Históricamente, códigos como el Código de Núremberg se crearon precisamente para evitar que la profesión médica se convirtiera en un brazo ejecutor del Estado.
El médico tiene el deber ético de anteponer la autonomía del paciente y el principio de no causar daño a cualquier mandato administrativo o político que sea perjudicial o irracional.
En esencia, la medicina no es una técnica de obediencia, sino un ejercicio de discernimiento ético constante.
Los principios que forman la base de la profesión médica moderna están establecidos en los principales códigos internacionales de ética, como el Asociación Médica Mundial (WMA)
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Resolver los desacuerdos con respeto es fundamental dentro de los equipos de atención médica para garantizar una atención segura y centrada en el paciente.
Ejercer la medicina con prudencia, habilidad y cuidado requiere un desarrollo profesional continuo.
Los médicos que no se someten a intereses externos protegen la profesión, actuando como defensores de la salud del paciente por encima de todas las demás responsabilidades.
Este marco ético actúa como escudo contra el autoritarismo, garantizando que el médico sea siempre un aliado del paciente y nunca un mero ejecutor de políticas que puedan comprometer la integridad humana.
Una de las tensiones éticas más profundas de la historia reciente de la medicina ha sido el conflicto entre las políticas de salud pública a gran escala y la autonomía clínica individual.
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En España, el Consejo General de Asociaciones Médicas Oficiales (CGCOM) y algunas asociaciones médicas abrieron procedimientos disciplinarios contra profesionales que cuestionaron públicamente el uso de mascarillas o la seguridad de las “vacunas” contra la COVID-19, para las cuales no existían datos de seguridad a medio ni a largo plazo y cuya eficacia, lejos de ser duradera como se anunció inicialmente, requería dosis de refuerzo constantes cada pocos meses.
Las autoridades justificaron estas sanciones contra médicos que sometían la ciencia a la falsabilidad bajo el pretexto de combatir la desinformación. Por lo tanto, para muchos médicos, esto fue percibido como un intento de silenciar el debate científico y socavar el juicio independiente necesario para la medicina personalizada.
En países como España, el Tribunal Constitucional terminó declarando inconstitucionales partes clave de los estados de alarma, reforzando el argumento de que estas medidas carecían de una base jurídica sólida, a pesar de haber sido defendidas sin crítica por las asociaciones médicas.
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Este periodo ha tensado la relación entre las asociaciones médicas y algunos de sus miembros, reabriendo el debate sobre si estas instituciones deben ser garantes de la libertad médica o meros instrumentos de la administración pública.
Casos específicos y dramáticos como el del Dr. Ángel Ruiz-Valdepeñas, con la severidad de su sanción -una inhabilitación de seis años y una multa de 11.666 € (que, sumada a otras multas, podría haber alcanzado cantidades mayores)- son un claro ejemplo de la persecución de la disidencia, incluso fuera del ámbito estrictamente clínico.
La cronología y el origen de las sanciones contra el Dr. Ángel Ruiz Valdepeñas están estrechamente vinculados a su participación en reuniones públicas, concretamente a la celebrada en agosto de 2020 en la Plaza de Colón (Madrid).
En septiembre de 2025, un juzgado de Palma redujo de tres años a uno una suspensión distinta impuesta por el Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-Salut) por hechos relacionados, si bien la sanción del Colegio de 2021 mantuvo su validez general de seis años en los registros profesionales.
La sanción no se basó en una mala praxis con un paciente específico, sino en sus declaraciones públicas. Esto contradice directamente la idea de que los médicos son ciudadanos con plenos derechos civiles y que su criterio independiente debe protegerse incluso cuando contradice la versión oficial.
Al imponer castigos tan desproporcionados, el Colegio Médico dejó de ser un escudo y se convirtió en un instrumento de castigo estatal, lo que confirma el argumento de que muchas instituciones actuaron como ejecutoras de medidas autoritarias durante la crisis.
Es fundamental no minimizar estos hechos, ya que el uso de la inhabilitación profesional como herramienta para silenciar la disidencia constituye una de las violaciones más graves de la autonomía. Cuando la supervivencia económica y profesional de una persona se ve comprometida por sus creencias, la obediencia deja de ser una opción y se convierte en una imposición coercitiva.
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Esta autocensura es sintomática de una profesión sometida a coacción. Cuando el temor a perder el sustento o la licencia supera la libertad de criterio, el médico deja de ser un profesional autónomo y se convierte en un técnico dócil.
Esta manipulación mediante castigos ejemplares (como en el caso del Dr. Ruiz-Valdepeñas) rompe el contrato social de la medicina: el paciente ya no puede estar seguro de si su médico le ofrece una opinión sincera basada en la ciencia y la conciencia, o si simplemente repite el protocolo oficial para evitar represalias.
