muerte de una joven investigadora del Instituto contra la Peste de Irkutsk, el 2 de octubre, desencadenó informaciones alarmistas sobre un posible brote de peste neumónica en Rusia. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud confirmó posteriormente que las autoridades rusas no habían registrado casos de peste relacionados con el episodio, que las pruebas efectuadas entre los contactos no identificaron patógenos de alta peligrosidad y que no existía evidencia de una cadena de transmisión sostenida. La causa de la neumonía mortal permanecía sin determinar. La doctora Natalia Prego Cancelo ha utilizado este episodio para reclamar una comunicación periodística rigurosa, capaz de distinguir las hipótesis sanitarias de los diagnósticos confirmados y de explicar que la peste es una enfermedad bacteriana para la cual existen tratamientos antibióticos.

El episodio ilustra hasta qué punto el manejo de la información puede amplificar peligros no demostrados y condicionar las decisiones colectivas. Las reflexiones de Prego y de la doctora Karina Acevedo sobre las diferencias entre peste bubónica y neumónica, los mecanismos de transmisión y el número básico de reproducción apuntan a la necesidad de evaluar cada amenaza dentro de su contexto epidemiológico. Una enfermedad que causó mortandades extraordinarias durante la Edad Media no producirá necesariamente consecuencias equivalentes en sociedades con antibióticos, sistemas sanitarios, vigilancia epidemiológica y condiciones materiales diferentes. Al mismo tiempo, sería irresponsable negar los riesgos de la investigación con microorganismos peligrosos o descartar la necesidad de normas estrictas de bioseguridad. El financiamiento estadounidense de un candidato a vacuna recombinante contra la peste desarrollado con Dynavax, mediante un programa anunciado en 2021 por aproximadamente 22 millones de dólares, pertenece al campo de las contramedidas biomédicas frente a amenazas potenciales; su existencia no constituye evidencia de que el gobierno conozca un brote oculto. Una sociedad científicamente avanzada debe ser capaz de prepararse para amenazas posibles sin convertir cada incidente incierto en una crisis mediática.

Este principio puede extenderse a la totalidad de las relaciones internacionales. La credibilidad de las instituciones depende de su capacidad para distinguir conocimiento, hipótesis, propaganda y decisiones políticas. Cuando los gobiernos presentan como certezas amenazas todavía insuficientemente documentadas, debilitan la confianza pública. Cuando los movimientos críticos responden atribuyendo cualquier acontecimiento a conspiraciones cuya existencia no pueden demostrar, reproducen el mismo problema desde el extremo contrario. La racionalidad científica requiere procedimientos para comprobar afirmaciones, identificar errores y revisar conclusiones. Ese método resulta tan importante para investigar un brote sanitario como para evaluar la responsabilidad de servicios de inteligencia en un sabotaje, la procedencia de activos financieros sospechosos o la existencia de relaciones clandestinas entre organizaciones criminales y aparatos estatales.

LaRouche situaba esta exigencia intelectual en el centro de su concepción del desarrollo económico. Su crítica a los criterios de máximo beneficio financiero y mínimo costo inmediato no implicaba necesariamente rechazar los mercados, los avances empresariales o la rentabilidad de las inversiones, sino cuestionar que esos indicadores fueran suficientes para determinar las prioridades de toda una sociedad. Una infraestructura pública puede producir beneficios indirectos extraordinarios sin generar ingresos inmediatos equivalentes para la entidad que la financia. Un sistema universitario puede transformar la capacidad científica de un país durante generaciones sin ofrecer una ganancia comercial proporcional en el corto plazo. El desarrollo exige, por consiguiente, instituciones financieras capaces de movilizar crédito productivo hacia proyectos cuyos beneficios sociales superan los horizontes habituales de la especulación.

