A raíz de la falsa pandemia, los gobiernos de prácticamente todo el mundo se han lanzado a impulsar multitud de leyes, que atacan deliberadamente la libertad y el bienestar de las personas, a una escala nunca antes vista.
Los hechos que estamos viendo en nuestro país (inmigración descontrolada consentida, ideología de género hasta en la sopa, censura disfrazada de control de la información, etc.) no son acontecimientos aislados impulsados por nuestro gobierno “progre”, sino que forman parte de un mismo proceso a escala mundial.
Si hacemos un ejercicio de memoria, veremos que en los últimos cuatro años el mundo ha cambiado tan rápidamente que casi ha llegado a ser irreconocible.
Todo empezó en diciembre de 2019, cuando un médico de Wuhan, China, vio cuatro casos de neumonía estereotipada y los catalogó de “misteriosos”. Entonces, un virólogo empezó a buscar algo que no tenía motivos para pensar que existiera y “casualmente” lo encontró: el virus SarsCov-2, que dio origen a la enfermedad Covid-19 y, por ende, a la falsa pandemia y la “nueva normalidad”.
La narrativa de la “pandemia”, según la OMS, fue la siguiente: “El Covid-19 puede parecer y actuar como la gripe, pero en realidad es especial y diferente”. ¡Sí señor, con dos cojo***!
Está claro que cuando inventas una nueva enfermedad, que es idéntica a una existente, debes anunciarla con bombo y platillo. Y eso fue lo que hicieron: la anunciaron, la secuenciaron, pusieron en marcha los test PCR para diagnosticarla y le dieron el nombre de Covid-19. Y todo en menos de un mes.
Luego pusieron en marcha la “nueva normalidad”: un proyecto globalista mundial, para controlar hasta el último movimiento y pensamiento de cada individuo en este planeta.
Desde entonces, nuestros gobiernos están en guerra contra todo lo anterior a la “nueva normalidad”. Están en contra del dinero en metálico, los alimentos naturales, la energía barata, los coches de gasolina y gasoil, la propiedad privada, la libertad de expresión y un larguísimo etcétera.
Pero el invento más ingenioso salido de la “nueva normalidad”, que además lo abarca todo, es el “delito de odio”; vamos, la cuadratura del círculo.
Creo que ya he dicho en alguno de mis artículos que tanto el odio como el amor son sentimientos que no se deben enjuiciar. Por lo tanto, no se puede hacer una ley que penalice el odio convirtiéndolo en un delito. El delito sería agredir a alguien porque se le odia. Evidentemente, el delito está en la agresión, no en el sentimiento (en este caso el odio). Por consiguiente, el “delito de odio” no es más que otra burda manipulación del lenguaje para convertirlo en una herramienta de control y represión.
Como ya habrán observado algunos de mis seguidores, Google acaba de cerrar mi blog, “pepeluengo.blogspot.com”, en el que llevaba publicando artículos desde el año 2012. Su justificación, que el contenido vulnera las normas de la comunidad blogger. ¿Y qué normas son esas? Pues son unas normas tan amplias y tan ambiguas que lo abarcan todo: contenido para adultos pernicioso; exploración y abuso sexual infantil; acoso sexual; extorsión sexual; actividades peligrosas e ilegales; hostigamiento; acoso y amenazas; incitación al odio; suplantación de identidad; difundir información falsa; divulgar contenido engañoso relacionado con teorías de la conspiración; incitar a prácticas sanitarias, educativas o científicas perjudiciales y un largo etcétera. En definitiva, lo que dice Google es: “te cierro el blog porque no me gusta el contenido, y punto”.
Naturalmente, he hecho la correspondiente reclamación pidiendo explicaciones de por qué se ha cerrado mi blog. Y, tal y como sospechaba, la respuesta ha sido: “Tu contenido ha infringido nuestra política de MISLEADING_INFO”. O sea, que según Google (poseedor de la verdad absoluta) difundo información engañosa que puede llevar a la incitación al odio.
Es evidente que el “delito de odio” es tan ambiguo que se puede aplicar a cualquier cosa. Por lo tanto, se ha convertido en la herramienta perfecta para acallar, juzgar y condenar a cualquiera que se salga de lo “políticamente correcto”, como en mi caso.
Seamos serios. Si bien el Estado puede sancionar los actos vandálicos de los ciudadanos, no debe, de ninguna de las maneras, sancionar sus ideas, pensamientos o sentimientos. Porque, vamos a ver, ¿quién puede definir la frontera entre la conducta legal y la delictiva del odio? Nadie, pues es imposible distinguir de manera objetiva e indiscutible lo que es ofensivo de lo que no lo es, pues todo depende de la sensibilidad de cada persona.
Está claro que si eres un buen ciudadano, estás de acuerdo con el gobierno, obedeces escrupulosamente sus mandatos y repites como un mantra su propaganda no tienes nada que temer. Ahora bien, si se te ocurre poner en duda alguna de esas nuevas ideologías que han proliferado como setas, criticar la actuación del gobierno en materia de inmigración ilegal o tener pensamiento crítico automáticamente te conviertes en un delincuente de odio.
Sin embargo, si cualquier poder fáctico es el que te insulta, te cataloga como un ser repugnante al que hay que aislar, marcar como a los judíos durante el holocausto o hacerte la vida imposible, eso no es “delito de odio”, eso es por el bien de todos, tal y como vimos durante la falsa pandemia.
Lo soez, la grosería, la insolencia, la falta de tacto o la mala educación pueden merecer -y de hecho lo merecen- el reproche social, pero nunca un castigo penal. Y es que el pensamiento solo se puede combatir con otro pensamiento, no con castigos ni prohibiciones.
Estamos asistiendo a un auténtico disparate. Sin embargo, la verdadera tragedia aquí es que a nadie parece importarle. Y es que la gente está tan inmersa en su rutina cotidiana, que no es consciente de que se está jugando la poca libertad que aún le queda.
¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente no reacciona? ¿Por qué traga todo lo que le echen? No sé si a más personas les ocurrirá lo mismo que a mí, pero últimamente llevo observando que algo le falta a la gente. Es como si le hubieran robado algo que tenía antes del Covid-19. O dicho de otro modo, como si el Covi-19 nos hubiera convertido a todos en una manada de zombis.
Cuando hablas con la gente, la inmensa mayoría está cansada de tanta tiranía y ansía un mundo donde reine la honradez, la libertad, la paz, el amor y la alegría. Pero para llegar a eso debemos implicarnos y no escondernos. Y yo me pregunto, ¿para cuándo lo vamos a dejar?
En España la corrección política exige criticar siempre al candidato republicano en las elecciones de EEUU. Sin embargo, el rigor y la verdad demandan un análisis un poquito más profundo. Como abordé en mi anterior artículo, la cuestión de fondo de estas elecciones es saber qué candidato plantará cara al poder desbocado del Deep State (o complejo militar-industrial, sobre el que nos advirtió Eisenhower), que se ha convertido hoy en una grave amenaza para el proceso democrático y para la libertad de expresión en EEUU.
Pero comprender bien lo que está en juego exige recordar qué ha ocurrido en aquel país desde la llegada de Trump. Lo que van a leer es la historia fidedigna de lo acontecido, y es muy diferente de lo que han leído en los medios. La diferencia estriba en que esta historia está basada en hechos reales.
El Deep State le declara la guerra a Trump
Ante la inesperada victoria de Trump en 2016, el Deep State, que durante los anteriores ocho años había tenido una fácil cohabitación con un presidente que se limitaba a admirarse en su espejito mágico, reaccionó rápidamente: si no había podido impedir la llegada al poder de quien consideraba un incontrolable outsider, al menos paralizaría su acción de gobierno. Con este objeto, supo tejer una pegajosa telaraña de mentiras que obligó a Trump a estar a la defensiva durante su primer mandato impidiéndole desarrollar su pretendida política de distensión con Rusia, que tanto bien habría hecho al mundo, pero que el Deep State consideraba una amenaza existencial. En efecto, si Rusia dejaba de ser un país enemigo perdería una parte importante de su misión, presupuesto y poder. Ello también afectaría a la OTAN, convertida tras la desaparición del Pacto de Varsovia en un simple mercado cautivo para la industria armamentística norteamericana, es decir, en un puro negocio centrado en la búsqueda de nuevos clientes (o países miembros, como creo que se les llama) y basado en mantener vivo al fantasma de la amenaza “soviética”.
La falsa colusión con Rusia: una caza de brujas
El arma principal que utilizó el Deep State para paralizar a Trump fue pregonar, con el apoyo entusiasta de los medios, una supuesta colusión de éste con Rusia. El «complot Trumputin» se convirtió en el relato oficial, aunque ya en 2017 mis lectores sabían que «la supuesta colusión entre el gobierno de Rusia y Trump es tan creíble como las armas de destrucción masiva de Irak, es decir, una patraña, una invención, una infantilidad, una estupidez, humo». Años después, tuvimos la confirmación oficial: sendas investigaciones realizadas por dos fiscales especiales concluyeron que todo había sido un completo bulo.
El primer fiscal especial, Robert Mueller, había sido director del FBI durante 12 años bajo dos presidentes de distinto signo. Era, por tanto, «uno de los nuestros» para el Deep State, alguien que «removería cielo y tierra» para conocer la verdad. ¿Había habido un complot entre el gobierno de Rusia y Trump? Tras dos años de exhaustiva investigación, el informe Mueller concluyó de mala gana que no. Según el resumen que hizo el entonces fiscal general Barr, «la investigación no ha encontrado que ningún miembro de la campaña de Trump ni ningún ciudadano norteamericano conspirara o se coordinara con el gobierno de Rusia en actividades de interferencia en las elecciones». Tampoco encontró «ninguna conspiración para violar la ley de EEUU por parte de personas ligadas a Rusia o de ninguna persona asociada a la campaña de Trump». Todo había sido un invento.
Un FBI politizado
Pero además de la acusación de colusión, a Trump le acusaron de un supuesto delito de obstrucción a la justicia, sospecha creada por el director del FBI James Comey tras ser defenestrado por el presidente. Sobre esta acusación, absurda si no había habido un delito previo de colusión, el dictamen de Mueller fue deliberadamente ambiguo, posiblemente para no dejar en mal lugar a su amigo Comey: «Aunque este informe no concluye que el presidente Trump cometió un delito, tampoco lo exonera». Esta ajurídica conclusión que, sin encontrar indicios de delito, obvia la presunción de inocencia, llevaría al fiscal general Barr a sentenciar que Trump tampoco había intentado obstruir la acción de la justicia.
Posteriormente, una auditoría de la actuación del FBI llevada a cabo por el fiscal especial Durham revelaría que todo había sido una caza de brujas. El FBI «no había respetado su importante misión de mantener una estricta fidelidad a la ley» y había tratado de forma distinta a Hillary Clinton y a Donald Trump. Asimismo, las intrusivas órdenes de vigilancia física, telefónica y electrónica de miembros de la campaña Trump fueron forzadas por el lenguaje manipulador de un abogado del FBI que habría cometido «una infracción penal». Durham también denunció que el FBI continuó con dicha vigilancia a pesar de que ya entonces creía que «no existía causa probable para creer que el objetivo estaba participando a sabiendas en actividades clandestinas de inteligencia en nombre de una potencia extranjera». Finalmente, el FBI también habría omitido «información exculpatoria significativa que debería haber impulsado el reexamen de la investigación».
El Deep State sale del armario
El prestigio del FBI recibió otro varapalo en agosto de este año, cuando, en una carta al Departamento de Justicia, Mark Zuckerberg, presidente de Meta, acusó al gobierno Biden de haberle «presionado» para censurar contenidos del covid (muchos de los cuales se comprobaron veraces) y al FBI de advertirle de forma engañosa sobre una supuesta campaña de desinformación rusa sobre Biden y su familia poco antes de la aparición de la noticia del contenido de un portátil del hijo de Biden, que Facebook habría censurado erróneamente por ese motivo.
La prensa, cómo no, silenció esta carta. Algunos medios mencionaron el párrafo sobre el covid, pero callaron el siguiente sobre la acusación al FBI.
El portátil de Hunter Biden no sólo mostraba explícitamente la adicción del hijo del presidente a la droga, la prostitución y el sexo, sino que «Hunter Biden había utilizado la posición y la influencia de su padre, el ahora presidente Joe Biden, en beneficio propio con el aparente conocimiento del presidente», tal y como resumió el Comité de Inteligencia del Congreso de los EE.UU.. Pues bien, a pesar de la absoluta veracidad de la historia del portátil de Hunter Biden, 51 exfuncionarios de inteligencia (incluyendo exdirectores de la CIA y de la NSA) intentaron desacreditarla para que no perjudicara la campaña de Biden asegurando en una declaración pública que tenía «todas las características clásicas de una operación de información rusa». Algunos de los firmantes seguían en nómina de la CIA. ¿Y algunos aún creen que el Deep State no participa en las elecciones?