Y este no es un hecho aislado, sino la manifestación de una patología institucional que se ha diseccionado desde las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Nos hallamos ante una ortodoxia tecnocrática que, bajo el palio de la “evidencia científica”, ha mutado el colegio profesional -que debía ser garante de la ética- en un tribunal de la inquisición ideológica.
Hemos analizado el caso del Dr. Ängel Ruiz Valdepeñas, pero hay más, de los casos, la Dra Martínez Albarracín, el Dr. Juanjo Martínez, el Dr. Koldo Aso, la emblemática Nadiya Popel. Por todo ello debemos aplicar una lente que trascienda lo administrativo.
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El uso del código deontológico para perseguir opiniones emitidas en el ágora pública -fuera de la consulta clínica- revela una pretensión de dominio total sobre la conciencia del individuo. Cuando el Colegio de Baleares sanciona a Ruiz Valdepeñas por leer un manifiesto ajeno en una plaza de Madrid, no está protegiendo la salud pública; está reclamando la propiedad de su voz las veinticuatro horas del día. Es la abolición del ciudadano en favor del súbdito corporativo.
Dra. María José Martínez Albarracín (Murcia)
El Colegio de Médicos de Murcia intentó abrirle un expediente por sus declaraciones públicas sobre el virus y las vacunas.
La doctora se había dedo baja de la colegiación antes de que el proceso disciplinario interno pudiera concluir.
El Colegio de médicos elevó el caso a la Fiscalía. Sin embargo, la investigación fue archivada al no apreciarse indicios de delito en sus intervenciones, quedando el asunto fuera del ámbito penal.
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Koldo Aso, un profesional admirable y un mé- dico valiente al que no pudieron silenciar. |
El caso de los doctores Juanjo Martínez y Koldo Aso es paradigmático de la resistencia del Derecho frente al arbitrio. Fueron expedientados y sancionados por su colegio de médicos (en el ámbito del País Vasco/Vizcaya). Tras un largo recorrido judicial, el Tribunal Supremo terminó dándoles la razón. La sentencia del Tribunal Supremo que les dio la razón supone un dique de contención contra el autoritarismo sanitario. El tribunal recordó algo que la soberbia colegial pretendió olvidar: que un médico no pierde sus derechos fundamentales por poseer un título. La justicia detectó que la sanción no buscaba corregir una mala praxis, sino extirpar la disidencia.
Lo que el Tribunal Supremo dictaminó no es solo una victoria procesal, sino una enmienda a la totalidad contra la soberbia del consenso.
Al desautorizar la sanción, el Alto Tribunal ha recordado una premisa filosófica fundamental que el corporativismo médico pretendió sepultar: el consenso no es sinónimo de verdad científica, sino simplemente de un acuerdo temporal y, a menudo, político-administrativo.
El consenso como herramienta de poder
La falacia que se intentó imponer es la de la ciencia por decreto. En esta arquitectura del control, el “consenso” actúa como una aduana del pensamiento:
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Karl Popper sostenía que un enunciado solo puede ser con- siderado científico cuando podemos establecer claramente bajo qué condiciones podríamos probar su falsedad. En consecuencia, toda afirmación que pretendamos válida debe ser sometida a crítica rigurosa, y toda "verdad" científica es, necesariamente, provisional. |
Thomas Kuhn por su parte presentó “Lógica del descubrimiento o psicología de la investigación”, donde criticaba el falsacionismo de Popper por no ajustarse a la realidad histórica de la “ciencia normal”. Popper defendió que el científico debe mantener siempre una actitud crítica y estar dispuesto a abandonar sus teorías si son falsadas. Criticó la idea de Kuhn de la “ciencia normal” (donde los científicos no cuestionan el paradigma vigente), calificándola como una actividad dogmática y peligrosa para el progreso científico.
Popper dio en el clavo al advertir sobre el peligro del científico “normal”. Para Popper, este es alguien a quien se le ha enseñado mal, alguien que acepta un dogma sin cuestionarlo. En el contexto actual, los Colegios de Médicos han actuado como los guardianes de ese dogmatismo kuhniano:
- Han decretado que el “paradigma” (las medidas oficiales) es incuestionable.
- Han tratado cualquier anomalía o crítica no como un motor de progreso, sino como si se tratara de una patología social que debe ser extirpada.
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Los promotores del dogma "Covid" nunca sometieron sus afirmaciones a análisis ninguno, como si estuvie- ran proclamando una nueva -y tortuosa- religión |
Para Popper, la ciencia solo avanza si intentamos demostrar que estamos equivocados. Sin embargo, en los expedientes sancionadores como el de Ruiz Valdepeñas o el mío propio, el intento de falsar la versión oficial se castigó como una falta deontológica. Se invirtió la lógica científica: la duda, que es el motor del conocimiento, se transformó en “negacionismo” o “desinformación”.
(https://nataliaprego.substack.com/)
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