El antecedente histórico que EIR reivindica es la presidencia de Abraham Lincoln. En plena Guerra Civil estadounidense, las leyes ferroviarias del Pacífico de 1862, las leyes Morrill que impulsaron las universidades mediante concesiones de tierras, la legislación sobre propiedad familiar y las leyes bancarias nacionales contribuyeron a crear condiciones institucionales para la expansión del territorio económicamente integrado y el desarrollo de nuevas capacidades productivas. La emisión de billetes del Tesoro, conocidos como greenbacks, fue uno de los instrumentos utilizados para financiar el esfuerzo gubernamental, aunque no debe confundirse con una sustitución absoluta de todas las demás formas de endeudamiento. Lo decisivo reside en que aquellas medidas no esperaron pasivamente a que los mercados produjeran las condiciones del crecimiento: construyeron infraestructura, extendieron derechos de acceso a la tierra, fortalecieron instituciones educativas y reorganizaron instrumentos financieros. El resultado constituye una referencia histórica para pensar cómo un Estado puede crear capacidades económicas que previamente no existían.

Richard Freeman ha retomado este enfoque al estudiar lo que denomina el milagro económico de Lincoln, mientras EIR y el movimiento larouchista proponen recuperar la tradición del llamado Sistema Americano de economía política. Entre sus iniciativas figuran una reorganización del sistema financiero, la restauración de barreras institucionales entre ciertas actividades bancarias mediante principios asociados con la Ley Glass-Steagall y la creación de instrumentos de crédito nacional orientados a infraestructura, industria y ciencia. La dirigente estadounidense Diane Sare ha defendido, asimismo, la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos, Rusia, China e India que permita superar la confrontación entre las principales potencias nucleares y sentar las bases de una nueva arquitectura económica y de seguridad. Tales propuestas contienen elementos sujetos a debate técnico y político, pero plantean una cuestión ineludible: ¿puede una sociedad preservar indefinidamente un sistema de asignación de recursos que remunera extraordinariamente determinadas operaciones financieras mientras posterga inversiones indispensables para su reproducción material?

Helga Zepp-LaRouche ha identificado el momento actual como una confrontación entre dos paradigmas. El primero intenta conservar las relaciones de poder establecidas mediante sanciones, militarización, supremacía financiera y dominio de los mecanismos internacionales de decisión. El segundo reivindica una comunidad de naciones soberanas, organizada alrededor de la cooperación científica, el desarrollo económico y garantías de seguridad recíprocas. La formulación no significa que todos los países occidentales representen necesariamente el primer modelo ni que cada integrante del llamado Sur Global practique automáticamente el segundo. Las economías emergentes también presentan desigualdades, rivalidades geopolíticas, prácticas de concentración del poder y problemas ambientales. La multipolaridad, por sí sola, no garantiza justicia ni prosperidad. Su legitimidad dependerá de que las nuevas relaciones internacionales permitan mejorar efectivamente las condiciones de vida y reducir las posibilidades de conflicto.

El tránsito hacia un nuevo sistema internacional exige, además, reconocer que las estructuras heredadas no desaparecerán de manera uniforme. Una parte de las élites estadounidenses puede favorecer acuerdos selectivos con Rusia o China mientras otra insiste en preservar compromisos estratégicos tradicionales. Londres puede intentar organizar una coalición noratlántica más autónoma mientras las redes financieras vinculadas históricamente con la City extienden sus operaciones hacia Asia. Alemania puede conservar intereses empresariales en los mercados orientales mientras incrementa su presupuesto militar y redefine su modelo industrial. India puede cooperar energéticamente con Rusia sin renunciar a sus vínculos tecnológicos con Estados Unidos. China puede reivindicar un orden multipolar mientras protege sus propias ventajas manufactureras. Esa complejidad demuestra que el mundo emergente difícilmente podrá reducirse a una nueva división binaria entre Occidente y el resto de la humanidad.

En este punto adquiere especial importancia la hipótesis de una posible convergencia estratégica entre Washington, Moscú y Pekín, con la participación decisiva de Nueva Delhi. Las conversaciones en torno al combustible ruso muestran que incluso gobiernos enfrentados pueden reconocer intereses económicos compartidos. Los contactos sobre eventuales proyectos tecnológicos y energéticos entre estadounidenses y rusos sugieren posibilidades adicionales de cooperación, aunque todavía no constituyen un acuerdo general de seguridad. El obstáculo fundamental consiste en transformar esos arreglos coyunturales en instituciones capaces de limitar los incentivos a la confrontación y ofrecer garantías que no dependan exclusivamente de las decisiones personales de unos cuantos dirigentes. La reciente disposición de representantes rusos y estadounidenses a discutir proyectos de centros de datos alimentados mediante energía nuclear ilustra el potencial de colaboración que podría desarrollarse si las relaciones dejaran de estar dominadas por sanciones y conflictos militares.