Todo lo mencionado pone de manifiesto que el principal papel que ha jugado Donald Trump en la política norteamericana no ha sido su trascendente papel provida, al lograr una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, ni tampoco su afán desregulador o su crítica a la estafa climática y al globalismo de la corrupta OMS, sino el hecho de obligar al Deep State a salir a la luz por primera vez en la historia.
Biden recibe una oferta imposible de rechazar
Durante la presidencia de Biden, que posiblemente no sabía ni lo que firmaba, el Deep State logró el cénit de su poder y se juramentó para evitar a toda costa la vuelta de Trump. Para ello intentó intimidarle con una serie de ofensivas judiciales ad hominem basadas en conductas artificialmente exageradas. Resulta dudoso que, de ser el acusado otra persona, se hubiera puesto en marcha ningún proceso. Sin embargo, Trump no se arredró, y sus procesos judiciales ―alguno de los cuales está pendiente de sentencia― fueron arrastrados por el viento, algo lógico, dada su liviandad.
Una vez quedó claro que Trump iba a presentarse y que las encuestas le daban ganador, el Deep State y la otra parte interesada, el Partido Demócrata, hicieron lo imposible por lograr que Biden dejara paso a otro candidato. Aprovecharon su penosa actuación en un debate para evidenciar un deterioro cognitivo que llevaba años siendo más que evidente para cualquiera que tuviera ojos, y ocultaron la razón real, que era simplemente que las encuestas le mostraban como claro perdedor. Sin embargo, no contaban con la arrogancia de Biden, su adicción al poder y su miedo a que las dudosas actividades económicas de su familia pudieran ser objeto de escrutinio público.
Por ello se aferró de tal modo a la presidencia que hizo falta un golpe de Estado palaciego muy poco democrático para “convencerle” de que no debía presentarse a la reelección. Así, en unos días en los que se mantuvo aislado y encerrado en su casa de Delaware por un supuesto covid, Biden probablemente recibió «una oferta que no podía rechazar» y, tras sólo cuatro años en el poder y tras ganar las primarias de su partido, comunicó que no se presentaría (algo sin precedentes en la historia de EEUU) un día después de haber asegurado exactamente lo contrario. De forma ciertamente opaca, utilizó para renunciar un texto de su cuenta de Twitter en vez de hacerlo en persona, como habría sido lógico. De forma más extraña aún, en dicho texto no anunció su apoyo a Harris, lo que hizo la misma cuenta 24h después. De forma elocuente, Obama tardaría cinco largos días en apoyar públicamente a Harris.
La probable victoria de Trump
Y así llegamos a las vísperas de unas elecciones sobre las que parece obligado realizar un innecesario pronóstico, pues basta con esperar unos días para conocer los resultados. En mi opinión, Trump ganará. Estos son mis argumentos.
Primero, Kamala Harris es una mala candidata elegida sólo porque no había tiempo ni consenso para elegir otro. Por distintas razones, varios medios afines han decidido no respaldarla explícitamente, como el Washington Post, que no va a apoyar a ningún candidato por primera vez en 36 años. Esto tiene mérito, pues sólo el 3% de los periodistas norteamericanos se identifica como republicano (en España, el porcentaje será inferior, aunque en el gremio no sepan muy bien lo que es un porcentaje).
Harris siempre fue una vicepresidenta de doble cuota (por sexo y raza), y ha sido siempre muy impopular, sea por su izquierdismo radical, por su insondable vacío intelectual o porque no transmite confianza. Cuando se retiró de las primarias del 2020 que ganaría Biden, Harris se encontraba en sexta posición con sólo un 3,9% de apoyo de votantes de su partido, y una vez en el poder las encuestas han mostrado repetidas veces que ha sido la vicepresidenta más impopular de la historia de EEUU. Esta impopularidad sólo se vio frenada cuando Biden fue forzado a retirarse, pues el factor novedad y el apoyo entusiasta de los medios de comunicación contrarios a Trump (casi todos) aupó temporalmente a Harris en las encuestas. Sin embargo, los medios están hoy muy desacreditados (el 70% de los norteamericanos desconfía de ellos, con razón), y el bluf dependía de mantener a la candidata escondida del ojo público. El tiempo jugaba en su contra. Ahora el soufflé ya se ha desinflado, como pronosticaban no pocas voces de su propio partido.
En segundo lugar, en estas elecciones no existe la brutal censura que existió en el 2020 para favorecer a Biden. Por cierto, el hecho de que existiera una censura destinada a favorecer al líder de la oposición y no al presidente en ejercicio supone otro indicio más de la existencia de un Estado dentro del Estado. Cuatro años más tarde Twitter es de nuevo una red social libre gracias a ese gran defensor de la libertad de expresión llamado Elon Musk (que apoya a Trump), y Facebook ha decidido ser más prudente tras entonar su mea culpa de agosto.
Dos extraños intentos de asesinato
Otro factor que va a influir en las elecciones es el valor demostrado por Trump tras sobrevivir a su primer atentado, resumido en su icónica imagen, desafiante, con sangre en la cara y el puño en alto. El hecho de sufrir no uno sino dos intentos de asesinato, y las circunstancias que rodean a ambos, resulta extraño: los medios han corrido rápidamente un tupido velo y seguimos sin conocer los motivos de los autores ni ningún detalle sobre sus vidas pasadas. Tampoco sabemos cómo llegaron tan cerca de Trump.
Respecto al primer atentado, cualquiera que conozca de cerca cómo funciona el Servicio Secreto estará de acuerdo en que tal fallo de seguridad resulta difícil de creer. La entonces directora del Servicio Secreto, tan woke como incompetente, esgrimió que en aquel tejado no había agentes «porque estaba inclinado», declaraciones ridículas y, por tanto, poco aclaratorias. Fue obligada a dimitir. Tampoco despejaron las dudas las politizadas declaraciones del director del FBI, que defendió que no estaba claro si lo que hirió a Trump en la oreja fue una bala o un trozo de cristal (declaraciones que el propio FBI se vio obligado a desmentir a las pocas horas). El hecho es que Trump tenía una protección claramente deficiente y que los motivos de que así fuera son turbios, pues había solicitado repetidas veces mayor seguridad y se le había denegado. Asimismo, se le denegó protección del Servicio Secreto al candidato independiente Robert Kennedy (que acabó apoyando a Trump) a pesar de solicitarlo en seis ocasiones.
Por otro lado, el segundo intento de atentado también genera interrogantes: ¿cómo sabía el tirador, que no era local, que Trump iba a jugar al golf en ese club ese día? No nos han dado ninguna respuesta y el caso se ha enterrado con igual rapidez, pero el hecho es que, de no ser por la profesionalidad de un agente del Servicio Secreto, pocos minutos después el tirador habría tenido un blanco sencillo.
La sombra del 2020
Otra cuestión que marca una diferencia con las elecciones del 2020 es la inexistencia de agitación en las calles como la de Black Lives Matter. Este movimiento típicamente marxista, supuestamente surgido a raíz del homicidio de un hombre negro por parte de un policía blanco, no tenía nada de espontáneo y desapareció mágicamente el día que Biden ganó las elecciones. Ahora su fundadora ha sido acusada de usar como vivienda personal una mansión comprada gracias a las ingenuas donaciones recibidas por su movimiento (comportamiento típicamente marxista).
Pero quizá el elemento que más apunta a una victoria de Trump es la motivación de una gran masa electoral que cree que en el 2020 hubo fraude. En efecto, más del 36% de los norteamericanos cree que las elecciones del 2020 fueron fraudulentas y que Biden ganó ilegítimamente, y no les culpo. Los resultados definitivos tardaron semanas en conocerse, y en estados clave se dieron vuelcos estadísticamente extraños (de una probabilidad a priori enormemente baja), por lo que la duda es racional y no fruto de ninguna fiebre conspiratoria. No debe sorprender, por tanto, que las más recientes encuestas muestren que casi el 60% de los norteamericanos (y el 88% de los republicanos) están preocupados por la posibilidad de que también pueda haber fraude electoral en estas elecciones. No obstante, la existencia de un precedente disminuye la probabilidad de que se repita, y el voto por correo, punto flaco de cualquier proceso electoral (al no garantizarse la cadena de custodia) ha vuelto a niveles normales tras doblarse en 2020 por el covid.
Finalmente, la Administración Biden-Harris ha sido muy mediocre en todo salvo en su agresiva promoción de la barbarie woke, y la población le culpa de la empobrecedora inflación post-covid, la mayor en los últimos 40 años, y del increíble aumento de la inmigración ilegal, causada en gran medida por la derogación de varias órdenes ejecutivas de Trump. Se calcula que en los últimos cuatro años han podido entrar ilegalmente en EEUU entre 10 y 20 millones de personas, más del triple que durante la presidencia de Trump.
Termino recordando que estas elecciones son entre Trump y “Deep State” Harris y no entre Trump y la Madre Teresa de Calcuta, como parecen creer algunos que se centran en críticas ad hominem de uno solo de los candidatos. En EEUU (al contrario que en España) sí hay diferencias acusadas entre ambas alternativas. Como han entendido muchos, Trump significa menos regulaciones y menos impuestos, una reversión de la perversa ideología woke, un freno al globalismo de Davos, con su estafa del cambio climático y su intento de golpe de Estado de la OMS y, ante todo, una defensa de la libertad de expresión y una contención del poder del Deep State. Harris personifica exactamente lo contrario. Quizá por ello, el respetado historiador británico Niall Ferguson ha escrito que Harris supone una mayor amenaza para la democracia que Trump, en EEUU y en el resto del mundo.
Por todo ello, a pesar de los obvios defectos de Trump, de sus jactanciosos simplismos en política exterior, de su afán proteccionista y de su imprudente expansionismo fiscal (algo que comparte Harris), reconozco que, si fuera norteamericano, tendría meridianamente claro a quién votar la semana que viene.
El derribo de las presas tiene un objetivo claro. Ningún gobierno, y mucho menos las empresas multinacionales quieren nuestro bien. Políticos a los que el pueblo les importa un bledo, incompetentes elevados hasta los puestos más altos, y un pueblo saqueado a manos llenas al que no se da nada. Los miles de millones de pérdidas y las vidas humanas fallecidas en Valencia les dan absolutamente igual.
Lo que hizo Franco debe ser destruido, aunque cueste vidas. Luego lo que pase se atribuye al cambio climático y que nadie dude de que colará
Las barreras que han eliminado son justamente las que te protegen, pero re- cuerda que salvar vidas y proteger a los débiles es de fachas. Darwin wins.
¿Qué justificación tienen estas medidas irracionales? No, ... es igual, tú no te hagas preguntas y vótales, que es lo que se supone que debes hacer. Se votonto y no ciudadano informado
Pilar Esquinas, abogada experta en Derecho de Aguas y Presidenta de AGUAIURIS, nos presenta la realidad que hay detrás del sistemático derribo de presas que se está llevando a cabo en España y a nivel mundial.
Todos hemos podido comprobar cómo, después de 2020, se ha ido sucedido una crisis detrás de otra, en todas las vertientes relevantes en nuestra sociedad; crisis sanitaria; crisis económica; crisis climática; guerra en Europa … todas tienen que ver con el control de los recursos naturales, quieren doblegarnos con la escasez. Pilar Esquinas, para el documental «The Blue Dot», nos ofrece un certero resumen de lo que están haciendo para controlar el agua. ¿Cómo podemos estar tan ciegos?, los medios de comunicación usan su poder hipnótico contra nosotros, por eso es necesario contrarrestar ese influjo y difundir siempre este tipo de información.
El agua de los españoles entregada por los Gobiernos del Sistema Masónico Liberal al control de las multinacionales capitalistas.
Nuestros políticos durante décadas han entregado a grandes fondos de inversión y multinacionales el agua que antes estaba bajo el control de las Administraciones. Si entregamos un elemento básico para la vida para pagar por él, la sociedad ha elegido el camino del suicidio.
P.D.: Pese a lo urgente de la situación que vive España y la rabia que produce saber a nuestros compatriotas de la región levantina desasistidos por una clase política insensible, ventajista e inmoral, el blog no renuncia a ejercer mañana, como todos los primeros de mes, el pequeño acto psicomágico de "desengancharse" de la actualidad inmediata para publicar exclusivamente entradas positivas, humorísticas o inspiradoras, que ojalá sean algún día las únicas a las que tenga sentido dar cabida en este espacio.
