NO ES VERDAD

Ante la tragedia de Valencia, que ha causado centenares de víctimas, el gobierno de Sánchez intenta engañar a la población con la complicidad de los medios. La situación causa estupor. En efecto, el relato oficial es que el gobierno nacional no podía hacer nada que no le pidiera previamente el gobierno autonómico valenciano.

No es verdad.

Sánchez pudo haber activado desde el minuto uno el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM) que define el protocolo de actuación ante emergencias de interés nacional, definidas por la ley 17/2015 bajo tres supuestos: cuando exista un estado de alarma, excepción y sitio, cuando las emergencias afecten a varias Comunidades Autónomas, o cuando, «por sus dimensiones efectivas o previsibles, [las emergencias] requieran una dirección de carácter nacional» (art. 28) aunque afecten sólo a una Comunidad Autónoma. Evidentemente, este último supuesto es el aplicable a la mayor catástrofe natural de nuestra historia reciente.

Pues bien, esa misma Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, deja claro que la declaración de emergencia de interés nacional corresponderá al ministro del Interior, «bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los delegados del gobierno en las mismas» (art. 29). Es decir, que el gobierno nacional perfectamente pudo haber declarado motu proprio una emergencia de interés nacional y haber puesto en marcha el Plan de Emergencias, él solito. ¿Por qué no lo hizo?

Sólo encuentro una explicación: quizá creyó que era mejor que la responsabilidad de gestionar (mal) semejante catástrofe recayera en un gobierno regional que estaba en manos de la oposición. Siempre podría acudir al rescate más tarde, convirtiéndose en salvador de la situación, como quizá anuncie hoy. De ser así, en vez de intentar salvar vidas, el gobierno de Sánchez presuntamente habría decido abandonar durante días a su suerte a poblaciones enteras por priorizar el criterio político de dejar que el presidente valenciano del PP se cociera en su propia salsa de presunción e incompetencia. ¿Pero qué conciencia tiene este gobierno, más centrado en realizar cálculos electorales que en ayudar a las víctimas de una catástrofe? «Si quieren ayuda, que la pidan». ¿De verdad?

Sea cual fuera la razón, el gobierno incumplió no sólo un evidente deber moral, sino posiblemente también la ley, al incurrir en una omisión de socorro y vulnerar derechos de los ciudadanos. En efecto, existe «el derecho a la protección en caso de catástrofe», por el que «todos los residentes en territorio español tienen derecho a ser atendidos por las Administraciones públicas en caso de catástrofe» (art.5). Los españoles también tienen «el derecho a ser informados adecuadamente por los poderes públicos acerca de los riesgos colectivos importantes que les afecten, las medidas previstas y adoptadas para hacerles frente, y las conductas que deban seguir para prevenirlos. Dichas informaciones habrán de proporcionarse tanto en caso de emergencia como, preventivamente, antes de que las situaciones de peligro lleguen a estar presentes» (art.6). A estos efectos, ¿qué hizo el gobierno valenciano, salvo verse sobrepasado por los acontecimientos, sin recursos ni capacidad de gestión? ¿Y qué hizo el gobierno nacional ante la incapacidad del gobierno valenciano, con la que contaba? ¿Ayudar a los ciudadanos o intentar obtener rédito político?

Para más inri, ahora el gobierno utiliza políticamente como escudo deflector al Ejército, la institución más valorada en España, instrumentalizando a un militar de prestigio como es el responsable de la UME para defender lo indefendible y transformar lo bochornoso en impecable.

Si Sánchez hubiera cumplido con su deber declarando una emergencia de interés nacional se habría activado el Plan de Emergencias, cuya dirección recae en el Ministerio del Interior «en todas sus fases y situaciones operativas» (5.1.1). Así, en vez del caos absoluto que hemos sufrido, se habría creado un mando unificado en el Comité de Coordinación, compuesto por la Secretaría de Estado de Seguridad, la Guardia Civil, la Policía, la DGT, el Departamento de Seguridad Nacional, el Ministerio de Defensa, la AEMET y un representante de la Comunidad Autónoma afectada (en este caso, Valencia).

Este Comité apoyaría la Dirección Operativa de Emergencia, que recaería en el general en jefe de la UME, encargada «del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones sobre el terreno, de la asignación de misiones, del establecimiento de las prioridades operativas y de la designación de la jefatura del Mando Operativo Integrado» (5.1.3.1). También sería responsable «de recabar la intervención de otras capacidades de las Fuerzas Armadas».