Pero semejante transformación no podrá sostenerse únicamente mediante equilibrios entre grandes potencias. Una arquitectura internacional que intercambie zonas de influencia sin reconocer los derechos de las naciones más pequeñas reproduciría, bajo nuevas denominaciones, las prácticas que pretende superar. Las necesidades de seguridad de Ucrania, la independencia de los países europeos, la soberanía de las naciones latinoamericanas, las aspiraciones de desarrollo africanas y la autonomía de los Estados asiáticos deben formar parte del mismo problema. Un orden verdaderamente distinto no puede basarse en sustituir la primacía de Washington por otra concentración excluyente de poder. Su superioridad tendría que expresarse mediante instituciones más representativas, compromisos recíprocos y la ampliación efectiva del acceso a los medios materiales del progreso.

La crisis del orden euroatlántico se encuentra, en definitiva, ante una contradicción que ninguna operación militar, ningún arancel ni ningún algoritmo puede resolver por sí mismo. Sus dirigentes intentan conservar posiciones estratégicas mientras las estructuras económicas que deberían sostenerlas muestran signos de agotamiento. La inteligencia artificial promete ganancias extraordinarias de productividad, pero todavía debe demostrar que sus beneficios alcanzarán al conjunto de la sociedad. El incremento del gasto militar fortalece determinadas capacidades defensivas, pero también plantea costos de oportunidad difíciles de justificar cuando las instituciones educativas y los sistemas productivos requieren inversiones urgentes. Las sanciones y las restricciones comerciales pueden modificar la conducta de otros Estados, pero también generan nuevas dependencias y estimulan la formación de corredores alternativos. La concentración financiera ofrece instrumentos poderosos para movilizar capital, pero sus resultados sociales dependen de la naturaleza de las actividades que decide financiar.

El dilema histórico es, por consiguiente, más profundo que la supervivencia de una alianza militar o la derrota de un adversario geopolítico. Lo que está en disputa es el criterio mismo mediante el cual las sociedades determinan qué merece ser producido, financiado y preservado. Una economía de guerra puede multiplicar contratos, elevar determinados indicadores industriales y expandir capacidades tecnológicas sin construir necesariamente un futuro más habitable. Una reorganización financiera puede restaurar temporalmente la confianza de los acreedores sin resolver las insuficiencias materiales que limitan la productividad. Y un supuesto crecimiento impulsado por inversiones tecnológicas concentradas puede coexistir con la exclusión de una parte creciente de la población.

La respuesta exige recuperar una concepción del desarrollo en la que el progreso científico, la energía abundante, la infraestructura moderna, la producción industrial, la salud pública y la educación sean entendidos como fundamentos interdependientes de la prosperidad. El desafío no consiste en escoger entre tecnología y bienestar, entre soberanía y cooperación o entre seguridad y desarrollo, sino en construir instituciones capaces de hacer compatibles esos objetivos. La energía debe servir para producir, transportar y mejorar la vida; la ciencia, para ampliar el conocimiento y resolver problemas; el crédito, para financiar capacidades futuras; y la diplomacia, para impedir que las rivalidades políticas destruyan aquello que generaciones enteras han construido.

La antigua Euroatlántica puede intentar reorganizar su dominio financiero, reconstruir sus alianzas militares o fragmentarse en proyectos competidores. Las potencias emergentes pueden avanzar hacia nuevas asociaciones comerciales y energéticas o reproducir sus propias formas de subordinación. Ninguno de esos resultados garantizará, por sí solo, un progreso histórico. La medida decisiva será otra: cuántas personas podrán estudiar, trabajar, producir, desarrollar sus capacidades y contribuir a elevar las condiciones de vida de quienes vendrán después. En ese sentido, la pregunta planteada por LaRouche vuelve a situarse en el centro de la política mundial. El verdadero crecimiento no se encuentra en el volumen de dinero que una sociedad consigue movilizar para preservar su poder, sino en la magnitud de las posibilidades humanas que es capaz de crear. La supervivencia de un orden internacional depende de su fuerza; su legitimidad histórica, de aquello que hace posible para la humanidad.

José Luis Preciado
(Visto en https://mentealternativa.com/)