La entrada publicada ayer con el título LA CATÁSTROFE OCURRIDA EN VALENCIA DEMANDA AYUDA INMEDIATA A LOS AFECTADOS servirá de tablón para publicar iniciativas ciudadanas de recogida de ayuda para los afectados por las inundaciones y dar cauce a la explosión de apoyo y solidaridad que nos está uniendo a quienes sufren la devastación desatada.
Que no les falte nuestro respaldo, nuestro cariño y nuestro acompañamiento en estas horas de desolación.
Pfizer sabía, tres meses después de su lanzamiento en diciembre de 2020, que las inyecciones no funcionaban para detener la COVID-19. Usando las palabras de Pfizer dijeron: “falla de la vacuna” y “falta de eficacia”. Uno de los “eventos adversos” más comunes en los documentos de Pfizer es, justamente, contraer el “COVID-19”.
Pfizer sabía que los materiales de la inyección (nanopartículas lipídicas, una grasa industrial, recubiertas de polietilenglicol, un subproducto del petróleo; ARN mensajero; y proteína pico o Spike) no se quedaban en el músculo deltoides, como afirmaban todos los portavoces, sino que se dispersaban por todo el cuerpo en 48 horas “como un disparo de escopeta”, como dijo uno de los autores, el Dr. Robert Chandler; atravesaban todas las membranas del cuerpo humano (incluida la barrera hematoencefálica) y se acumulaban en el hígado, las glándulas suprarrenales, el bazo, el cerebro y, si se es mujer, en los ovarios. El Dr. Chandler no vio ningún mecanismo por el cual esos materiales salieran del cuerpo, por lo que cada inyección parece acumular más de esos materiales en los órganos.
Pfizer contrató a 2.400 empleados a tiempo completo para ayudar a procesar “el gran aumento de informes de eventos adversos” que se envían a la base de datos de seguridad mundial de la compañía.
El 28 de febrero de 2021, apenas noventa días después de la distribución pública de su inyección contra COVID, Pfizer ya sabía que su inyección estaba relacionada con una gran cantidad de efectos adversos. Lejos de ser “escalofríos”, “fiebre” o “fatiga”, como afirmaron los CDC y otras autoridades que eran los efectos secundarios más preocupantes, los efectos secundarios reales fueron catastróficamente graves.
Muertes y Efect. Adversos reportados en VAERS y Eudravigilance Ver Fuente año 23 – Fuente año 21
En la investigación posterior a la comercialización en los propios documentos de Pfizer, se registraron 1.223 muertes sin precedentes, después de la inyección en menos de 90 días. Con esta cantidad de muertes, la inyección debería haberse retirado inmediatamente del mercado en diciembre de 2020.
Entre estos efectos secundarios se encuentran la muerte (que Pfizer sí incluye como “evento adverso grave”). Como vemos en el gráfico arriba, se produjeron más de 1233 muertes en los primeros tres meses de comercialización del supuesto medicamento.
La inyección contra Covid causó cientos de efectos graves: lesión hepática; eventos adversos neurológicos; parálisis facial; lesión renal; enfermedades autoinmunes; sabañones (una forma localizada de vasculitis que afecta los dedos de las manos y de los pies); síndrome de disfunción orgánica múltiple (cuando más de un sistema orgánico falla a la vez); activación de infecciones latentes por herpes zóster; lesiones en la piel y las membranas mucosas; problemas respiratorios; estructura pulmonar dañada; insuficiencia respiratoria; síndrome de dificultad respiratoria aguda (una lesión pulmonar en la que el líquido se filtra de los vasos sanguíneos al tejido pulmonar, lo que causa rigidez que dificulta la respiración y causa una reducción del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono); y SARS (o SARS-CoV-1, que no se había visto en el mundo desde 2004, pero aparece en los documentos de Pfizer como un efecto secundario de las inyecciones).
Se registraron miles de personas con dolor articular de tipo artrítico, uno de los efectos secundarios más comunes. Otros miles con dolor muscular, el segundo más común. Luego, enfermedades de la sangre a escala industrial: coágulos sanguíneos, coágulos pulmonares, coágulos en las piernas; trombocitopenia trombótica, una enfermedad de coagulación de los vasos sanguíneos; vasculitis (la destrucción de los vasos sanguíneos por inflamación); tasas astronómicas de trastornos neurológicos: demencias, temblores, Parkinson, Alzheimer, epilepsias. Terribles afecciones de la piel. Una plétora florida de problemas cardíacos: miocarditis, pericarditis, taquicardia, arritmia, etc. La mitad de los eventos adversos graves relacionados con el hígado, incluida la muerte, se produjeron dentro de las setenta y dos horas posteriores a la inyección. La mitad de los accidentes cerebrovasculares se produjeron dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la inyección.
Pero lo que realmente surgió de los primeros cuarenta y seis informes fue el hecho de que, aunque el COVID es aparentemente una enfermedad respiratoria, los artículos no se centraban en los pulmones o las membranas mucosas, sino que se centraban, de manera inquietante y constante, en la alteración de la reproducción humana.
Cuando la inyección de Pfizer se puso a disposición del público, el gigante farmacéutico sabía que mataría bebés y dañaría significativamente la reproducción de mujeres y hombres. El material de los documentos deja en claro que dañar la capacidad de los seres humanos para reproducirse y causar abortos espontáneos de bebés «no es un error, es una característica».
Pfizer les dijo a los hombres vacunados que usaran dos métodos anticonceptivos confiables o que se abstuvieran de tener relaciones sexuales con mujeres en edad fértil. En su protocolo, la compañía definió la “exposición” a la inyección como el contacto piel con piel, la inhalación y el contacto sexual.
Pfizer apareó ratas hembras vacunadas y ratas macho “no tratadas”, y luego examinó a esos machos, hembras y sus crías en busca de “toxicidad” relacionada con la vacuna. Basándose en solo cuarenta y cuatro ratas (y ningún humano), Pfizer no declaró resultados negativos para “… el desempeño del apareamiento, la fertilidad o cualquier parámetro ovárico o uterino… ni en la supervivencia, el crecimiento o el desarrollo embriofetal o posnatal”, lo que implica que su inyección COVID era segura durante el embarazo y no dañaba a los bebés.