Por mucho tiempo que pase, esta despedida resona-
rá en todo aquel que no hay perdido su humanidad

La estructura incluiría dicho Mando Operativo, Puestos de Mando Avanzados, Grupos de Acción, Centros de Logística y Centros de Atención Ciudadana, cuya labor sería «confeccionar los listados de personas afectadas, distribuir alimentos y enseres, facilitar lugares de albergue y abastecimiento de productos esenciales y prestar apoyo psicológico» (5.2.5). ¿Dónde está todo esto?

Lógicamente, además de Protección Civil y más allá de la UME, el Ejército es la institución más preparada para afrontar una emergencia así. Pues bien, en la provincia de Valencia tienen su sede, entre otros, el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (que incluye el Despliegue Rápido de la OTAN), cinco Regimientos y un Batallón de Helicópteros de Emergencia. En Alicante está además el Mando de Operaciones Especiales, y en la vecina Murcia un Regimiento de Infantería. ¿Cuántos miles de soldados suman estas unidades? Todas ellas pudieron desplegarse muy rápidamente requiriendo necesidades logísticas menores, pero el gobierno no quiso dar la orden. Recuerden que con el huracán Katrina EEUU ya tenía 10.000 hombres de la Guardia Nacional en alerta antes de su llegada en previsión de la catástrofe; llegarían a desplegarse un total de 61.000 soldados en los siguientes días. En España, durante la riada de Bilbao de 1983 (mucho menos grave y con la décima parte de muertos), en 48h había 2.000 militares desplegados, 200 vehículos y 50 máquinas pesadas, y en 72h, se encontraban sobre el terreno 10.000 soldados.

La Policía y la Guardia Civil y muchos parques de bomberos (que sí fueron activados por este gobierno para ayudar en el terremoto de Marruecos) estaban deseando recibir la orden de acudir a ayudar a sus conciudadanos, pero el gobierno tardó cinco días en hacerlo tras rechazar el ofrecimiento del gobierno francés de enviar 200 bomberos. Al parecer, algunos de ellos fueron voluntariamente para encontrarse que, tres días después de la catástrofe, eran la primera ayuda en llegar.



Hubo empresarios que pusieron a disposición de las autoridades potentes medios materiales y recibieron el silencio por respuesta. ¿Cuántas víctimas ha causado la negligencia de este gobierno? ¿Cuántos heridos, cuántas personas atrapadas han muerto durante estos días completamente abandonadas sin que nadie acudiera a rescatarlas? ¿Cuánta desesperación, cuánta soledad, cuánto sufrimiento de poblaciones enteras dejadas a su suerte? Y para añadir insulto al dolor, nos ocultan con total opacidad el número de desaparecidos.

En España el hedor de la política y de los medios de comunicación empieza a resultar insoportable. Respecto de estos últimos, vean un ejemplo. Tras la tensísima visita de los reyes y de Sánchez a Valencia, los medios omitieron la presencia de Sánchez (fugaz, pues el cobarde huyó de inmediato) y dieron a entender que el objetivo de la ira de los vecinos habían sido los reyes, que sí afrontaron la situación con valor. Las opiniones de los vecinos eran censuradas si incluían críticas al gobierno. Más tarde los medios cambiaron el relato y, a pesar de las elocuentes imágenes, la nueva consigna fue que los autores habían sido un supuesto grupo organizado de neonazis (a pesar de que el lugar concreto de la visita no había sido previamente anunciado).

Pero no quiero dejar de rendir homenaje a los que verdaderamente importan: a los ciudadanos corrientes. En primer lugar, a las víctimas mortales, a sus desconsolados familiares y a quienes lo han perdido todo, y, en segundo lugar, a los miles de voluntarios de toda España, particularmente jóvenes, capaces de llegar adonde no llegaba el Estado, completamente ausente, y que convirtieron la solidaridad en algo más que una palabra.

Si no se exigen responsabilidades políticas y penales a los presuntos responsables de una negligencia tan extraordinariamente grave, ¿en qué nos habremos convertido? En un Estado fallido donde el gobierno puede actuar al margen de la ley con total impunidad y donde la ciudadanía acepta mansamente que unos tiranos completamente indiferentes al sufrimiento ajeno le pisoteen sus derechos, una y otra vez.

Fernando del Pino Calvo-Sotelo
(https://www.fpcs.es/)

P.D.: Lo sucedido en el Levante con el abandono del Estado a las víctimas demuestra que tampoco es verdad lo que pregona la última campaña del Ministerio de Hacienda, por lo que procedo a compartir lo que en realidad pretende ocultar: