EL PACTO VERDE EUROPEO HA FRACASADO

En 2019, Ursula von der Leyen anunció el Pacto Verde Europeo, un plan para alcanzar la neutralidad en carbono para 2050, transformando la economía europea. Cinco años después, la iniciativa se tambalea, dejando al descubierto las debilidades estructurales de la UE y su incapacidad para alinear las ambiciones medioambientales con las realidades económicas, democráticas y geopolíticas. Ha surgido una fuerte oposición por parte de los agricultores, las industrias, los ciudadanos y determinados partidos, incluido el propio Partido Popular Europeo de Von der Leyen.

Las elecciones europeas de 2024 registraron un auge de la derecha crítica con la agenda verde, lo que llevó a la Comisión a retirarse discretamente de algunas disposiciones clave del Pacto. Entre los recientes retrocesos figuran la suavización de las normas sobre seguridad del suelo y de los productos químicos, la reasignación de los fondos climáticos al gasto militar, el debilitamiento de las medidas en materia de biodiversidad y la dilución de los objetivos de emisiones para 2040 con lagunas como la compra de créditos de carbono. La «revolución» del Pacto Verde está en retroceso.

Culpar a los «negacionistas climáticos» de extrema derecha o al lobby empresarial es simplista y evade la cuestión. El Pacto Verde ha fracasado económica, ecológica y políticamente. A pesar de gastar 680.000 millones entre 2021 y 2027, las emisiones aumentaron a finales de 2024, y las reducciones a largo plazo están más ligadas al estancamiento económico, los confinamientos por la pandemia y la guerra de Ucrania que a las políticas ecológicas. Las consecuencias sociales y económicas han sido graves, ya que los hogares, los agricultores y las empresas han soportado el aumento de los costes energéticos, la inflación, los impuestos y las cargas reglamentarias, lo que ha alienado a la población y socavado la legitimidad de la UE.

El enfoque de la UE de impuestos punitivos y exceso de regulación contrasta con las políticas de Estados Unidos y China, que recurren a subvenciones e inversión pública. La austeridad, las rígidas normas fiscales y el ineficaz presupuesto común de la UE obstaculizan las inversiones transformadoras. Las estrictas normas sobre ayudas estatales y las leyes de competencia frenan la reindustrialización, lo que da lugar a una hiperregulación y a restricciones fiscales que no estimulan la innovación ni alivian la carga pública. La gobernanza fragmentada, la inercia burocrática y los tecnócratas no elegidos ralentizan y gestionan mal la ejecución de los fondos. La Energiewende alemana, un costoso cambio hacia la energía eólica y solar con la eliminación gradual de la energía nuclear, es un ejemplo de ello. Entre 2002 y 2022, Alemania gastó 800.000 millones, pero solo logró una reducción de las emisiones del 25%, muy por debajo del 73% que se podría haber conseguido a mitad de precio con la ampliación de la capacidad nuclear.

En la agricultura, las políticas que impulsan la reducción del ganado y las emisiones han provocado protestas, favoreciendo a las grandes empresas agrícolas en detrimento de las pequeñas explotaciones, lo que perjudica a las comunidades rurales y a la ecología. La base industrial de la UE se enfrenta a problemas similares, con regulaciones que reducen la competitividad y fomentan las importaciones de productos más baratos y con alto contenido de carbono, externalizando las emisiones. Tras la invasión de Ucrania, el cambio de la UE del gas ruso al GNL de Estados Unidos y Qatar, más caro y contaminante, aumentó los costes para los consumidores, debilitó la industria y aumentó las emisiones globales. La ambición de la UE existe sobre el papel, pero carece de las herramientas económicas y políticas para una aplicación coherente, democrática y justa. La centralización agrava la reacción negativa; se necesita un enfoque descentralizado y pragmático, pero la estructura de la UE sigue siendo el mayor obstáculo.

Thomas Faci
(https://www.compactmag.com/; visto en https://t.me/cienclim/)