Pfizer sabía desde hace años que las nanopartículas lipídicas degradan los sistemas sexuales, y Amy Kelly descubrió que las nanopartículas lipídicas, de las que las nanopartículas lipídicas son un subtipo, atraviesan la barrera hematoencefálica y dañan las células de Sertoli, las células de Leydig y las células germinales de los varones.
Esas son las fábricas de la masculinidad, que afectan a las hormonas que convierten a los chicos en adolescentes en hombres, con voces profundas, hombros anchos y la capacidad de tener hijos. Por lo tanto, no tenemos idea de si los bebés varones nacidos de madres vacunadas se convertirán en adultos reconociblemente masculinos y fértiles.
Pfizer enumeró los daños menstruales que sabía que estaba causando a miles de mujeres, y los daños van desde mujeres que sangran todos los días, hasta tener dos períodos al mes, o ningún período en absoluto; mujeres que sufren hemorragias y expulsan tejido; hasta mujeres menopáusicas y posmenopáusicas que comienzan a sangrar de nuevo. Los científicos de Pfizer observaron y anotaron todo con calma, pero no se lo dijeron a nadie.
Los bebés sufrieron y murieron. En una sección de los documentos, más del 80 por ciento de los embarazos posteriores terminaron en aborto espontáneo. En otra sección de los documentos, dos bebés recién nacidos murieron y Pfizer describió la causa de la muerte como “exposición materna” a la inyección.
Pfizer sabía que los materiales de la inyección entraban en la leche materna de las madres vacunadas y envenenaban a los bebés. La leche materna de cuatro mujeres se volvió “azul verdosa”. Pfizer elaboró un cuadro de bebés enfermos, que enfermaron por la lactancia materna de madres vacunadas, con síntomas que iban desde fiebre hasta edema (inflamación de la piel), urticaria y vómitos. Un pobre bebé tuvo convulsiones y fue llevado a urgencias, donde murió por una insuficiencia multiorgánica.
- Abolición de la propiedad privada.
(No tendrás nada pero serás feliz)
- Guarderías y escolarización obligatoria.
(Adoctrinamiento, nuestros hijos no sabrán pensar por sí mismos)
- Destrucción de la unidad familiar.
(Aumento de la división entre el hombre y la mujer con los movimientos feminazis)
- Dependencia total del gobierno.
(Paguita universal para todos)
- Sociedad sin dinero en efectivo y crédito social.
(CBDC, monedas digitales de banco central, programables y controladas por los gobiernos por si te portas mal)
La agenda 2030 pretende reproducir a nivel mundial el escenario colectivista impuesto por el comunismo chino, verdadero modelo de los delirios totalitarios del Fondo Económico Mundial.
La red de vigilancia que posibilitará esta aberración ya está lista para ser usada ("La pusieron a prueba durante la pandemia"), como denuncia el abogado W. Scott McCollough: "Y todo lo que hará falta, porque ya está ahí (...) es accionar un interruptor para encender algo como la Moneda Digital Central", detalló.
"Negarse a aceptar dinero en efectivo, pulsar un interruptor, encender CBDC. Dale a un interruptor: la puerta de Walgreens está cerrada. Dale a un interruptor; cuando salgas de tu área de 11 millas o de tu ciudad de 10 u 11 o 15 minutos, te capturan y te marcan, y tienes un policía detrás de ti."
"TENEMOS QUE EMPEZAR A NEGARNOS SI QUEREMOS EVITAR QUE CONTROLEN"
Entretanto, prosiguen los incendios forestales intencionados -esos que la propaganda para dessustanciados atribuye al cambio climático- que destruyen el modo de vida agrícola, despojando a la gente de su sustento, expropiándole sus tierras y empujándola a hacinarse en las ciudades que pronto estarán divididas en sectores de 15 minutos de posible desplazamiento.
Rizando el rizo de la medicina basura y de la cultura basura, han juntado el ambiente de Halloween, una festividad de trasfondo satánico, con las inoculaciones. Es repugnante ver como manipulan a la cría del vídeo, desplegando ante ella fantasías disneyanas que ocultan que en lo que la están convirtiendo no es en princesa, sino si acaso en la novia cadáver de Tim Burton, impidiendo el desarrollo natural de su sistema inmune y abocándola a depender en el futuro de las farmacéuticas para todo lo referente a su salud. ¿En qué diablos piensa una madre que se presta a esto?
El nivel de falsedad y manipulación a que recurrieron los muñidores de la estafa Covid excede la imaginación del más fantasioso. ¿Qué no había forma de documentar un inexistente colapso de los hospitales? Se recurre a maniquíes y santas pascuas.
El mayor ataque a la humanidad. La gente que acudía a un hospital era asesinada; tratada con medicamentos experimentales como remdesivir, enchufados a respiradores que quemaban sus pulmones, aislados sin sus familiares y muriendo finalmente solos. Algunos ni alimentados ni hidratados durante su estancia hospitalaria. Y de premio una llamada "vacuna" también experimental que a día de hoy sigue matando. Los testimonios de esta atrocidad son un clamor.
Corren tiempos difíciles para los pijo-progres. Parece que, por fin, se les desmorona el castillo de naipes que tan laboriosamente construyeron con la inestimable ayuda del todopoderoso aparato de propaganda del estado.
Íñigo Errejón, portavoz del grupo parlamentario Sumar, ha presentado su dimisión renunciando a su escaño en el congreso al verse involucrado en un varios casos de "acoso" y "violencia machista".
Resulta paradójico que el motivo para la renuncia de Errejón no sea el reconocimiento de su nula aportación como parásito institucional absolutamente nocivo para esta sociedad sino las declaraciones de una presunta desequilibrada que le acusa de machismo por no cumplir sus expectativas paranoide-feministas.
El señor Errejón ha sido uno de los políticos que más ha demonizado a los hombres acusándonos de ser asesinos y violadores en potencia señalando al sexo masculino como causante de todos los males del sexo opuesto y asegurando que las denuncias falsas por violencia de género son pura invención.
Una vez más la parábola del "cazador cazado" nos sirve para ilustrar este singular acontecimiento que, a buen seguro, no será un simple hecho aislado, pues, como he dicho al principio, corren tiempos difíciles para los cachorros del universo woke (un conocido periodista y tertuliano de la Sexta podría ser el próximo, me ha dicho un pajarito).
Uno de los rasgos más comunes entre los miembros de esta secta izquierdista es la supuesta superioridad moral en la que se escudan para señalar al resto creyéndose por encima del común de los mortales por defender una ideología que es pura ingeniería social como todas las demás, pero que ellos consideran ingenuamente diferente.
La cultura woke se desmorona y con ella sus valedores que irán cayendo uno tras otro como fichas de dominó pues sus jefes han decidido que son prescindibles. Quien a hierro mata a hierro muere. Íñigo Errejón ya es historia, un cadáver político al que nadie llorará ni extrañará. ¿Quién será el siguiente? Esto no ha hecho más que empezar.
“Lo que hace posible que un totalitarismo o cualquier otra dictadura pueda gobernar es que la gente no está informada; ¿cómo se puede tener una opinión si no se está informado? Si todo el mundo te miente siempre, la consecuencia no es que creas en las mentiras, sino que ya nadie cree en nada … Y un pueblo que ya no puede creer en nada no puede decidirse. Está privado no sólo de su capacidad de actuar, sino también de su capacidad de pensar y de juzgar. Y con un pueblo así se puede hacer lo que se quiera”.
Hannah Arendt
En un ejemplo perfecto de la mentalidad del Estado niñera en acción, Hillary Clinton insiste en que los que están en el poder necesitan un “control total” para hacer de Internet un lugar más seguro para los usuarios y protegernos del daño.
Clinton no es la única que detesta la libertad de expresión no regulada en Internet.
Un coro bipartidista que incluye a los candidatos presidenciales Kamala Harris y Donald Trump ha clamado durante mucho tiempo por debilitar o eliminar la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que esencialmente actúa como un baluarte contra la censura en línea.
Es una cuestión legal complicada que involucra debates sobre inmunidad, responsabilidad, neutralidad de la red y si los sitios de Internet son o no editores con responsabilidad editorial por el contenido publicado en sus sitios, pero en realidad, todo se reduce a un tira y afloja sobre dónde comienza la censura (corporativa y gubernamental) y termina la libertad de expresión .
“Tanto los ataques de derecha como los de izquierda a esta disposición tienen en común la voluntad de utilizar cualquier excusa que tenga eco (salvar a los niños, acabar con los prejuicios, prevenir el terrorismo, la misoginia y la intolerancia religiosa) para garantizar un control más centralizado de la libertad de expresión en Internet . Pueden expresarlas en términos partidistas que les gusten a sus respectivas bases, pero su objetivo es esencialmente el mismo”.
En otras palabras, el gobierno utilizará cualquier excusa para suprimir el disenso y controlar la narrativa.
Internet bien puede ser la última frontera donde aún florece la libertad de expresión, especialmente en lo que respecta al discurso políticamente incorrecto y la desinformación, que ponen a prueba los límites de nuestro llamado compromiso igualitario con los principios amplios de la Primera Enmienda.
En Internet abundan las falsedades y las mentiras, predominan la confusión y la desinformación y las teorías conspirativas se vuelven virales.
Esto es de esperarse y la respuesta debería ser más diálogo, no menos.
“Si hay tiempo para exponer mediante el debate las falsedades y falacias, para evitar el mal mediante procesos de educación, el remedio que debe aplicarse es más discurso, no silencio forzado”.
Sin embargo, para el gobierno, estas formas de “desinformación” están a la altura del terrorismo, las drogas, la violencia y las enfermedades: males sociales tan amenazantes que “nosotros, el pueblo” deberíamos estar dispuestos a renunciar a un poco de nuestras libertades en aras de la seguridad nacional.
Por supuesto, nunca funciona así.
La guerra contra el terrorismo, la guerra contra las drogas, la guerra contra la inmigración ilegal, la guerra contra el COVID-19: todos estos programas comenzaron como respuestas legítimas a preocupaciones apremiantes para luego convertirse en armas de cumplimiento y control en manos del gobierno.
De hecho, frente a los intentos autoritarios de acaparar el poder, los encubrimientos y las conspiraciones del propio gobierno, una Internet relativamente libre de trabas puede ser nuestra única esperanza de decir la verdad al poder.
El derecho a criticar al gobierno y denunciar sus irregularidades es la libertad por excelencia.
Ya ves, la desinformación no es el problema, sino los encubrimientos y la censura del gobierno.
Lamentablemente, el gobierno se ha vuelto cada vez más intolerante con las expresiones que cuestionan su poder, revelan su corrupción, exponen sus mentiras y alientan a la ciudadanía a oponerse a las numerosas injusticias del gobierno. Todos los días, en este país, quienes se atreven a decir su verdad a los que están en el poder se encuentran censurados, silenciados o despedidos.
Si bien hoy se aplican todo tipo de etiquetas al discurso considerado “inaceptable”, el verdadero mensaje que transmiten los que están en el poder es que los estadounidenses no tienen derecho a expresarse si lo que dicen es impopular, controvertido o está en desacuerdo con lo que el gobierno determina como aceptable.
El problema surge cuando se pone el poder de determinar quién es un peligro potencial en manos de las agencias gubernamentales, los tribunales y la policía.
Recuerde, este es el mismo gobierno que utiliza las palabras “antigubernamental”, “extremista” y “terrorista” indistintamente .
Este es el mismo gobierno cuyos agentes están tejiendo una pegajosa red de evaluaciones de amenazas , advertencias de detección de comportamiento, “palabras” marcadas e informes de actividades “sospechosas” utilizando ojos y oídos automatizados, redes sociales, software de detección de comportamiento y espías ciudadanos para identificar amenazas potenciales .
Este es el mismo gobierno que sigue renovando la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), que permite a los militares detener a ciudadanos estadounidenses sin acceso a amigos, familiares o los tribunales si el gobierno cree que son una amenaza.
Este es el mismo gobierno que tiene una lista creciente (compartida con centros de fusión y agencias de aplicación de la ley) de ideologías, comportamientos, afiliaciones y otras características que podrían marcar a alguien como sospechoso y resultar en que sea etiquetado como enemigo potencial del estado.
Por ejemplo, si usted cree y ejerce sus derechos bajo la Constitución (es decir, su derecho a hablar libremente, a practicar su culto libremente, a asociarse con personas que piensan como usted y comparten sus opiniones políticas, a criticar al gobierno, a poseer un arma, a exigir una orden judicial antes de ser interrogado o registrado, o cualquier otra actividad considerada como potencialmente antigubernamental, racista, intolerante, anárquica o soberana), usted podría estar en la parte superior de la lista de vigilancia terrorista del gobierno .
Así, por más bien intencionadas que los políticos hagan parecer estas intrusiones en nuestros derechos, en las manos adecuadas (o inadecuadas) los planes benévolos pueden fácilmente convertirse en propósitos malévolos.
Incluso las leyes o programas gubernamentales mejor intencionados pueden ser (y han sido) pervertidos, corrompidos y utilizados para promover propósitos ilegítimos cuando se suman a la ecuación el lucro y el poder. Por ejemplo, las mismas tecnologías de vigilancia masiva que supuestamente eran tan necesarias para combatir la propagación del Covid ahora se están utilizando para reprimir la disidencia, perseguir a activistas , acosar a comunidades marginadas y vincular la información sanitaria de las personas a otras herramientas de vigilancia y aplicación de la ley.
Nos estamos moviendo rápidamente por esa pendiente resbaladiza hacia una sociedad autoritaria en la que las únicas opiniones, ideas y discursos expresados son los permitidos por el gobierno y sus cohortes corporativas.
La siguiente fase de la guerra del gobierno contra el discurso antigubernamental y los llamados crímenes de pensamiento bien podría ser la realización de redadas por problemas de salud mental y detenciones involuntarias.
Con el pretexto de la salud y la seguridad públicas, el gobierno podría usar la atención de salud mental como pretexto para perseguir y encarcelar a disidentes, activistas y cualquier persona que tenga la mala suerte de ser incluida en una lista de vigilancia del gobierno.
Así es como empieza.
En comunidades de todo el país, la policía ya está facultada para detener por la fuerza a personas que cree que podrían padecer enfermedades mentales, basándose únicamente en su propio criterio, incluso si esas personas no representan ningún peligro para los demás.
En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, usted podría encontrarse hospitalizado a la fuerza por sospecha de enfermedad mental si tiene “creencias firmemente arraigadas que no son congruentes con las ideas culturales”, muestra una “voluntad de participar en discusiones significativas”, tiene “miedos excesivos a estímulos específicos” o se niega a “recomendaciones de tratamiento voluntarias”.
Si bien estos programas aparentemente tienen como objetivo sacar a las personas sin hogar de las calles, cuando se combinan con avances en tecnologías de vigilancia masiva, programas impulsados por inteligencia artificial que pueden rastrear a las personas por sus datos biométricos y comportamiento, datos de sensores de salud mental (rastreados por datos portátiles y monitoreados por agencias gubernamentales como HARPA), evaluaciones de amenazas, advertencias de detección de comportamiento, iniciativas de predelincuencia, leyes de armas de bandera roja y programas de primeros auxilios de salud mental destinados a capacitar a los guardianes para identificar quién podría representar una amenaza para la seguridad pública, bien podrían señalar un punto de inflexión en los esfuerzos del gobierno para penalizar a quienes participan en los llamados "delitos de pensamiento".
Como informa Associated Press, los funcionarios federales ya están estudiando cómo agregar “' datos identificables de pacientes', como información sobre salud mental, uso de sustancias y salud conductual de hogares grupales, refugios, cárceles, centros de desintoxicación y escuelas”, a su conjunto de herramientas de vigilancia.
No nos equivoquemos: estos son los elementos básicos para construir un gulag estadounidense no menos siniestro que los gulags de la Unión Soviética durante la Guerra Fría.
La palabra “gulag” se refiere a un campo de trabajo o de concentración donde los prisioneros (a menudo prisioneros políticos o los llamados “enemigos del Estado”, reales o imaginarios) eran encarcelados como castigo por sus crímenes contra el Estado.
El gulag, según la historiadora Anne Applebaum, utilizado como una forma de “exilio administrativo, que no requería juicio ni procedimiento de sentencia, era un castigo ideal no sólo para los alborotadores como tales, sino también para los opositores políticos del régimen ”.
Esta antigua práctica mediante la cual los regímenes despóticos eliminan a sus críticos o adversarios potenciales haciéndolos desaparecer -u obligándolos a huir- o exiliándolos literal, figurativa o virtualmente de sus conciudadanos está ocurriendo cada vez con mayor frecuencia en Estados Unidos.
Ahora, a través del uso de leyes de bandera roja, evaluaciones de amenazas conductuales y programas de prevención policial previa al delito se están sentando las bases que permitirían al gobierno utilizar la etiqueta de enfermedad mental como un medio para exiliar a aquellos denunciantes, disidentes y luchadores por la libertad que se niegan a marchar al unísono con sus dictados.
Cada estado tiene su propio conjunto de leyes de internamiento civil o involuntario. Estas leyes son extensiones de dos principios legales: parens patriae Parens patriae (del latín “padre de la patria”), que permite al gobierno intervenir en nombre de los ciudadanos que no pueden actuar en su propio interés, y el poder policial, que requiere que un estado proteja los intereses de sus ciudadanos.
La fusión de estos dos principios, junto con un cambio hacia un estándar de peligrosidad, ha dado lugar a una mentalidad de Estado niñera llevada a cabo con la fuerza militante del Estado policial.
El problema, por supuesto, es que el diagnóstico de enfermedad mental, si bien es una preocupación legítima para algunos estadounidenses, con el tiempo se ha convertido en un medio conveniente por el cual el gobierno y sus socios corporativos pueden penalizar ciertas conductas sociales “inaceptables”.
De hecho, en los últimos años hemos sido testigos de la patologización de individuos que se resisten a la autoridad como si padecieran trastorno negativista desafiante (TND), definido como “un patrón de comportamiento desobediente, hostil y desafiante hacia las figuras de autoridad”.
Según esa definición, todo activista destacado a lo largo de nuestra historia -desde Mahatma Gandhi hasta Martin Luther King Jr. y John Lennon- podría ser clasificado como alguien que sufre un trastorno mental TND.
Por supuesto, todo esto es parte de una tendencia más amplia en el gobierno estadounidense según la cual el disenso es criminalizado y patologizado, y los disidentes son censurados, silenciados, declarados no aptos para la sociedad, etiquetados como peligrosos o extremistas, o convertidos en parias y exiliados.
Como explico claramente en mi libro Battlefield America: The War on the American People y en su contraparte ficticia The Erik Blair Diaries, así es como se somete a un pueblo.
El silencio que sigue ante la tiranía, el terror, la brutalidad y la injusticia patrocinadas por el gobierno es ensordecedor.
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